PREMIADOS CON INCENTIVOS DE CINE
Para algunos empresarios, lanzarse a la producción cinematográfica en Puerto Rico es un negocio muy lucrativo, gracias a los incentivos contributivos que da el Estado.
El asunto es sencillo. Primero se busca quién invierta unos cuantos millones de dólares para una producción; luego se va a la cacería de alguna película que pulule en el circuito de Hollywood y que tenga en su reparto alguien que provoque seducción ante el lente de la cámara de algún funcionario público.
Con eso en mano, un sórdido empresario, cualquiera, va directo a la pesca de un crédito tributario para subsidiar al menos la mitad de sus costos de producción, y en ocasiones, hasta mucho más. En ese acecho, también va al Departamento del Trabajo para agenciarse algo del botín de la Ley 52, que provee subsidio para el pago de empleos en producciones culturales.
Al final, en suma, el productor llega a financiar una buena tajada de su negocio, sino su totalidad.
En esa lógica, típica de quien enfila su olfato a estrategias del capitalismo salvaje, no imperan criterios de calidad sobre las piezas que se producen ni mucho menos un cálculo honesto de a cuánto ascendería el retorno de inversión que debería recibir el país luego de financiar proyectos privados. Mucho menos se percibe el compromiso de algunos de esos empresarios en revertir parte de esa inversión gubernamental para aportar al fortalecimiento de una industria de cine nacional. Muy pocos lo hacen.
Lo que parece suceder es que nuestro Gobierno, aun en su fragilidad económica, aporta al bolsillo de un selecto grupo de empresarios de la industria cinematográfica casi la totalidad de los gastos de sus proyectos a través de estímulos económicos. Sin dudas, un esquema perfecto para hacer dinero fácil y legal.
La discusión sobre este tema tomó protagonismo recientemente tras una noticia divulgada en exclusiva por Metro que develó algunos de los entuertos que hay tras bastidores en el mundillo del cine, donde se presenta el rol protagónico de un productor, Luis Ruiz Ruiz. Por el estilo descriptivo de la historia, podríamos modelar la figura de un jactancioso, petulante y malamañoso empresario.
Metro informó que el individuo se personó a La Fortaleza para exigirle a la gobernadora el pago de $25 millones para subsidiar una producción. La controversia se desató porque, según se reseñó, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, se opuso a otorgarle a una sola compañía la mitad del límite ordinario de fondos disponibles para el crédito cinematográfico, que son $50 millones.
Según la historia, la gobernadora se levantó de la mesa incómoda ante el reclamo del fatuo productor y se marchó, hecho que enfureció al peticionario, quien según los conocedores de esta industria se vale de conexiones políticas, derivada de aportaciones económicas proselitistas, para agenciarse casi todos los créditos otorgados para hacer cine.
Hizo bien la mandataria en retirarse de la mesa. También es correcta la posición del secretario Laboy al señalar que la subvención gubernamental para el cine debe ser diversificada y no puede controlarse exclusivamente por uno o varios productores.
Pero la controversia de Ruiz Ruiz no queda ahí. Información divulgada en otro periódico local señaló la existencia de investigaciones federales en su contra por asuntos relacionados con la obtención de millonarios créditos contributivos para producir cine.
Ante esas noticias, surgen interrogantes sobre la efectividad de los créditos de la Ley de Incentivos Fílmicos y hasta dónde producen un efecto positivo en la economía a corto, mediano y largo plazo.
Por lo que ha trascendido, las subvenciones que llegan a manos de Ruiz Ruiz se vierten en proyectos extranjeros que ni tan siquiera crean empleos permanentes porque, en muchos casos, importan el capital humano.
Son incentivos para subsidiar una industria de servicios, típica de la fórmula estadounidense de hacer cine. Y como han señalado expertos economistas, los subsidios en salarios y servicios no compensan la inversión que realiza el Estado. Es decir, es mal negocio para el Gobierno y bueno para los empresarios.
No hay dudas de que las noticias sobre las artimañas de Ruiz Ruiz afectan la industria cinematográfica local. Más aún, la sonada investigación del FBI tiene un impacto negativo que podría incidir sobre el trabajo de cientos y miles de hacedores profesionales de esta industria.
La solución, quizás, está en manejar esos incentivos gubernamentales con más controles y con énfasis en el desarrollo de una industria nacional de calibre mundial.
Los incentivos deben diversificarse. Hay que acabar con los accesos exclusivos de ciertos productores para encontrar en el Gobierno la fuente de financiación de sus negocios privados. A su vez, hay que establecer condiciones para incentivar más la producción de cine puertorriqueño e impulsar proyectos de infraestructura que conviertan a Puerto Rico en una plaza fílmica de calibre internacional.
A las producciones que llegan del exterior, debe imponerse un modelo que exija la contratación de un mínimo de profesionales destacados en dirección cinematográfica, guionistas y otros talentos que, más allá de los técnicos, puedan fortalecer la cinematografía nacional de cara al futuro como una industria cultural fuerte y vigorosa.