PNP: EL LADO OSCURO
¡Muy peligroso! Así es el giro que le ha dado el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) a lo que debe ser la transparencia gubernamental y la función de servir como facilitador, no como obstáculo al derecho del pueblo a estar informado.
Lo inició la administración de Ricardo Rosselló y lo implanta ahora la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Qué busca el Gobierno con esto? Hacer más difícil que el pueblo pueda conseguir información del Gobierno, lo que, a su vez, complica a la ciudadanía y la prensa saber interioridades de las operaciones gubernamentales. Son innumerables las ocasiones en que el pueblo se ha enterado de casos de corrupción, trucos, malas mañas y traqueteos del Gobierno, gracias a la labor de la prensa, e incluso de la ciudadanía.
Hace un tiempo, solicité una información por email a una agencia de gobierno. Me pidieron tiempo para recopilarla y, en un espacio razonable, me la adelantaron por email y, días después, me la hicieron llegar por correo postal.
¿Cómo sería ahora para solicitar? A grandes rasgos:
1- Tengo que llenar un formulario para solicitarla.
2- Informar mi nombre completo, mi dirección física, postal, correo electrónico, número de teléfono, mi título, y una certificación de que trabajo en representación de Notiuno, Metro o Jugando pelota dura.
3- Descripción detallada de la información que deseo, con detalles de la información requerida “que permitan encontrarla”.
4- Si la información que necesito es de un funcionario público o un contratista (su contrato, por ejemplo), “de ser posible”, tengo que describir el nombre completo, número de teléfono y dirección física de la persona para ver si esta autoriza a que se me entregue la información que necesito. Si la persona no quiere que yo me entere de la información, entonces tengo que explicar para qué quiero la información y con qué fines voy a usarla.
5- Lo envío a la dependencia gubernamental de donde quiero la información, ya sea en una oficina regional, central o por correo electrónico.
Ahora viene lo lindo, con el proceso de “evaluación” para que el Gobierno decida si me da la información o no. Veamos:
1- Si se envía por medio digital, se le asigna un número y se atienden por orden de recibidas.
2- Si la vía que tengo para entregarla es llevarla a la oficina de Mayagüez, por ejemplo, pues allí la reciben y de ahí tienen dos días para enviarla a San Juan.
3- En San Juan, la recibe un comité de tres personas, de las cuales, al menos uno debería ser abogado. Ese comité tiene 5 días para “evaluar”.
4- Esos “oficiales” del comité evaluarán si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Ley de “Transparencia”. Si consideran que no cumple, la devolverán al peticionario “orientándolo” cómo hacerlo, y no se dará por recibida. O sea, puede ser tan arbitrario que si el que la evalúa dice que, en la fecha de la solicitud, un “6” parece un “0”, eso confunde y necesitan aclarar, por lo que se la devuelven y usted tendría que, con toda probabilidad, iniciar el proceso desde cero.
5- Si se presentó cumpliendo los requisitos, entonces van a evaluar contactando al jefe de área donde está la información guardada. Este determinará si la información puede divulgarse.
6- Luego de eso, se enviará al jefe de la agencia de gobierno (secretario de Agricultura, de Obras Públicas, del Trabajo, o cualquier otro) una comunicación que recomiende entregar la información o no.
7- Al final, el Gobierno tendrá hasta más de un mes (hasta 25 días laborables, más los no laborables) para contestarle al ciudadano o periodista si le entrega la información.
La circular de la secretaria Dennise Longo Quiñones amenaza con tomar represalias (medidas) contra el que brinque un punto de los antes expuestos. Esto no es otra cosa que una intimidación contra cualquier funcionario que filtre alguna evidencia que pruebe un acto ilegal, de corrupción o traqueteo en el Gobierno.
Esta carta circular es una herramienta, una aliada para tratar de ocultar posibles actos de corrupción, para contener que el pueblo sepa las verdades, estableciendo un proceso innecesario, burocrático y tedioso que desaliente. Esta estrategia es aplicada por dos administraciones PNP en un mismo cuatrienio: Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced.
No deben reclamar cualquier libertad bajo los preceptos establecidos bajo la bandera americana, para luego comportarse exactamente igual, aunque de forma más sutil, que dictaduras caribeñas o sudamericanas, obstruyendo el acceso libre a la información gubernamental.
Es muy cínico llamar a esta Ley de “Transparencia”, cuando lo que hace es todo lo contrario: intentar mantener en la oscuridad y ciego al pueblo.
De hecho, lo más irónico es que el proyecto que obstaculiza la transparencia es de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, el mismo que está demandando a Justicia para que sea transparente con el informe del almacén de Ponce, porque Justicia quiere ocultarlo.
El presidente de la comisión que investiga el informe de dicho almacén es Gabriel Rodríguez Aguiló, y parte de los miembros son José Aponte, José “Memo” González, Urayoán Hernández y el propio Johnny Méndez. Todos votaron a favor de restringir la forma en que la prensa y la ciudadanía acceden a información pública. Hoy pataletean porque el Departamento de Justicia no es transparente con ellos y le niegan información. ¿Entienden ahora la importancia de que haya transparencia verdadera?
¿Por qué a través de Rosselló y Wanda Vázquez, quería y quiere el PNP mantener a oscuras al pueblo? ¡Juzgue usted!