Cámara aprueba proyecto de plebiscito
Ambas cámaras legislativas aprobaron ayer el proyecto para crear un nuevo Código Electoral, que llevaba en comité de conferencia desde noviembre del pasado año.
Al tratarse de un proyecto que se encontraba en comité de conferencia, no se realizó un debate sobre el proyecto ni en Cámara ni en Senado. La pieza se aprobó con los votos de la mayoría novoprogresista en ambos cuerpos.
La nueva versión de la medida mantuvo para las elecciones generales de este noviembre la implementación de la primera fase del plan piloto para utilizar el voto por internet, pese a que hace dos semanas el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, había indicado que dicho método se implementaría a partir de las elecciones generales de 2024.
En el artículo 9.38 del proyecto se indica que todos los electores descritos como elegibles al voto adelantado podrán ejercer su derecho a través de internet en 2020. La medida amplía a nueve las categorías de electores elegibles al voto adelantado.
No obstante, en el artículo 3.13 se precisa que el voto por internet, para el ciclo electoral presente, será “solamente para los electores elegibles para voto ausente, y también para los electores no videntes con otros impedimentos y aquellos con problemas evidentes de movilidad”.
“¿Cuál (disposición) va a prevalecer y que la CEE (Comisión Estatal de Elecciones) lo pueda reglamentar? Solo Dios sabe cómo lo van a hacer y con qué dinero a (ocho) meses de las elecciones. Realmente, es una locura”, dijo el representante independentista Denis Márquez.
El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, señaló que la medida abre la puerta al fraude al colocar en el elector la capacidad de manejar su récord electrónicamente, así como de emitir su voto por internet.
“Para entender el esquema de fraude electoral del Partido Nuevo Progresista, hay que analizar las personas que cualifican para solicitar el voto adelantado mediante un mecanismo flexible, sin la colaboración de la Comisión Estatal de Elecciones, porque cualifican los que entren a este mecanismo sin evaluación. Cuando se analiza todo el lenguaje, más del 70 % de la población de Puerto Rico cualifica”, dijo Hernández.
La pieza legislativa, asimismo, ordena a la CEE habilitar el voto por internet para 2024 a todos los electores que lo soliciten.
No obstante, la medida dispone que los votantes que prefieran ejercer su derecho mediante el método convencional podrán continuar haciéndolo.
La versión del Proyecto del Senado 1314 que, finalmente,se enviará a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez incorpora lenguaje
Luego de más de cinco horas de debate, la Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto para realizar un plebiscito “estadidad sí o no” a celebrarse en las próximas elecciones generales.
La semana pasada, el Senado hizo lo propio, aunque con enmiendas a la versión original de la medida que alteran la definición de una hipotética victoria del ‘No’.
En su caso, la Cámara baja introdujo enmiendas adicionales que obligan a la medida a regresar al Senado. Específicamente, se elimina un lenguaje que ordenaba a la Comisión Estatal de Elecciones certificar que los resultados cumplían con la ley federal de 2014 que autoriza una subvención de $2.5 millones para el proceso, a cambio de que el Departamento federal de Justicia avalara las opciones incluidas en el plebiscito. De no obtenerse el aval de las autoridades federales, el costo del plebiscito, proyectado en $3.5 millones, sería cubierto solo con fondos estatales.
Denis Márquez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño para trasladar a empleados de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a los Centros de Servicios Integrados a medida que continúen la consolidación y el cierre de estas oficinas de la CEE. La medida dispone que las JIP, que al momento totalizan más de 140, se reducirán a un máximo de 12 antes del 30 de junio de 2022.
Legisladores novoprogresistas habían expresado reservas precisamente ante la posibilidad de que la eliminación de las JIP pudiera traducirse en el despido de empleados públicos.
El propuesto Código Electoral dispone, además, que, en caso de que los comisionados electorales no alcancen un consenso para el nombramiento del presidente de la CEE, tocará a los jueces del Tribunal Supremo determinar quién encabezaría el organismo.
El proyecto “sigue estableciendo los mismos criterios antidemocráticos. El control de un partido de la CEE, el control del proceso electoral y dejarnos fuera a nosotros y cualquier partido minoritario de la CEE”, sostuvo Márquez.
“Es el mismo proyecto antidemocrático que era anteriormente”.