El Gobierno tiene como refugios en el sur escuelas afectadas por los terremotos
Planteles en deterioro estructural y planes sin actualizar son parte de la época ciclónica que recién comienza
La lista de refugios para la nueva temporada de huracanes entregada por el Departamento de la Vivienda al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) incluye 14 escuelas de la región sur que tienen daños estructurales causados por los temblores, clasificadas no aptas o parcialmente aptas por la severidad de los daños que sufrieron.
Al comparar la lista de refugios con la de escuelas inspeccionadas en los municipios incluidos en la declaración de desastre por los terremotos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) que recibirán asistencia pública, surge que once marcadas como “parcialmente aptas” (amarillo) y tres planteles marcados “no aptos” (rojo) están identificados como albergues.
Aún conociendo que los municipios de Guánica, Peñuelas, Sabana Grande, Guayanilla y Yauco prácticamente quedaron sin escuelas debido a la emergencia luego de que los sismos inhabilitaron más de treinta planteles en el área sur, el Departamento de la Vivienda repitió su tendencia de concentrar refugios en centros educativos. En 2019, la agencia identificó 301 escuelas como parte de sus 358 refugios. Este año, la proporción apenas varía: 262 de 319.
De estas 262 escuelas, 185 tienen cisterna y 97 generador eléctrico. Además, se instalaron placas solares en 157 planteles, de los que 25 se encuentran en los pueblos bajo la emergencia de los temblores que están incluidos en la lista de albergues.
Los trabajos de reconstrucción de los planteles apenas han comenzado, puesto que un mes después de que se redujeron las réplicas de los terremotos, comenzó la emergencia del COVID-19. La gobernadora Wanda Vázquez Garced confirmó en la conferencia de prensa sobre el inicio de la temporada de huracanes que en ninguno de los planteles se iniciaron las mejoras necesarias porque, alegó, los alcaldes están en proceso de presentar sus planes a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3 en inglés).
“La capacidad de los refugios no va a ser la misma por [la necesidad de] mantener el distanciamiento social. Si planeábamos tener 200 personas en un refugio, ahora deben ser 100”, dijo al CPI el comisionado del Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José R. Burgos.
Pese a esto, el administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, aseguró que “tenemos gran cantidad [de refugios] en toda la isla que exceden capacidad, así que no tendremos problema mayor”. También afirmó que cada uno tendrá su área de aislamiento para refugiados que presenten síntomas de COVID-19.
Con los refugios identificados al 1ro de junio, Guánica y Peñuelas tienen el mayor reto para albergar damnificados. El único lugar identificado con este propósito en el primer municipio es la escuela elemental María Mcdougall, pero según la inspección divulgada por el Departamento de Educación (DE), sólo se puede usar uno de sus tres edificios. En Peñuelas, las únicas dos escuelas identificadas como albergues, la Daniel Webster y la Miguel González Bauzá, fueron clasificadas color amarillo (parcialmente aptas). La lista también incluye tres escuelas marcadas en rojo (no aptas), dos en el municipio de Yauco – reduciendo sus opciones a cuatro albergues – y otro en Sabana Grande, dejando a ese pueblo con un solo refugio.
El alcalde penepé
Guánica, Santos Seda
Nazario, aseguró que “una evaluación más minuciosa del
Departamento de Educación a través de [ingenieros contratados por] la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) certificó que estaba apta” la escuela Mcdougall.
El ejecutivo dijo que busca que La Fortaleza pase a manos municipales la escuela María del Rosario Cruz Claudio, cerrada en 2014. “Creo que es la única escuela que no tuvo daños [por los temblores]”, apuntó el alcalde a la vez que adelantó que la habilitaría en poco más de un mes si fuera certificada apta.
Entre ambas escuelas, el pueblo de Guánica tendría capacidad para albergar 80 refugiados. “De acuerdo a nuestra historia hasta María, sería suficiente. De acuerdo a lo que han sido los terremotos
de y la necesidad, puede surgir plan B, que sería el Club Puertorriqueño en Ensenada, con capacidad para 50 personas”, agregó Santos Seda. El parador 1929 y el hotel Copamarina, que fueron usados durante María, forman parte de su plan C. En el parador actualmente se están refugiando damnificados por los temblores, y entre ambas hospederías pueden proveer 144 habitaciones.
El alcalde popular de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, se enteró por el CPI de los refugios certificados por Vivienda en su municipio. “Lamentablemente con el Departamento de Educación ni siquiera sé las escuelas que habían certificado. Asumí que eran la Daniel Webster y la Miguel González Bauzá cuando nos indican que en esas son las que van a estar confeccionando los almuerzos que estamos distribuyendo. No tengo más ninguna información y hemos preguntado un sinnúmero de ocasiones qué pasará con las escuelas”, contó. Ninguno de estos planteles tiene generador eléctrico pero sí cisternas, aseguró. El alcalde estimó que durante emergencias anteriores a causa de huracanes, cerca de 200 personas en su municipio han buscado refugio. Si se descartaran las escuelas, Gonsález Souchet contempla el uso de 13 centros comunales como albergues. Aunque el municipio adquirió excavadoras para demoler las estructuras afectadas por los sismos, el COR3 no ha autorizado el plan presentado por el alcalde.
“Nos ofrecieron la alternativa de que el Estado se iba a encargar de la parte gerencial de las demoliciones, la parte de los permisos, estudios. Entonces, los municipios ponemos la mano de obra. Luego de eso cambian los muñequitos: o lo hacen todo ustedes o lo hacemos todo nosotros. Eso no era lo que habíamos dialogado, pero nos seguimos preparando”, abundó Gonsález Souchet.
De otra parte, el alcalde popular de Sabana Grande, Noel Matías Borrero, aseguró que los refugios que le certificaron son dos centros comunales en los barrios San Isidro y Rayo Guaras. “Vamos a preparar todos los centros comunales disponibles (cinco) porque con el COVID-19 no puede haber tanta gente refugiada en un mismo sitio. Los voy a poner en condiciones para que los certifiquen”, dijo.
Entre los dos refugios certificados pueden albergar a cerca de 40 personas, estimó Matías Borrero, quien por su experiencia, estima que poco más de 100 ciudadanos buscan albergues municipales para pasar los huracanes. Como su homólogo de Guánica, el alcalde de Sabana Grande aguarda por Educación y La Fortaleza para que le cedan la escuela José A. Castillo, cerrada en 2018. También solicita la certificación de la escuela Blanca Malaret, aunque este plantel fue clasificado “parcialmente apto” luego de los sismos.
Según el Plan de Preparación y Respuesta a la COVID-19 del Gobierno, Vivienda debe identificar un inventario de instalaciones públicas disponibles en caso de que fuera necesario para implementar la cuarentena. Al mismo tiempo, la inspección para la sismo-resistencia de las estructuras del DE quedó suspendida desde que la Gobernadora ordenó el distanciamiento físico el 15 de marzo. Otros municipios no incluidos en la declaración de desastre por los terremotos de las regiones educativas de Caguas, Humacao, San Juan, Bayamón y Arecibo también tienen escuelas declaradas no aptas por los terremotos que podrían estar en la lista de refugios.
Datos recopilados por FEMA señalan que 8,465 familias recibieron asistencia de alquiler luego de los temblores y 99 familias necesitaron alojamiento transitorio. Por su parte, Vivienda indicó que entre el 28 de diciembre de 2019 al 20 de marzo de este año el mayor número de refugiados fue 8,527 personas, y que 2,878 hogares fueron declarados no habitables o aptos.
La Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES Act en inglés) asignó $2.2 mil millones a Puerto Rico, de los que $250 millones se invertirán en pruebas, rastreo y equipo de protección según detalla la Orden Ejecutiva 40 que establece el plan para usar estos fondos. Por ello, el Comisionado Burgos se expresó confiado de que el personal de primera respuesta tendrá suficiente equipo protector al igual que los damnificados que opten por acudir a un albergue.
En cuanto al plan de emergencia para la temporada de huracanes – que aún no ha sido actualizado en el portal del NMEAD – adaptado tomando en cuenta la epidemia, el funcionario indicó que “seguimos ajustando. Recuerda que son planes vivos que se siguen poniendo al día de acuerdo a lo que va pasando”. El Departamento de Salud tampoco ha terminado el plan operacional para la temporada, que rige el cuidado en masa durante una emergencia, confirmó al CPI la directora de la Oficina de Bioseguridad, la Dra. Jessica Cabrera.
Aunque Burgos confirmó que los refugios requieren cisternas y generadores eléctricos para ser certificados, las escuelas no están preparadas con estos equipos para los cuales se asignaron $33,691,324 de fondos Restart al DE porque, “aún no se ha completado el proceso competitivo de solicitud de propuestas o subasta para adjudicar las mencionadas iniciativas a uno o varios suplidores”, indicó el oficial de prensa del DE, Aniel Bigio.
Organizaciones como la Cruz Roja Americana y el Comité Interagencial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), divulgaron guías sobre cómo operar los refugios durante la pandemia. En el caso de la primera, recomienda hoteles como principal alternativa de refugios o habilitar lugares para un máximo de 50 personas durante una semana. De ser necesario congregar más refugiados, se deben preparar espacios más amplios, respetando las distancias e identificando claramente áreas para aislamiento, cernimiento y consumo de alimentos. Ambas entidades exhortan a realizarle pruebas tanto al personal como a los damnificados antes de ocupar el refugio. Pero, la OMS puntualiza que “el examen de salud nunca debe depender sólo de la medición de temperatura”. Además, recomienda que se identifiquen laboratorios cercanos o in situ para obtener diagnósticos con prontitud.
El Comisionado de Emergencias, en tanto, aseguró que a todo refugiado se le hará la prueba rápida, de dar positivo se le practicará la prueba molecular, y de confirmar el diagnóstico pasa a alguna institución hospitalaria.
“Muy probablemente el Departamento de Salud tenga un contrato con tecnólogos médicos, como lo estamos haciendo en el aeropuerto, y personal de enfermería, que son cruciales para la toma de muestra, sea serológica o molecular. La realidad es que los enfermeros del DS están en nuestros hospitales públicos. Tendríamos que tener un recurso humano preposicionado alrededor de la isla para responder a una emergencia [en los refugios]”, adelantó la Dra. Cabrera.
El 21 de mayo, FEMA divulgó su Guía Operacional durante la Pandemia COVID-19 para la Temporada de Huracanes 2020, que incluye recomendaciones sobre cómo invertir la subvención de $100 millones otorgada a las agencias estatales de manejo de emergencia para responder al COVID-19. La agencia exhortó a identificar las áreas con las poblaciones más vulnerables en riesgo de contagiarse con el virus o que tengan discapacidades, por ejemplo, para anticipar quiénes necesitarán refugiarse. Las agencias estatales deben revisar las rutas de evacuación para tomar previsiones necesarias, incluyendo contratar más personal o vehículos.
Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota completa en periodismoinvestigativo.com