LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO
Las manifestaciones antirracistas del pueblo estadounidense siguen ganando apoyo. El detonante fue el asesinato a manos de la policía de George Floyd, un hombre negro que estaba desarmado. Compartimos las expresiones de solidaridad con las víctimas, con los manifestantes y de repudio al uso excesivo de fuerza. Hemos sido testigos del silencio cómplice de muchos y de discursos que fomentan el racismo e incitan a más violencia. El presidente Donald Trump es el principal vocero de ese discurso de odio.
En Puerto Rico conocemos la xenofobia, el racismo y la brutalidad policiaca. La gobernadora –como Secretaria de Justicia- procesó a una niña negra de 11 años que se defendía de ataques racistas. Además, la Policía de Puerto Rico tiene un amplio historial de violaciones de derechos civiles y uso excesivo de fuerza sistemático para suprimir la expresión ciudadana. Según informes de la organización Kilómetro Cero, desde el año 2018, al menos 26 personas han muerto a manos de la policía.
Un informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal concluyó que en el año 2006, el entonces oficial de la policía Gregorio Matías insultaba a los dominicanos en un bar. Una persona le pidió respeto ante sus insultos y xenofobia, Matías le apuntó con su arma de reglamento y pidió refuerzos. La persona intentó irse pero Matías le disparó dos veces en la pierna. Luego los oficiales que había llamado llegaron al lugar y comenzaron a golpearla mientras yacía en el suelo.
¿Cuál fue el desenlace para Matías?
El PNP lo designó como senador tres días después del asesinato de Floyd. Es decir, un policía que le disparó a una persona por ser dominicana -sin recibir un voto- es miembro del Senado. En lugar de tomar las medidas para acabar con el abuso, con la xenofobia y el racismo, premian a un violador de los derechos civiles. Igual de escandalosa es la complicidad silenciosa de Henry Neumann y Miguel Romero, senadores por el Distrito de San Juan.
Necesitamos una verdadera reforma en la Policía. Debemos, además de procesar a quienes violen los derechos civiles, desmilitarizarla. Vamos a convertir la policía en un cuerpo civil que responda a nuestros intereses. Debemos constituir una comisión ciudadana integrada por representantes de los diversos sectores de nuestra sociedad para que investigue las denuncias de brutalidad y uso excesivo de fuerza. Proponemos reducir el presupuesto y redirigir los recursos que se destinan para la compra de vehículos, armas y equipos militares para apoyar programas comunitarios de prevención y desarrollo humano.