Más muertes en Puerto Rico que las anunciadas durante la pandemia
Las muertes en Puerto Rico han aumentado durante los pasados tres meses pese a los pocos fallecimientos por COVID-19 reportados en la Isla y a la reducción en las fatalidades por accidentes y crímenes debido al encierro por la cuarentena, en comparación con el 2019, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Esto, contrario a lo dicho públicamente por el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano y por la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, la primera semana de mayo cuando Salud envió a los medios de comunicación los datos de las muertes de marzo y abril, sin hacer la salvedad de que aún estaban significativamente incompletos. El 5 de mayo, el secretario González Feliciano dijo en el programa Jugando Pelota Dura que las muertes para el mes de abril eran 1,750, “cuando nosotros, típicamente en Puerto Rico tenemos 2,500 muertes por mes”.
“¿Cómo explicar eso? Potencialmente disminución en crimen, disminución en otras condiciones, pero lo que se ha hecho en Puerto Rico ha producido un impacto significativo en el número de muertes absoluto”, continuó.
A este miércoles, 10 de junio, la cifra de muertes para abril ya sumaba 2,358 fallecidos, o sea 608 más muertes que las citadas por el Secretario.
Asimismo, en declaraciones a El Nuevo Día, Llovet indicó que las defunciones totales para los meses de marzo y abril no reflejaban un aumento en comparación con el año pasado. Aunque en ese momento aceptó que la cifra pudiera cambiar, no aclaró que faltaban, mínimo, cerca de una tercera parte de los casos debido al tiempo que toma el tracto de la documentación de defunción.
Luego de no haber contestado preguntas del CPI, enviadas desde el lunes, sobre sus declaraciones sobre las muertes en Puerto Rico e inconsistencias en las cifras del dashboard del COVID-19, el miércoles el Secretario de Salud hizo una conferencia de prensa para anunciar cambios a esta plataforma. Ahora no reportará las muertes totales vinculadas a COVID-19 en conjunto, sino que informará las muertes confirmadas por prueba molecular y las sospechosas, incluyendo las que tengan prueba serológica positiva, aparte.
“En ese momento, ese era el número que teníamos”, dijo González Feliciano y continuó para aclarar esta vez que, “típicamente” hay que esperar al menos 30 días después de que culmine el mes para tener un número certero.
Sin embargo, insistió que era válido usar los datos en aquel momento “porque ese es el número que existía y el número que se reportó”, y minimizó el hecho del aumento en las muertes en Puerto Rico durante el periodo de la pandemia. “El aumento no es transcendental y tampoco se le puede adjudicar a COVID”, indicó. No obstante reconoció que una de las cosas que se está hablando en el mundo en relación al COVID-19 es el tema de las muertes en exceso, que aún no tienen explicación.
Aunque todavía no se ha hecho un análisis a profundidad del alza detectada por el CPI en la base de datos del Registro, datos preliminares de los cuerpos llevados al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) apuntan a un aumento significativo en las muertes repentinas en las residencias, en vez de en los hospitales, que estuvieron casi vacíos durante ese periodo, y a causas de muerte que han sido asociadas a enfermedades del corazón.
Las dificultades con la información y subreportes en las muertes durante la pandemia del COVID-19 han sido patentes en distintas partes del mundo desde que la pandemia inició en diciembre en Wuhan, China, por factores como limitaciones y avances en el conocimiento sobre el virus, deficiencias en los procesos de recogido e informe de datos, los protocolos que se han utilizado para hacer las pruebas, y la disponibilidad y efectividad de las pruebas diagnósticas. El subreporte de muertes debido a estos factores ha sido documentado ya en Estados Unidos y otros países como Chile, que revisó el domingo su estimado de víctimas agregando otras 653 fatalidades.
Tres infectólogos consultados por el CPI no se sorprendieron con el hallazgo e indicaron que el aumento en muertes durante la pandemia, pese a los bajos censos en los hospitales, tiene varias explicaciones posibles.
El Dr. Armando Torres, del Sistema de Salud Menonita, enfatizó que mucho sobre el comportamiento del virus y sobre la efectividad de las pruebas – tanto la molecular como la serológica – se ha ido aprendiendo sobre la marcha y el personal médico ha tenido que ir haciendo ajustes. Uno de los factores más importantes, sostuvo, es el timing o momento en que se hace la prueba. Dependiendo de ello, aumentan notablemente las posibilidades de falsos negativos, o sea personas infectadas que no dan positivo a la prueba.
Al menos siete estudios indican que la prueba molecular o PCR, la que detecta la presencia del virus activo, es muy acertada durante los primeros ocho días desde la exposición al virus, pero su sensitividad baja notablemente a partir del noveno día, dijo Torres. Los síntomas en los pacientes con COVID-19 comienzan el día cinco, por lo que hay una ventana de tres días para hacer la prueba con un resultado óptimo. Por el contrario, la efectividad de la prueba serológica – que no es diagnóstica, sino de anticuerpos – es mayor a partir del día 14 de exposición, agregó.
A estas limitaciones se agregan las dificultades como la toma de muestra de la prueba molecular, así como el hecho de que el virus con el tiempo sale de la nariz para alojarse en órganos internos como los pulmones, y la calidad de la marca, mencionó Torres al señalar que algunas pruebas aprobadas de manera expedita inicialmente por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) eventualmente demostraron ser poco efectivas. “Todas esas variables pueden hacer que la prueba salga falsamente negativa. Son muchos factores”, agregó Torres al enfatizar que si se hace solo una de las pruebas, debe de ser la molecular.
El galeno explicó que los infectólogos utilizan cuatro criterios para diagnosticar COVID-19: la sintomatología; los laboratorios y placas; la prueba molecular; y la prueba serológica. Si un paciente presenta los tres primeros criterios compatibles con COVID-19, pero arroja negativo en la prueba molecular, o si no se pudo hacer la prueba, prevalece el juicio del médico y
Lorenzo González, secretario de Salud, sobre alza en muertes
totales en Puerto Rico su postura es que ese caso hay que identificarlo como sospechoso o probable de COVID-19 y se debe contar, según las guías del Centro para la Protección y Detección de Enfermedades (CDC).
Su colega infectólogo del hospital Auxilio Mutuo, Miguel Colón, sostuvo que en su caso requeriría que el paciente arroje positivo en los dos tipos de anticuerpos en la prueba serológica (IGM e IGG) y muera por una causa cardíaca, cerebrovascular o una pulmonía viral, para asociar el deceso al virus si la prueba molecular es negativa. Colón reconoció que hay diferencias y debate entre los infectólogos en cuanto a cuáles muertes deben de ser asociadas con COVID-19 y cuáles no. Dadas estas diferencias, el Departamento de Salud y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas desarrollaron un documento llamado Guías de Diagnóstico COVID-19 el pasado 29 de mayo, pero el CPI supo que no hay consenso sobre las mismas y no son obligatorias.
No obstante, ambos galenos señalaron que deben haber muertes de pacientes COVID-19 no asociadas a problemas respiratorios ya que el virus, además de atacar los pulmones, produce una reacción inflamatoria severa que afecta otros órganos del cuerpo y que produce complicaciones del corazón y cerebrovasculares.
“Por la experiencia con la influenza, hemos visto que es una enfermedad que produce inflamación generalizada o sistémica, que afecta otros órganos aparte de los pulmones, y uno de los sistemas más afectados es el sistema cardiovascular. Han habido arrestos, arritmias fatales, derrames cerebrales. Mucha, mucha enfermedad por inflamación, y eso mismo puede estar ocurriendo con coronavirus. La capacidad de inducir inflamación por parte del COVID-19 es de tres a cuatro veces más altas que influenza”, señaló Torres.
Explicó que esto puede ocurrir sin que el paciente desarrolle todo el cuadro de síntomas y sin tener la prueba. O sea, sin que nadie se de cuenta.
Por su parte, Colón sostuvo que, en su experiencia, han sido más severas las complicaciones cardíacas que las respiratorias entre los pacientes COVID-19 que ha tenido a su cargo. Asimismo, indicó que el aumento en la mortalidad general en Puerto Rico podría tener que ver con la descompensación de pacientes crónicos durante los dos meses de cuarentena en los que el Gobierno cerró los servicios médicos electivos y los pacientes no acudían al hospital por miedo al virus.
“Los pacientes le tenían terror a venir a los hospitales”, afirmó.
El presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, el Dr. Lemuel Martínez, coincidió en que esta es una posible explicación, así como los casos de COVID-19 no diagnosticados, aunque en menor grado. Indicó que es importante analizar los datos y, si el exceso de muertes se correlaciona al periodo de cuarentena, deben de asociarse, aunque de manera indirecta, al virus.
“¿Quién lo mató, el infarto cardíaco o el COVID?”, cuestionó. “Esas muertes hay que relacionarlas al COVID porque afecta y hay que considerarlas para articular una mejor respuesta si hay una segunda ola”, respondió.
Otro de los factores que puede haber incidido son las inconsistencias en la realización de pruebas moleculares en las facilidades hospitalarias. Según fuentes del CPI, desde el inicio de la pandemia en los hospitales se han estado haciendo relativamente pocas pruebas, principalmente a pacientes hospitalizados, por la falta de disponibilidad, por el costo y el bajo reembolso de los planes médicos, y por la forma en que funcionan las salas de emergencia privadas.
Martínez reconoció estas limitaciones y explicó que entre el 80 % y el 85 % de los pacientes con síntomas compatibles con COVID-19 que acuden a sala de emergencia no son hospitalizados porque no tienen criterios,
“El aumento no es transcendental
y tampoco se le puede adjudicar a
COVID”.
o sea sus síntomas no son suficientemente severos y las Guías de Diagnóstico COVID-19 indican que la recuperación de estos debe de ser en el hogar. Tan pronto el paciente sale del hospital, con instrucciones de hacerse la prueba, la facilidad pierde el contacto y corresponde al Departamento de Salud o a su médico primario, si tiene uno, darle seguimiento.
Por esta razón y por la escasa cantidad de pruebas moleculares que se han hecho en Puerto Rico, la Sociedad trajo a la atención del Secretario González Feliciano la necesidad tanto de desarrollar las guías para educar a los médicos como el que Salud asista económicamente a los hospitales para que puedan establecer la costosa infraestructura necesaria para procesar las pruebas y poder hacer más de ellas. Asimismo, plantearon que urge regular las tarifas y reembolsos de planes médicos de las pruebas PCR y nuevas tecnologías diagnósticas que sigan surgiendo, al menos durante la emergencia.
“Por eso nos volvimos a reunir con el Secretario para llevarle el mensaje de que es el momento de ir a pruebas que detecten el virus directamente y otras tecnologías”, señaló en referencia a la necesidad de desenfatizar el uso de las pruebas serológicas que ha mantenido el gobierno. Aunque la respuesta fue buena, aún no han tenido respuesta sobre el aspecto económico y tarifario de la problemática.
En cuanto a las muertes atribuidas al COVID-19 en Puerto Rico, hay además una gran discrepancia entre los datos que el Departamento de Salud muestra en su dashboard y los del Registro, una dependencia de esa misma agencia.
Este miércoles, 10 de junio, el dashboard de Salud – que se nutre parcialmente del Registro – tenía 143 muertes por COVID-19; 80 vienen de las anotaciones de médicos en los certificados de defunción que procesa el Registro. Mientras, que la actualización de la base de datos que el Registro entregó al CPI el 22 de mayo, casi tres semanas antes, tiene 111 casos. Es decir, el dato más viejo del Registro, el de la base de datos, es 32 muertes mayor que el del dashboard que presuntamente se actualiza a diario, cuando debería de ser lo opuesto. Abordado con la pregunta sobre el por qué de la discrepancia, González Feliciano adujo este martes que el cambio en la forma de tabular que acaba de implementarse reducirá los casos de muertes confirmadas a 56, lo que hace que la brecha se reduzca a 25 fallecidos, pero prevalece la discrepancia.
Los 63 casos de muertes por
COVID-19 en el dashboard – que el jueves se convertirán en los 56 que diagnosticados con prueba molecular – son los únicos que han sido documentados con pruebas confirmatorias, según el Departamento de Salud, y esa cifra se ha mantenido sin cambiar desde el 31 de mayo.
Indicadores de pobreza relacionados a muertes por COVID en P. R.
Los datos en la base del Registro – que es la única disponible con información demográfica – arroja que las víctimas fatales del novel virus son mayoritariamente personas con baja escolaridad y bajos ingresos. El 75% de los 111 casos de muertes por COVID-19 no posee un grado universitario y el 62% tiene escuela superior o menor educación. Asimismo, un 41% no completó escuela superior, que es casi el doble de las personas que no completan dicho grado académico en Puerto Rico: un 24.5%, según la Encuesta sobre la Comunidad del 2019.
En cuanto al género de los fallecidos, 58 % son hombres y 47 % son mujeres. Esta proporción es inversa a la distribución de la población en Puerto Rico, pero cónsona con la tendencia mundial del COVID-19 donde los hombres están muriendo más que las mujeres.
Según una investigación preliminar del doctor Julio C. Hernández, catedrático e investigador del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico, donde evaluó los factores socioeconómicos asociados a las muertes por COVID-19, el grupo más grande que se afectó fue fueron personas que se encuentran fuera del mercado laboral, con 28% de las defunciones asociadas al virus.
Entre los trabajadores, los incrementos en el porcentaje de empleo en sectores tales como la manufactura, la venta al detal, la venta al por mayor, los servicios profesionales, los servicios educativos, y los de salud y administración pública “parecen generar incrementos en la probabilidad de muertes por COVID-19”, sostuvo el investigador.
La industria de la manufactura tuvo un 18.36% de los fallecimientos por COVID-19, y las restantes industrias tuvieron 7% cada una, a pesar de que permanecieron casi cerradas durante los meses analizados.
Su investigación, para la que utilizó los datos del Registro Demográfico entregados al CPI, también revela inicialmente que factores como “el porcentaje de población por debajo del índice de pobreza y el porcentaje de hogares con ingresos entre $10 a $15 mil [al año] parecen aumentar la probabilidad de que ocurran muertes por COVID-19”.
Este es un renglón socioeconómico con grandes retos en el cual una familia con tres miembros con este nivel de ingresos no cualifica para recibir ayudas gubernamentales tales como PAN y seguro médico público.
En cambio, las familias con ingresos aún menores, pero que reciben el programa PAN y cualifican para el plan de salud del gobierno, tienen menor probabilidad de muertes por COVID-19, encontró Hernández. Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota completa en periodismoinvestigativo.com