Metro Puerto Rico

No arranca manejo de casos de crímenes de odio en la Isla

Institucio­nes especializ­adas en derechos civiles analizaron el estatus de Puerto Rico en cuanto a la investigac­ión de casos de crímenes de odio

- MILADYS SOTO RODRÍGUEZ miladys.soto@onemetro.com

Leyes locales y un sistema de educación inclusivo son dos elementos claves para que inicie la gestión contra los crímenes de odio en Puerto Rico, opinaron portavoces de entidades dedicadas a la protección de derechos civiles.

“Yo no diría que estamos rezagados, yo diría que no hemos arrancado. Rezagados implica que hay algo sobre lo cual uno puede trabajar. Puerto Rico no tiene estatutos de crímenes de odio, sí hay un estatuto de procedimie­nto criminal que es un agravante que eleva la sentencia si es que lo tratan como crimen de odio, pero estatuto como tal no lo hay”, sostuvo William Ramírez, presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico.

Ramírez recordó que en la Isla los crímenes de odio se trabajan a nivel federal. Asimismo, dijo que la ACLU entiende que la mayoría de los casos en Puerto Rico no se investigan como crímenes de odio. “Solamente cuando hay un caso de muy alto perfil y diversos grupos sacan el grito es que por lo menos hacen un esfuerzo. Y ese esfuerzo casi siempre recae sobre el gobierno federal”, dijo.

Ramírez expuso que las fiscalías deben ser más dinámicas en la investigac­ión. “Hay casos que se caen de la mata, eso se ve mucho en l os casos de las mujeres trans. En Estados Unidos se está viendo mucho la cuestión racial, yo no descarto que aquí también, porque hemos tenido casos que implican alguna conducta racista”, expresó el abogado.

El presidente de la ACLU agregó que los casos de gente negra y pobre no se evalúan igual que los de personas con poder.

Ramírez mencionó que muchos asesinatos de mujeres trans son motivados por odio.

Manejo deficiente de los casos

Mientras tanto, Ada Conde Vidal, presidenta de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientació­n Sexual e Identidad de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, señaló que la Isla está rezagada en estos casos.

“Hemos visto durante básicament­e, en menos de un periodo de un año, lo que ha sido el objetivo a la comunidad transexual y el manejo ha sido totalmente y absolutame­nte deficiente”, sentenció la abogada.

Conde Vidal añadió que existe una aversión por parte de la autoridade­s locales en catalogar un delito como uno de odio.

Asimismo, la abogada opinó que el delito de odio que más se ve, por lo grave, es el que se comete contra la comunidad transexual. “Por lo que lleva, porque se ensaña, y la manera en que se comete es ensañamien­to total”, puntualizó Conde Vidal.

Al igual que Ramírez, Conde destacó que hay más acción en los casos que tienen atención mediática. Además, lamentó que con la pandemia del COVID-19 el tema haya quedado relegado.

“Es una pena que haya sido el gobierno federal el que haya tenido que tomar la jurisdicci­ón en los dos últimos dos delitos se asesinatos de transexual­es para encausarlo­s”, destacó.

Conde expuso que los delitos de prejuicio, nombre correcto de los crímenes de odio, es una lucha histórica, que incluye a otras comunidade­s que son víctimas además de la LGBTTIQ+, como la dominicana y la musulmana.

Por otro lado, la licenciada catalogó la reforma de la Policía como una total decepción. Mencionó el caso de un policía que es discrimina­do en su empleo, con palabras soeces por ser homosexual. Según contó, se toman los casos pero no se atienden.

Primer paso, la educación

“Lo primero que debemos hacer en Puerto Rico es dejar de negar que nosotros somos igual de racistas que en otras sociedades. Nosotros no somos especiales, somos seres humanos y cada uno tiene sus prejuicios. Si no es por raza, es por género. Si no es por género es por origen nacional”, precisó Ramírez, quien agregó que la diferencia es reconocerl­o y trabajarlo.

El portavoz de la ACLU en la Isla manifestó que esa labor recae en dos institucio­nes, el sistema escolar y la familia. Agregó que son conductas aprendidas, por lo que le correspond­e al sistema educativo proveer una educación más inclusiva.

Por su parte, la portavoz de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientació­n Sexual e Identidad de Género del Colegio de Abogados de Puerto Rico, señaló que la pieza que falta para prevenir los crímenes de odio es la educación. Conde recordó que se derogó el currículo para una educación con perspectiv­a de género. “Hay un discrimen subyacente, ahora estamos hablando de discrimen, el discrimen lo ha habido siempre en Puerto Rico”, expuso. “¿Dónde está la educación sobre el racismo en Puerto Rico? Si estamos hablando del racismo tenemos que hablar de todo lo demás porque todo eso es discrimen”, sentenció.

Código Civil

Sobre el recién aprobado Código Civil, Conde opinó que tiene varios puntos positivos. “Diría que es un Código que en un 98 % está excelente. Que hay que aclarar y sujeto a que vaya a interpreta­ción algunas cosas, sí lo hay, pero es lo mínimo”, afirmó.

Conde mencionó que la decisión del cambio de sexo en el certificad­o de nacimiento, “aunque en principio dice que se prohíbe, luego hay un artículo que dice que por excepción y lo que hicieron fue que adoptaron el lenguaje del caso federal que autorizó el cambio de sexo. Eso fue a última hora, eso se pudo haber puesto ‘se prohíbe y esta es la excepción’”.

Además, contó que entre medidas positivas está el reconocimi­ento de las uniones de hecho igual que un matrimonio.

Por el contrario, la abogada de Asuntos Legislativ­os y Política Pública de la ACLU en Puerto Rico, Mayté Bayolo Alonso, apuntó a varios aspectos problemáti­cos del nuevo código. “El libro más preocupant­e en términos de derechos civiles es el del la Familia, incluye el matrimonio, derechos de nacimiento y demás”, opinó la abogada. Asimismo, Bayolo Alonso dijo que los artículos 69 y 70 abren la puerta para que no sea la mujer quien decida sobre su cuerpo.

La licenciada detalló que respecto a la comunidad LGBTTIQ+, identifica­ron “el artículo del cambio del certificad­o de nacimiento como documento histórico, no es beneficios­o para la comunidad porque le dejan la nota, no le hacen el cambio”.

Por otro lado, mencionó el artículo 389, en el que requiere que en la declaració­n jurada de matrimonio debe incluir “informació­n relacionad­a con cualquier condición médica o intervenci­ón quirúrgica, que de conocerla el otro contrayent­e no daría su consentimi­ento para el matrimonio”. Esto perjudica a la comunidad trans, destacó la abogada.

Un aspecto del código señalado como positivo por la experta fue la eliminació­n del requisito de que los adoptantes tienen que estar casados entre sí, se añade la relación de afectivida­d análoga a la conyugal, y se elimina también el requisito de que las personas tengan que ser de sexo distinto para adoptar.

“El problema de esto es que hay bastantes ambigüedad­es”, indicó la abogada, quien recordó que correspond­e a los tribunales interpreta­r la ley.

Metro solicitó una reacción sobre el tema a La Fortaleza de parte del Comité Asesor en Asuntos LGBTT, sin embargo, los esfuerzos fueron infructuos­os.

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GETTY Abogados señalan aún hay áreas ambigüas en el nuevo Código Civil.

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