Autoridades impiden residentes Caño Martín Peña logren justicia ambiental
Vivienda Entre excusas federales e incumplimientos del Gobierno de Puerto Rico, los residentes del Caño Martín Peña encuentran nuevos obstáculos en su lucha por el dragado
Rafael Díaz Torres
Cuando sus hijos estudiaban en la Escuela Elemental Santiago Iglesias Pantín de Barrio Obrero, Aileen Morales tenía que cargarlos a sus espaldas cada vez que se inundaban las calles contiguas al Caño Martín Peña. No quería que llegaran al salón de clase con sus piernas mojadas ni con el hedor causado por las aguas sucias que por décadas han afectado la paz de comunidades, cada vez que experimentan un evento de lluvia fuerte.
Morales, quien es residente y líder comunitaria en el sector Parada 27, lleva más de una década viendo las noticias que reseñan los sucesos de inundación relacionados al Caño. También ha participado de reuniones anuales con integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés). El problema de inundaciones y la necesidad de dragar este cuerpo de agua urbano son asuntos ampliamente conocidos tanto en Puerto Rico, como en algunos círculos políticos de Estados Unidos, como un asunto de justicia ambiental y de salud. Pero por años, la necesidad de tomar acción se mantiene como agenda pendiente archivada en documentos gubernamentales. Esto, a pesar de los múltiples esfuerzos y propuestas presentadas por líderes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña.
“Ellos [USACE] vienen aquí, se tiran muchas fotos. Ya ellos saben. Cada vez que vienen dicen que están a punto de comenzar [el dragado] dicen siempre que este es el año. Ya estamos cansados de enseñarle la comunidad”, lamentó Morales en conversación con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Nos excluyeron [del presupuesto aprobado por el Congreso en 2018] por un tecnicismo, pero yo digo que eso es excusa. El proyecto está preparado para comenzar. El dinero no está llegando aquí”, expresó la también vicepresidenta del Grupo de las Ocho Comunidades del Caño Martín Peña (G-8), coalición que reúne a las organizaciones de base comunitaria en la zona.
Las ocho comunidades aledañas al caño, entre Hato Rey y Santurce, son: Las Monjas, Israel y Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Hato Rey, Parada 27, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce y Cantera.
En el 2018, el USACE excluyó a la Corporación ENLACE del Caño Martín Peña, que gestiona desde el gobierno los proyectos sociales y de infraestructura en las ocho comunidades, dentro de la asignación de $2,500 millones de fondos federales destinados a control de inundaciones. En aquella ocasión, el argumento del Gobierno federal fue que el proyecto del Caño era uno de restauración ecológica y no de control de inundaciones.
Casi tres años después, la incertidumbre en torno a si el USACE incluirá el dragado del Caño en su presupuesto sigue vigente. La urgencia de que aparezca el dinero para los proyectos de restauración ecológica en el área llevó a integrantes del Congreso de los Estados Unidos a enviar en enero de este año dos cartas separadas al secretario adjunto del Ejército para Obras Públicas, R.D. James y al entonces director saliente de la Oficina de Presupuesto y Gerencia
(OMB), Russ
Vought, para impulsar el financiamiento del dragado
Sin embargo, unos días después, la gerente de proyectos del USACE, Brenda Calvente, le informó al CPI que la prioridad presupuestaria serán, por el contrario, aquellos proyectos que ya se iniciaron.
“El Presupuesto de Obras Civiles usa las guías y desempeño que se establecen por cada año fiscal para guiar la asignación de fondos de construcción. Se le da prioridad a proyectos que traigan el mayor retorno económico, ambiental y de seguridad. Además, se enfoca en proyectos
Ambiente.
que ya están llevándose a cabo, en vez de comenzar proyectos nuevos”, dijo Calvente, luego de que el CPI preguntara sobre qué hace falta para que el dragado del Caño sea considerado como un proyecto prioritario en términos del presupuesto del USACE.
Sin embargo, en el Plan de Trabajo que el USACE presentó al Congreso para el presupuesto de $7.3 mil millones del Año Fiscal 2021, se incluyeron siete nuevos proyectos de construcción. A pesar de que la Ley Pública 116 260 requiere que dos de estos siete proyectos sean de restauración ecológica, no se incluye el dragado del Caño Martín Peña. Los siete nuevos proyectos consisten en una represa en Idaho, proyectos costeros en Mississippi, trabajos en una cuenca de Nuevo Hampshire, trabajos en el Río Grande y sus tributarios en Nuevo México, construcciones relacionadas al Río Allegheny en Pensilvania, proyectos de mitigación en Morganza, Luisiana, y trabajos en el Canal de Navegación de Houston, Texas.
Dentro del presupuesto para el Año Fiscal 2021, USACE también incluye varios proyectos en curso para que sean completados durante este año. Uno de estos es un proyecto piloto para el uso de material dragado en la Bahía de San Juan. La agencia federal no contestó al CPI por qué informó al CPI que da prioridad en el presupuesto a proyectos existentes, si en el presupuesto 2021 sometido ante el Congreso hay al menos siete nuevos proyectos de construcción.
Al cuestionarle las razones por las cuales un proyecto de restauración ecológica que, a través del dragado, aportará a mitigar las inundaciones, no es igualmente considerado como un proyecto prioritario de control de inundaciones, Calvente expresó que “el proyecto no cumple con los parámetros para justificarse como uno de manejo de riesgo de inundación debido a que los niveles de inundación se reducirán fuera de los límites del proyecto federal”.
“Un Acuerdo de Diseño entre el Departamento del Ejército y ENLACE fue ejecutado en el 2017 con el propósito de iniciar una fase de diseño. Las actividades de diseño continúan”, explicó la oficial de USACE sobre el estado en el que se encuentran los trabajos relacionados a la propuesta de dragado.
Gobierno de Puerto Rico incumple resolución sobre fondos federales de recuperación
Los compromisos hechos con las cerca de 26,000 personas que residen en las comunidades contiguas al Caño no solo han sido obviados por el Gobierno federal, sino también por el Gobierno de Puerto Rico.
En noviembre de 2019 la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, ordenó al Departamento de la Vivienda (DV) que enmendara el Plan de Acción para que las comunidades del Caño Martín Peña fueran elegibles para solicitar dinero de los fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés). Por tratarse de sectores ubicados en áreas inundables, las comunidades del Caño no podían solicitar dinero de los $18,500 millones en fondos CDBG-DR que se hicieron disponibles a Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
La orden al DV ocurrió luego de que se aprobara la Resolución Conjunta del Senado 118 presentada por el exsenador del distrito de San Juan y actual alcalde de la capital, Miguel Romero.
Sin embargo, 14 meses después de aprobarse la Resolución Conjunta 118, el DV ha incumplido el mandato. Las enmiendas cuarta y quinta al Plan de Acción hechas por el DV para la utilización de los fondos CDBGDR hechas a finales de 2020, no incluyeron los cambios solicitados para beneficio de los residentes del Caño. Mientras la cuarta enmienda ya fue aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés), la quinta enmienda todavía es evaluada por esa agencia federal.
Con la entrada del gobernador Pedro Pierluisi en enero, Vivienda tiene ahora como secretario designado a William Rodríguez. Sin embargo, la Resolución Conjunta 118 de 2019 sigue sin cumplirse.
En una reunión entre el DV y ENLACE el 30 de septiembre del 2020, el entonces secretario de Vivienda, Luis Fernández Trinchet llevó como invitado al entonces senador y autor de la resolución, Romero. De esa reunión surgió una propuesta de la subsecretaria del DV para el programa CDBG, Maretzie Díaz Sánchez. Propuso que se separaran $540 millones de los $8,285 millones en fondos federales para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT) para proyectos importantes que aporten al desarrollo y mejoramiento del Caño y sus comunidades.
En una carta enviada por ENLACE al DV el 20 de noviembre de 2020, la entidad le detalló al DV cuáles eran los proyectos críticos prioritarios que se adelantarán con la utilización de los $540 millones provenientes de los fondos CDBG-MIT.
A diferencia de Fernández Trinchet, Díaz Sánchez continúa en su posición en el DV luego del cambio de administración en enero.
Así como ha habido incumplimiento de la Resolución Conjunta 118, la propuesta de separar $540 millones de fondos CDBGMIT para proyectos críticos del Caño tampoco se ha concretado.
Durante la vista de transición del Gobierno entrante celebrada el pasado 17 de diciembre, Núñez abogó tanto por el cumplimiento de la Resolución Conjunta 118, como con el compromiso del DV de separar $540 millones en fondos federales de mitigación. En su exposición, el director ejecutivo de ENLACE hizo hincapié en la urgencia de estos proyectos para facilitar el dragado del Caño.