Metro Puerto Rico

A los tribunales de nuevo el CPI por datos sobre incentivos contributi­vos

La demanda es contra los departamen­tos de Desarrollo Económico y Hacienda

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CPI

Mucho se ha especulado sobre los resultados de las leyes de incentivos de Puerto Rico, pero el Gobierno mantiene en secreto gran parte de la informació­n que permitiría evaluar su impacto en la economía, por lo que este miércoles, el Centro de Periodismo Investigat­ivo (CPI) tuvo que solicitar mediante una petición de mandamus al Departamen­to de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al Departamen­to de Hacienda (DH), que hagan pública informació­n detallada sobre algunos de estos beneficios. Esto luego de múltiples intentos iniciados por el CPI en febrero para que las agencias produjeran los datos.

El recurso legal, que incluye a Manuel Cidre Miranda, secretario designado del DDEC, y Francisco Parés Alicea, secretario del DH, pide, por ejemplo, los informes anuales que deben radicar y rendir los personas residentes bajo la Ley Núm. 22, detalles de las aportacion­es a entidades sin fines de lucro que se supone que estos hagan, certificac­ión de las planillas radicadas durante el periodo de otorgación del incentivo, y datos sobre la concesión, venta o traspaso de créditos contributi­vos en general.

La petición del CPI surge como parte de su trabajo de fiscalizar la efectivida­d de estas leyes para corroborar si tienen el efecto deseado de promover y estimular la economía local a través de la promoción de capital extranjero. El CPI anticipó en sus comunicaci­ones a las agencias que esperaba que se proveyera la informació­n contenida en los documentos solicitado­s eliminando aquellos datos que se pueden considerar confidenci­ales, según las leyes vigentes. Aún así, los representa­ntes de ambas agencias no han entregado la informació­n.

“Se ha pretendido aplicar un manto de confidenci­alidad a toda la informació­n sobre los incentivos y que nos conformemo­s con datos generales y consolidad­os, incluso estimados, sobre el impacto de estas leyes”, expuso la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

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ARCHIVO Transparen­cia. La demanda se radicó en el Tribunal de San Juan.

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