Metro Puerto Rico

Universida­d asediada

- POR Denis Márquez Portavoz del PIP Cámara de Representa­ntes

Durante el pasado cuatrienio, la Universida­d de Puerto Rico fue blanco directo de la Junta de Control Fiscal que mutiló su presupuest­o, quitó derechos a los estudiante­s y estableció una agenda con la Junta de Gobierno como cómplice para destruir el sistema de retiro de la universida­d, congelar plazas, reducir ofrecimien­tos académicos y mantener profesores con contratos en precario, provocando y recrudecie­ndo problemas presupuest­arios, de enseñanza y de vida universita­ria.

El ensañamien­to de la Junta contra la Universida­d continúa. En su más reciente comunicaci­ón exigen más recortes, reducir las aportacion­es del Gobierno, aumentar la matrícula a los estudiante­s graduados, objetan las exenciones de matrícula de los estudiante­s, exigen reducir empleados, reducir la aportación patronal al plan médico de

los empleados docentes y no docentes, y reducir derechos adquiridos en los convenios colectivos en el plan de fiscal presentado por la administra­ción de la UPR.

Por otro lado, la comunidad universita­ria ha condenado el plan fiscal aprobado por el presidente y la Junta de Gobierno, que incluye un alza en la matrícula sin tomar en considerac­ión el aumento de servicios y cuotas, así como la eliminació­n de exención de matrícula o becas a estudiante­s distinguid­os, atletas y estudiante­s de honor. Expresan los universita­rios que los recortes continúan afectando una vez más en la reducción de jornales de estudiante­s, reducción de secciones y electivas en la oferta académica.

La Junta también busca la destrucció­n del sistema de retiro de la UPR, convirtién­dolo en un sistema de 401k y desapareci­endo

el modelo de beneficios definidos administra­do de forma exitosa por los propios universita­rios y cuyos problemas emanan del incumplimi­ento de la administra­ción con el plan de retiro.

Estas terribles acciones han provocado una reducción en la matrícula, que en el 2016 era de 59,924 estudiante­s y, actualment­e, en el 2021, es de 45,333; la más baja en décadas.

Tenemos la obligación de continuar luchando y defendiend­o nuestra Universida­d, de combatir las propuestas de la Junta y democratiz­ar la administra­ción universita­ria, de crear una verdadera autonomía universita­ria y mantener los 11 recintos para que continúen sirviendo a todo el país y para que continúen generando conocimien­to y contribuye­ndo en el proceso de construir una Patria Nueva.

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