Derechos de la comunidad LGBTTIQ: mucha acción y pocos resultados
Legislatura Defensores de la comunidad y legisladores se expresaron esperanzados de que la discusión avance según transcurra el cuatrienio
Manuel Guillama Capella Entrando a la última semana de la primera sesión ordinaria del cuatrienio, ninguna de las 18 medidas presentadas que impactan los derechos de la comunidad LGBTTIQ ha logrado completar el trámite legislativo para llegar al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi.
El abogado y portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), Osvaldo Burgos, atribuyó ese hecho a la influencia que, con una delegación de dos legisladoras, ha logrado ejercer el conservador Proyecto Dignidad, así como a lo que catalogó como carencia de “liderato” del Partido Popular Democrático (PPD), con frágiles mayorías en ambos cuerpos.
“Tenemos estos personajes que entraron a la Legislatura del Proyecto Dignidad que se han dedicado a ser un escollo para todo lo que implique derechos de la comunidad LGBT independientemente cuál sea el derecho. Ha habido mucha tergiversación de los temas”, lamentó Burgos.
Además del Proyecto del Senado (PS) 184 que buscaba prohibir la práctica de las llamadas terapias de conversión o reparativas, pero cuyo informe positivo fue derrotado en comisión, Burgos resaltó el PS 103, que estaba en calendario para votación el lunes pero se dejó en el tintero luego de que la senadora Joanne Rodríguez Veve intentara introducir unas enmiendas que el abogado calificó de “terribles”. Este proyecto, del novoprogresista William Villafañe, propone que ninguna persona que cuente con un permiso gubernamental para operar un negocio pueda discriminar a empleados o clientes a base de su orientación sexual.
“El PPD y el Partido Nuevo Progresista se han convertido en unas delegaciones cobardes en atender los asuntos de la comunidad LGBT. No hay espina dorsal ahí. Parecería que el sector del Proyecto Dignidad ha secuestrado el término iglesia, porque no todas las iglesias piensan como piensan estas dos mujeres que están en la Legislatura”, subrayó Burgos.
“Si fuera importante para los partidos, particularmente el PPD, que tiene la mayoría, uno pudiese ver a los presidentes de los cuerpos ejerciendo mayor presión, como en otras ocasiones. Pero aquí no ha habido ni una reunión del caucus. Para este tema el argumento es que van a dejar que cada legislador decida por su conciencia. Si fuera otro tema llaman al caucus y ponen la regla del caucus y ejercen el liderato”, añadió el portavoz de CABE.
El portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, quien ha sido coautor de varios proyectos relacionados con los derechos de la comunidad LGBTTIQ, atribuyó los obstáculos que han enfrentado las medidas a la “división” que impera dentro de la colectividad.
“El PPD no deja de ser un partido que su razón de ser fue el de las luchas por la justicia, por los derechos civiles que hoy conocemos y disfrutamos, que se caracterizó por defender la equidad y la igualdad y las oportunidades de los más necesitados. A mi entender, con el tiempo, la institución ha evolucionado, quizás parte de ella, a una más conservadora. No en todo, pero en parte. […] Ha llegado a una etapa que, al haber logrado esa primera misión, tiene que hacer introspección y decidir cuál es su nueva misión hacia las nuevas generaciones. En ese detalle es que ha sido un proceso lento”, sostuvo el senador.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago coincidió con Burgos en el sentido de que el espacio para la discusión de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTIQ ha crecido dramáticamente respecto a la realidad de hace apenas unos años, lo que representa un avance incluso ante las dificultades para convertir en ley las medidas presentadas.
Ambos destacaron también las aprobaciones senatoriales del PS 130, que definió los términos de feminicidio y transfeminicidio como agravantes en el Código Penal, y el PS 136, que enmendó una serie de leyes para incluir la prohibición al discrimen por orientación sexual e identidad de género, real o percibida, en el espacio gubernamental.
“La defensa de la comunidad cuenta con más personas ahora. Yo recuerdo que en el 2005 (el exsenador) Jorge De Castro Font presentó una propuesta de enmiendas para que el matrimonio solo pudiera ser de hombre y mujer. Después de todas las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos la medida dio al traste, pero fue un momento muy álgido aquí.”, rememoró la legisladora pipiola.
No obstante, Santiago advirtió que, ante el desempeño que tuvo el Proyecto Dignidad en las pasadas elecciones, los sectores que buscan activamente limitar los derechos de la comunidad LGBTTIQ mantendrán un grado de visibilidad en la esfera pública.
Metro intentó contactar a la representante Lisie Burgos, autora de los Proyectos de la Cámara (PC) 764 y 768, pero la legisladora no estuvo disponible.
El PC 764, denominada como la Ley para Salvar los Deportes Femeninos, busca calcar la política adoptada en múltiples estados de Estados Unidos para impedir que mujeres que han atravesado procedimientos de cambio de sexo participen de competencias en la rama femenina a nivel escolar y universitario. En el caso del PC 768, que pretendía prohibir las terapias hormonales y cirugías de cambio de sexo a menores de edad, fue derrotado en comisión en votación 8-1.
El activista de la comunidad LGBTTIQ Pedro Julio Serrano catalogó ambas medidas como dos de las más “crueles e inhumanas” que se han presentado contra la población LGBTTIQ, pero consideró que la derrota del PC 768 ofrece esperanzas.
“La gente ya entendió que Puerto Rico tiene que ser para todo el mundo”, dijo Serrano, quien consideró que, en balance, la primera sesión ordinaria ha dejado un saldo mixto para la comunidad LGBTTIQ.