Acceso a la información pública para combatir la corrupción
La transparencia gubernamental no puede ser un estribillo de campaña. Esta misma semana, luego de la crisis energética que vivió el país ante su incompetencia de ofrecer un servicio de calidad, hemos visto como el consorcio LUMA Energy se negó a proveer información detallada sobre los trabajos de mantenimiento realizados a los interruptores de la Central Costa Sur. La vicepresidenta del consorcioLUMAindicóqueproveerelexpediente o la cronología de mantenimiento sacaría de contexto la situación ocurrida que dejó al país enterosinenergíaeléctrica.Estainformación, independientementeestéenmanosdeuntercerocustodio,esinformaciónpúblicayLUMA o cualquier contratista del gobierno tiene la obligación hacerla disponible para el público que la reclame.
Por situaciones como esta es que tomamos
acción, desde agosto del pasado año y en conjunto con varias organizaciones, para trabajar el tema de transparencia gubernamental. Lo hicimos en un novedoso formato entre la legislatura, el ejecutivo y ciudadanos y organizacionesexpertoseneltemaparafomentarla participaciónciudadana.Deesamaneradiscutimos los temas de manera participativa e integrada para producir un proyecto de ley que recoge todas las preocupaciones, sugerencias y observaciones obtenidas en términos de lo que debe ser una verdadera ley de transparencia gubernamental y su implementación.
Como producto de este diálogo, radiqué junto a los compañeros representantes José Bernardo Márquez, Denis Márquez y José ‘Che’ Pérez como coautores el Proyecto de la Cámara 1303, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el
Acceso a la Información Pública, y crea un nuevo marco legal que garantiza el acceso a información pública en Puerto Rico. De esta formasepromuevenprocesostransparentesy secombateverdaderamentelacorrupciónpública. En palabras simples, esta medida será la herramienta fundamental para que el pueblo fiscalicedemanerasencillalosprocesosgubernamentales.
Esta legislación extiende su aplicabilidad a todaslasramasdegobierno,incluyendocorporaciones públicas y municipios. Además, esta ley aplica a terceros custodios de documentación pública, incluyendo a personas privadas que desempeñan funciones y servicios públicos. Con esto, el país tendrá las herramientas necesarias para la fiscalización de los asuntos públicos.Estalegislaciónmarcarálanuevaera en el acceso a la información pública.