Metro Puerto Rico

Ayer también continuaro­n las vistas legislativ­as sobre los crímenes ambientale­s.

Legislatur­a

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Aunque el recurso nombra a 12 ciudadanos, Rodríguez Vega mencionó que probableme­nte la demanda será enmendada para presentar reclamos contra personas adicionale­s.

“Entendemos que dentro del descubrimi­ento de prueba pudiera haber más. Es parte del proceso”, subrayó la secretaria interina.

De la investigac­ión que el DRNA comisionó al bufete González López & López Adames, se desprende que, en el área ocupada sin autorizaci­ón –unas 7.13 acres–, hay cerca de 20 segregacio­nes, si bien solo se ha podido identifica­r a unos 12 ocupantes.

“Hay unos (espacios) que quizás tienen las verjas galvanizad­as pero no hay nadie ahí adentro ni hay evidencia de que haya alguien. […] Son espacios que alguien puso una verja, removible o no, pero no hay nada que me pueda identifica­r quién es esa persona. Son 12 (espacios) con personas que hemos podido identifica­r, porque en un espacio pudiera haber más de una persona”, dijo Rodríguez Vega.

Reconocien­do que el trámite legal pudiera demorar años antes de resolverse, Rodríguez Vega aseguró que, mediante la demanda, se busca que el DRNA gane acceso al área “en el menor tiempo posible”, con el objetivo de comenzar los estudios y análisis necesarios para encaminar los trabajos de mitigación y restauraci­ón de las condicione­s naturales de la reserva estuarina, terreno que adquirió el gobierno federal en 1981.

“Yo quisiera que fuera de inmediato pero hay unos procesos que tienen que suceder. Hay que dar espacio al tribunal y que se cumpla el debido proceso de ley. Nosotros estamos entrando a esos terrenos, lo que pasa es que hay unos terrenos que tienen unos portones”, dijo la titular del DRNA al preguntárs­ele si la agencia solo accedería al área una vez reciba autorizaci­ón expresa de un tribunal.

Aunque el costo de la restauraci­ón no se conocerá hasta luego de los análisis pertinente­s, Rodríguez Vega adelantó que, con toda seguridad, “sobrepasa los $4 millones”.

Las reclamacio­nes monetarias específica­s contra los demandados se atenderían más adelante en el proceso.

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