La gentrificación desplaza a las sobrevivientes de violencia doméstica
Investigación Al buscar alojamientos de corto plazo en la costa norte de Puerto Rico, en el pueblo de Manatí, por ejemplo, aparecen 45 alternativas en la plataforma Airbnb. En Clasificados Online sólo aparecen siete propiedades para alquiler a largo plazo
Valeria María Torres Nieves, de Todas y el CPI
La falta de inventario de rentas a largo plazo es un problema que afecta a muchas personas en Puerto Rico, donde el 32 % de las casas ocupadas son alquiladas, de acuerdo a datos del Censo para el 2020. Sin embargo, las poblaciones vulnerables, como las víctimas sobrevivientes de violencia en relaciones de pareja, se ven aún más impactadas por este problema.
Cuando una sobreviviente llega a un albergue de emergencia, se le crea un plan individualizado en el que se determinan los servicios que necesita para estabilizar su vida, luego de una experiencia traumática de violencia. Una vez recibe los servicios y su vida está, dentro de las circunstancias, más normalizada, se comienza un proceso de identificación de vivienda. Así, se desarrolla la independencia y la autosuficiencia de las sobrevivientes.
Coraly León Morales, directora ejecutiva de la organización Casa Protegida Julia de Burgos — que cuenta con dos albergues de emergencia — aseguró que la búsqueda de viviendas para alquiler usualmente tomaba un mes, incluso menos. Ahora, en coincidencia con lo que el planificador José Rivera Santana ha descrito como un acelerado proceso de gentrificación, que conlleva el encarecimiento del espacio y desplaza a las personas pobres para dar oportunidad a las ricas, la reubicación de las participantes en hogares transitorios puede tomar tres o cuatro meses.
Rivera Santana mencionó que la proliferación durante los últimos años de los alquileres a corto plazo y la acaparación de inmuebles y suelo por parte de inversionistas invitados a Puerto Rico con leyes de incentivos, ha provocado el aumento del valor de las propiedades y es una de las razones para la aceleración del desplazamiento. Esto se suma a lo que considera un problema endémico: la brecha entre el precio promedio de la vivienda en el mercado y el promedio de ingreso familiar. “Esa brecha no se ha cerrado, sino que se ha ampliado mientras los proyectos de construcción se concentran en viviendas de alto costo”, explicó el planificador.
“Los eventos como el huracán María, los terremotos, incluso, la pandemia, profundizan esa inequidad y los espacios de vivienda que quedan vacantes, los toman los inversionistas, que no vienen con una actitud de reducir esas inequidades, sino que vienen a capitalizar, lo que entienden que fue la invitación que le hizo el país”, expuso Rivera Santana.
La situación tiene un efecto dominó en los servicios que ofrecen los albergues, pues en la medida en que las sobrevivientes no pueden ser ubicadas en viviendas fuera del albergue, menos espacios disponibles quedan para otras mujeres que necesitan refugio para salir de los ciclos de violencia doméstica. Además, ha requerido un mayor esfuerzo del personal de los albergues el convencer a los arrendadores de conceder un espacio de vivienda digna y rápida a las sobrevivientes.
“La dificultad que estamos teniendo es que muchos de los lugares que originalmente teníamos acceso se están convirtiendo en Airbnb o han aumentado [su costo] considerablemente. Cuando digo ‘aumentado’ es que se ha duplicado y triplicado la renta”, expresó León Morales específicamente sobre su experiencia en el área metropolitana. En el último año, estimó, la organización ha perdido a unos seis arrendadores que alquilaban viviendas para participantes de Casa Julia. La organización se encuentra actualmente negociando con otros arrendadores que han expresado su interés de salir del programa de vivienda de Casa Julia para ofrecer sus espacios en alquileres de corto plazo, con los que ganarían más dinero.
Desde la implementación de la Ley 22 aprobada en 2012 en Puerto Rico, que atrae a inversionistas extranjeros con incentivos contributivos, el acceso a vivienda asequible para las sobrevivientes es un reto cada vez mayor, explicó por su parte Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth, que maneja tres programas de vivienda para sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, asecho y violencia en citas.
“Uno de los retos más grandes ha sido provocado por esta situación de la llegada de inversionistas a Puerto Rico, que están comprando [propiedades] desmedidamente. El reto mayor ha sido ese, la falta de inventario, porque, por primera vez, tengo que decir que no hay falta de recursos”, dijo Flores, quien señaló que hay una cantidad “histórica” de fondos disponibles que subsidian las rentas de las sobrevivientes.
Añadió que, aunque el cambio en la asequibilidad de la vivienda se observa desde el paso del huracán María en el 2017, la situación se ha agudizado a partir de la pandemia por COVID-19. Según datos de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, en los últimos dos años, los precios de vivienda en Puerto Rico han aumentado 24%.
Para la antropóloga cultural Rima Brusi, la relación entre la gentrificación y la falta de inventario de viviendas asequibles para la reubicación de sobrevivientes de violencia doméstica es de esperarse y destacó que hay un vacío de conocimiento académico sobre cómo opera el fenómeno en Puerto Rico, más aún con perspectiva de género.
El encarecimiento de la vivienda afecta mayormente a personas vulnerabilizadas, y se agrava por factores de raza, género y clase social, explicó.
Respuesta gubernamental
La subprocuradora de las mujeres, Madeline Bermúdez, no fue específica en las medidas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para atender la situación, más allá de subvencionar a las organizaciones feministas que ofrecen los servicios que el Estado no provee.
Aseguró que la OPM ha llevado su preocupación sobre el asunto a las mesas de trabajo en las que participa, pues los datos de estudios que han desarrollado para su uso interno evidencian cómo la gentrificación afecta la vida de las mujeres.
“Es un trabajo que comenzamos y estamos dando los primeros pasos: asegurarnos que estén los recursos, asegurarnos que se entienda la problemática, dejar saber cuál es la situación actual y cómo ha ido en aumento”, sostuvo.
Para contrarrestar la situación, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, dijo que ha asignado fondos de recuperación que subsidian la construcción de proyectos de vivienda de interés social. “El Estado asume su responsabilidad de contribuir a preservar y aumentar el inventario, a través de la inyección de fondos, en este caso, federales”, mencionó, aunque esto no resuelve el problema de manera inmediata.
El Secretario destacó la asignación de fondos CDBG-DR para que los albergues que atienden a las víctimas de violencia doméstica optimizaran, expandieran o crearan espacios de vivienda para las sobrevivientes. Informó que el tope del programa es de $2.5 millones, de los que $950,000 fueron asignados al Hogar Ruth y $270,000, a la Casa Protegida Julia de Burgos.
La directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos indicó que los fondos que recibió el albergue fueron asignados para mejoras de resiliencia ante el posible azote de otro huracán, como instalación de placas solares, sellado de techo y equipo para la cocina. Ese dinero, dijo, no está destinado a resolver el problema de acceso a vivienda para las participantes y no puede usarse para un propósito diferente al que se otorgó.
Por su parte, la directora de Hogar Ruth señaló la dilación en el desembolso de fondos para el desarrollo de las construcciones de expansión. “No es que no hay el recurso económico, creo que es la voluntad de mover las cosas de manera más expedita, con menos burocracia y de desarrollar los programas que tengamos que desarrollar”, dijo Flores.
Las mujeres son doblemente víctimas del desplazamiento Brusi definió la gentrificación como un proceso en el que aumentan los precios tanto de alquiler como de venta de propiedades en un sector particular, cuando este se vuelve, por alguna razón, más deseable para una población más pudiente que la que vive originalmente en ese lugar.
Asimismo, dijo que, en el contexto puertorriqueño, se debe tomar en cuenta el aspecto colonial, pues los gentrificadores que se observan en el archipiélago no son solo personas con mayor capital económico, sino que también son principalmente estadounidenses.
“Al final del día, cuando hablamos de gentrificación, estamos hablando fundamentalmente de desplazamiento. Te están desplazando de tu hogar, de tu barrio, de tu pueblo, de tu derecho a una vivienda digna”, enfatizó la antropóloga.
De esta manera, las sobrevivientes de violencia doméstica son doblemente víctimas de desplazamiento, por la violencia de género y por la gentrificación.
“La manera en cómo se está proyectando al país, como un paraíso fiscal, afecta a las personas pobres y afecta a sobrevivientes de violencia doméstica que están en busca de poder retomar sus vidas”, expuso León Morales.