Lentitud gubernamental ante un gas tóxico pone en riesgo $100 millones
Medioambiente. La EPA y la Junta de Control Fiscal advierten sobre inminentes sanciones federales si no hay un plan a tiempo para controlar el dióxido de azufre que emiten las centrales de la AEE.
Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre. En la isla lo emiten principalmente tres plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El contaminante contribuye a la formación de lluvia ácida y afecta el sistema respiratorio, agravando condiciones como el asma en niños y ancianos.
Si el Plan de Implementación para controlar las emisiones de azufre no está listo y aprobado para el próximo 3 de junio, entrará en vigor una primera sanción que obligará a reducir a la mitad las emisiones de todo proyecto público o privado en las dos zonas de “no logro”, donde no se ha cumplido con los límites de dióxido de azufre. Una de esas zonas está ubicada en el norte, e incluye áreas de San Juan, Toa Baja, Cataño, Bayamón y Guaynabo, y otra los municipios sureños de Guayama y Salinas.
“Hay muchas empresas de manufactura que pueden verse afectadas por esos requisitos”, dijo Carmen Guerrero, directora de la división del Caribe de la EPA. Uno de los efectos sería la exigencia de reducir la generación de energía con cualquier combustible fósil que contribuya a las emisiones de dióxido de azufre. La EPA no tiene la discreción de aplazar las sanciones en caso de que Puerto Rico no cumpla a tiempo, puesto que se trata de un mandato federal de la Ley de Aire Limpio, según Guerrero
Si el plan tampoco está listo para el 3 de diciembre de 2022, entrará en vigor una segunda sanción. El gobierno federal congelará el desembolso de más de $100 millones anuales en fondos federales para puentes y carreteras en las dos zonas de “no logro”, y la EPA asumirá las riendas en la creación del
Plan de Implementación.
La Junta de
Control Fiscal, nombrada por el gobierno estadounidense para controlar las finanzas y para que Puerto Rico pague su deuda pública, le envió el 25 de marzo una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, con copia al gobernador Pedro Pierluisi y otros jefes de agencia, alertando sobre el riesgo de perder el dinero y pidiendo celeridad.
La Fortaleza envió las siguientes declaraciones escritas: “La Administración [de Pierluisi] se encuentra comprometida con desarrollar y presentar a la EPA un Plan Estatal de Implementación que sea consistente con la política pública de transformación de nuestro sistema eléctrico. Como parte de ese proceso, funcionarios de la Administración han estado en constante comunicación con la EPA, entidad que ha brindado comentarios a varios borradores compartidos. Recientemente, se recibió cierto insumo adicional de parte de la EPA, el cual será incorporado en el Plan, antes de ser sometido formalmente ante dicha agencia. Estamos confiados en que las sanciones relacionadas a los fondos para puentes y carreteras no entrarán en vigor, pues cumpliremos con las fechas establecidas por EPA para evitar las mismas”.
La agencia que lidera el proceso de cumplimiento ante la EPA por el Gobierno de Puerto Rico es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
La Junta de Control Fiscal indicó en su carta que está “preocupada” por la posibilidad de que el Gobierno incumpla con la fecha límite del 3 de junio. Señaló que las propuestas que barajaban la AEE y el DRNA para reducir las emisiones de dióxido de azufre van en contra del Plan Integrado de Recursos de la AEE, e incumplir con ese plan maestro constituye un problema legal.
Un ejemplo del incumplimiento es que la AEE propone convertir las unidades 7, 8, 9 y 10 de la Central de San Juan para que produzcan energía con gas natural, un proceso de construcción que puede extenderse hasta el 2030. Pero el Plan Integrado de Recursos ordena todo lo contrario, que esas unidades se retiren de servicio y no que se transformen.
Además de crear el Plan de Implementación, el DRNA tiene que enmendar su Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica. “Hacerlo conllevará tiempo”, según la Junta de Control Fiscal, anticipando la burocracia y los pasos que debe llevar a cabo el DRNA para cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
El 28 de abril, la Junta de Control Fiscal solicitó a la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, que le enviara la versión final de las enmiendas al Reglamento para evaluarlas. El ente fiscal y el DRNA no respondieron a preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de si este documento ya había sido enviado.
La bomba de tiempo “se pudo haber evitado”, dice la EPA
La EPA estableció en el 2010 límites más rigurosos a las emisiones de dióxido de azufre, con un nuevo tope de 75 ppb (partes por mil millones) en periodos de una hora. La extinta Junta de Calidad Ambiental (JCA) no pudo supervisar el cumplimiento porque no tenía la infraestructura necesaria para monitorear la calidad del aire. En el 2016, la JCA le comunicó a la EPA que, a falta de dicha tecnología, usaría un sistema para calcular emisiones a base de proyecciones. Este arrojó que los principales emisores de dióxido de azufre en Puerto Rico son las centrales eléctricas de San Juan y Palo Seco, en el norte, y Aguirre en el sur.
dinero que ellos dan no da ni para cubrir un semestre”.
Según la directora, la aportación de la agencia es apenas el 27% de su presupuesto. Aunque el estudiantado de Vimenti aumentó a 126 en 2020, el Departamento asignó $3,241 por alumno, un aumento de $89 para cada uno en comparación a la asignación del año anterior.
Siguiendo esas proyecciones, la EPA designó en 2017 a San Juan, Guayama y Salinas como zonas de “no logro”. Esa designación requería que el DRNA, que estaba en proceso de absorber las funciones de la JCA, desarrollara el Plan de Implementación para octubre de 2019. El Gobierno de Puerto Rico falló con esa fecha, al igual que fallaron los estados de Indiana y Luisiana, y el territorio de Guam, según la EPA.
“Ahora en junio comienzan unas sanciones que quizás se pudieron haber evitado”, indicó Guerrero. “Hubo un tiempo de planificación y de gestión que no se pudo aprovechar”, dijo. La funcionaria dirigió el DRNA entre 2013 y 2016, antes de que se declararan las zonas de “no logro”. Guerrero mencionó que, en el caso de Puerto Rico, los cambios de secretarios y de procesos administrativos impidieron que el
DRNA terminara el plan a tiempo, pero insistió en que la dirección de esa agencia es la que debe dar una explicación de por qué no está listo aún.
El DRNA anunció que el 11 de abril llevaría a cabo vistas públicas para adoptar el Plan de implementación y enmendar el Reglamento. Pero sólo publicó el anuncio en el área de Calidad de Aire de su página web, y no en lugares visibles como la sección de vistas públicas o el área de noticias, o en las redes sociales de la agencia. Finalmente, en la vista sólo depuso la AEE, aunque la EPA y el Negociado de Energía sometieron comentarios por escrito.
La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, dijo al CPI que la agencia aún está evaluando los comentarios e incorporando las recomendaciones que considera pertinentes, y que espera entregar el plan antes de que entren las sanciones. Indicó, a cuestionamientos sobre la poca publicidad del proceso de vistas públicas, que la agencia hizo un anuncio en el diario Primera Hora el 11 de marzo, y que concedió 30 días para que la población sometiera su parecer al respecto, como se lo exige la Ley. Sostuvo que los huracanes Irma, María y los terremotos afectaron las labores para terminar el Plan de Implementación. “El trabajo se retomó con fuerza por instrucciones del Gobernador Pierluisi en 2021, y estamos cumpliendo con las expectativas”, sostuvo Rodríguez.
Poca participación
Lissie Avilés, líder ambiental de Cataño, una de las áreas afectadas por las emisiones del dióxido de azufre, se enteró de la vista pública cuando el CPI le llamó. No fue la única sorprendida.
“Observamos que la comunidad y los grupos ambientales a los que representamos no recibieron una copia de la notificación, a pesar de que han participado en múltiples procesos ante el DRNA y la antigua Junta de Calidad Ambiental”, indicó un equipo legal conformado por la organización ecologista EarthJustice y los abogados puertorriqueños Ruth Santiago y Pedro Saadé, en una carta al DRNA.