La secuela de los actores de la incompetencia
En Puerto Rico el debate sobre la privatización de las empresas y servicios gubernamentales se pierde entre debates ideológicos inmovilistas. La larga lista de la ineficiencia y corrupción gubernamental es incuestionable. Sin embrago, la lista de privatizaciones ineficientes, corruptas y poco productivas también es considerable.
Definitivamente Puerto Rico necesita mirar con seriedad el privatizar servicios y empresas públicas. La privatización no es, ni puede tornarse en mala palabra para nuestro quehacer económico. Ahora, el debate sobre la privatización cobra mayor importancia en tiempos de crisis económica e institucional. Los pueblos que implementan procesos de privatización en tiempos de crisis económica y en donde sus instituciones gubernamentales sufren de patrones de corrupción y asfixia en la ejecución, corren el riesgo de atraer inversionistas de pobre calidad o especuladores, se dan procesos contractuales pobres, sin garantías suficientes, así como una pobre capacidad del gobierno para supervisar la efectividad de los servicios privatizados. Precisamente lo que hemos estado viviendo en Puerto Rico recientemente con New Fortress, LUMA y Global Port Holdings.
Nos enfrentamos ahora a los mismos actores de la incompetencia, aprobando la privatización del corazón del desarrollo económico de Puerto Rico, la generación de energía, y entregando a través de este proceso llevado a cabo con muy poca transparencia y conocimiento de los pormenores de la transacción a una empresa que ha demostrado un patrón de conducta contrario a los intereses de Puerto Rico, New Fortress.
New Fortress tiene un historial nefasto en Puerto Rico. En primer lugar, un proceso plagado de irregularidades en la obtención del contrato para el suministro de gas natural y conversión de las Unidades 5 y 6 de la central de ciclo combinado de San Juan. Estas irregularidades incluyeron: (1) el recibo por parte de la AEE de una propuesta no solicitada por parte de New Fortress; (2) la firma de un Acuerdo de Confidencialidad con dicha corporación, otorgándole acceso a reuniones e información antes de que se publicara la Solicitud de Propuestas o RFP del proyecto, entre otros. Estas acciones eran suficientes para anular el proceso de contratación, pero nada sucedió.
Por otra parte, el contrato de 1.5 billones firmado con New Fortress el 5 de marzo de 2019 para dicho propósito, fue aprobado por la AEE, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal, aún cuando se habían levantado preocupaciones genuinas sobre estructuras de pago y estimados de ahorros y costos esperados.