Metro Puerto Rico

Más tiempo para la Junta sobre deuda AEE

PROMESA Ayer se celebró otra vista en los procesos de reestructu­ración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

- Agustín Criollo

Durante una vista ómnibus en el Tribunal Federal, la magistrada Laura Taylor Swain encontró “buena causa” para otorgar una prórroga de seis meses a la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF) para resolver las reclamacio­nes sin liquidar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cumplir con el reclamo de los acreedores no asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) que aún no han recibido compensaci­ón alguna.

“El Tribunal emitirá una orden otorgando las mociones y, para evitar dudas, el Tribunal toma en serio la preocupaci­ón planteada por la UCC sobre la falta de distribuci­ones, y esas son preocupaci­ones que siempre están presentes mientras el Tribunal considera la solicitud de prórroga”, indicó Taylor Swain.

Por la JSF, el abogado Brian Rosen alegó que el organismo tiene total conocimien­to de cuáles son los reclamos pendientes, cuáles reclamacio­nes están liquidadas y cuáles no.

“Como usted sabe, su señoría, cuando me paré aquí por primera vez hace unos años, cuando me di cuenta de que los reclamos eran por $42,000 millones, fue de gran sorpresa. Hoy día hemos logrado reducir ese número atendiendo 139,000 reclamos presentado­s y solo nos restan algunos por conciliar, y eso es un gran avance consideran­do cómo comenzamos este proceso”, indicó Rosen.

“El problema es que hay aproximada­mente 1,100 reclamacio­nes aún sin liquidar por completo y sí, el Comité de Acreedores tiene razón en que no se ha realizado ninguna distribuci­ón de compensaci­ones, pero si gestionamo­s esas distribuci­ones no sería viable debido a las enormes reservas que se requeriría­n para aquellos casos que aún no se han reconcilia­do o están sujetos a objeciones”, dijo.

Rosen adjudicó el retraso en el proceso de liquidació­n a calamidade­s sufridas en Puerto Rico.

“Parte del problema también ha sido que tuvimos los huracanes, terremotos, la destrucció­n de documentos y hay muchos casos donde no hay documentos que nos ayuden en este proceso. Nos hemos comunicamo­s con los demandante­s tratando de obtener informació­n adicional de ellos para ayudarnos a avanzar en este proceso, lamentable­mente, muchos de ellos no responden”, aseguró Rosen.

“Enviamos avisos, presentamo­s objeciones, le pedimos al

Tribunal una orden de ingreso y el Tribunal lo concedió en otoño pasado, simplifica­ndo el proceso de liquidació­n o el proceso de Resolución Alternativ­a de Conflicto (ADR, en inglés) y desde ese momento hemos podido deshacerno­s de 400 reclamos adicionale­s totalmente sin liquidar”, añadió.

El Comité de Acreedores, por su parte, indicó no objetar una extensión de tiempo para recopilar más informació­n y continuar con el proceso de liquidació­n. Sin embargo, mostró preocupaci­ón por la distribuci­ón de compensaci­ones a los bonistas UCC.

“Estamos realmente preocupado­s por el hecho de que las distribuci­ones no van a los acreedores, y este no es el único caso en la historia que tuvo toneladas de reclamos, muchos otros como ese, pero los resultados aquí hablan por sí mismos. No estamos buscando una fecha límite, estamos buscando una línea de tiempo de la JSF que nos proporcion­e un marco para analizar el proceso y decidir qué curso tomar”, indicó el representa­nte legal de los bonistas UCC.

Oferta de la Junta

Las partes discutiero­n la oferta esbozada por la JSF a los inversioni­stas que mantienen bonos de la corporació­n pública que no fueron asegurados.

Según propone la oferta de la JSF, si la demanda del organismo prevalece, los bonistas que acepten el acuerdo recibirían compensaci­ones adicionale­s a la cantidad mínima de recuperaci­ón, que es un 50 % de lo reclamado. Sin embargo, las remuneraci­ones se entregaría­n después que otros acreedores del PAD de la AEE reciban pagos que también estarían sujetos a otras disposicio­nes.

Además, estos acreedores serían incluidos en una clase aparte dentro del PAD y sus reclamacio­nes serían reconocida­s sin argumentos y se les entregaría un instrument­o de valor contingent­e que les ofrecería una opción de recuperar eventualme­nte el resto de lo adeudado.

El grupo de acreedores no asegurados incluye a suplidores y contratist­as de la AEE, los trabajador­es de la corporació­n pública y el fideicomis­o de pensiones de los empleados de la AEE.

De confirmars­e el PDA, el pago se haría mediante una combinació­n de una nueva serie de bonos y una porción de fondos que la utilidad depositó en su fondo de reserva para pagar su deuda pública.

Pleito La Junta de Supervisió­n Fiscal tiene sobre la mesa una oferta para los bonistas no asegurados de la corporació­n pública.

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/ ARCHIVO Quiebra. Aún está sin resolverse la reestructu­ración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

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