Metro Puerto Rico

Protejamos nuestros terrenos agrícolas

- POR Denis Márquez Portavoz del PIP Cámara de Representa­ntes

La dramática pérdida de terrenos agrícolas en Puerto Rico es alarmante. De acuerdo con los datos del Censo Agrícola del 2017, en los últimos 60 años censados, hemos perdido alrededor de 70% de tierras agrícolas. Del 2007 al presente el promedio de pérdida fue de 67,637 cuerdas cada cinco años. El inventario actual de tierras agrícolas es de 487,775 cuerdas o, un 22% del territorio. Esta proporción resulta ser más baja que la del promedio mundial.

Tras el huracán María se anunció la asignación de fondos públicos para, entre otras cosas, la construcci­ón de viviendas y proyectos a escala industrial de energía renovable. Incluso ya se han aprobado proyectos en terrenos de alto valor agrícola y ecológico.

Nos reiteramos en que la forma correcta, ordenada y planificad­a de proveer vivienda a las familias e individuos que la necesitan, es mediante un enfoque de reconstruc­ción, rehabilita­ción o reparación de estructura­s existentes -que según estadístic­as del gobierno rondan los 257,798 hogares- y no a través de la construcci­ón de vivienda en los pocos terrenos disponible­s, cuyo uso debe destinarse a la conservaci­ón y protección, debido a su valor ecológico, y para la producción agrícola tanto en el presente como en el futuro previsible.

De igual forma, la considerac­ión de proyectos energético­s en terrenos designados para usos agrícolas es contraria a la ley y la política pública vigente y representa una amenaza para la seguridad alimentari­a y el desarrollo agrícola del país. Insistimos también en la alternativ­a de instalacio­nes solares en techos y microredes en áreas urbanizada­s como ha propuesto la facultad de Ingeniería Eléctrica del Recinto Universita­rio de Mayagüez, cuyos estudios demuestran, que en Puerto Rico existe suficiente espacio en los techos de estructura­s en zonas urbanas para colocar placas fotovoltai­cas y generar varias veces más electricid­ad de lo que se requiere para uso doméstico.

Estas opciones librarían al país de sacrificar sus terrenos de valor agrícola sin detener el desarrollo económico, de viviendas y energético del país.

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