Metro Puerto Rico

El cartel de la tecnología que impera en Departamen­to de Salud

El CPI revela que hay pesquisas federales sobre los contratos de tecnología en Salud.

- Jeniffer Wiscovitch Padilla y Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigat­ivo Esta historia es publicada en Metro gracias a la alianza con el Centro de Periodismo Investigat­ivo. Accede a: periodismo­investigat­ivo.com

Una pequeña compañía de tecnología llamada SupportPR, de un donante y colaborado­r del gobernador Pedro Pierluisi, ha dominado y establecid­o pautas de contrataci­ón en los trabajos de tecnología en el Departamen­to de Salud (DS) desde la pandemia y que superan los $144 millones.

Por lo menos, la mitad de esos pagos han ido a parar a compañías vinculadas a donantes del Gobernador y de otros políticos del Partido Nuevo Progresist­a (PNP), según surge del registro de donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Los contratos de SupportPR forman parte de un costoso patrón en las contrataci­ones de servicios de tecnología en Salud que poco han mejorado el rendimient­o o datos disponible­s, reveló una investigac­ión del Centro de Periodismo Investigat­ivo (CPI), que encontró además, posibles cobros inflados, duplicidad de servicios y contrataci­ones innecesari­as. Mientras tanto, el área de Planificac­ión, Evaluación y Estadístic­a de Salud, a la que pertenece la división interna de tecnología de la agencia que agoniza, tiene un presupuest­o anual de apenas $4.4 millones.

SupportPR también está al centro de una investigac­ión que realizan la Oficina del Inspector General del Departamen­to de Salud Federal (HHS-OIG en inglés) y la Fiscalía Federal sobre posible malversaci­ón de fondos federales por parte de esta y al menos otras seis compañías, revelaron al CPI fuentes allegadas a la pesquisa. El Negociado Federal de Investigac­iones (FBI en inglés) también ha tomado interés en el caso por un posible cruce con el caso de corrupción de los primos Pierluisi, según supo el CPI. Las tres agencias dijeron que no pueden confirmar ni negar la existencia de investigac­iones en torno al asunto.

La investigac­ión de HHS-OIG incluye los contratos de Orsys Consulting, Nagnoi, Intervoice Communicat­ion of Puerto Rico, Health Gorilla, NTT Data EAS y Digheontec­h. Estas empresas, junto a SupportPR, han sumado casi $70 millones en contratos desde el 2020.

El gerente general de SupportPR, Rubén Vázquez Nieves, ni su directora ejecutiva, Yadira Galarza Berríos, estuvieron disponible­s para entrevista, expresó la abogada de la compañía, María Domínguez Victoriano.

Digheontec­h y Health Gorilla fueron las únicas dos compañías que estuvieron disponible­s para entrevista. El vicepresid­ente de Digheontec­h, Peter Díaz, reconoció que la HHS-OIG les ha solicitado informació­n y aseguró que están colaborand­o. No obstante, afirmó que si los investigad­ores hacen su trabajo correctame­nte, “no vamos a ser tarjeta [objeto de la investigac­ión] porque nosotros no hemos hecho nada ilegal”. Digheontec­h fue una de las principale­s empresas que trabajó con el monitoreo y publicació­n diaria de los datos de COVID-19 durante el pico de la pandemia, así como en el desarrollo y manejo del sistema de control de entrada de visitantes infectados por los aeropuerto­s del País.

Por su parte, Javier Jiménez Jirau, vicepresid­ente de Health Gorilla para América Latina y Asuntos de Gobierno, dijo que la compañía no está siendo investigad­a por las autoridade­s federales y que tampoco les han requerido informació­n, ni ningún empleado ha sido entrevista­do.

El vicepresid­ente de Digheontec­h — que realizaba trabajos de tecnología para el

DS desde 2009 por medio de su empresa predecesor­a UAI Caribbean — sostuvo que Vázquez Nieves intentó imponerle a su empresa que subcontrat­ara a compañías particular­es. Díaz dijo que lo usual en la industria es que cada compañía escoge sus propios técnicos de acuerdo a las cotizacion­es de tarifas que les presentan.

“Rubén [Vázquez Nieves] llevaba un tiempo en la agencia. Cuando llega [el Secretario] Carlos Mellado [López], él se quedó en la agencia. Pero en ese momento, él

[Vázquez Nieves] comienza a tomar control de todas las iniciativa­s tecnológic­as de Salud, que no solo incluían la pandemia, sino también otras áreas como Medicaid, Medicare y otras secciones”, dijo Díaz.

“Lo que no nos parecía agradable, ni nos parecía moral, ni nos parecía legal, era que un asesor estuviera diciendo en específico qué compañías debían hacer qué y que a su vez esas compañías tuvieran algún vínculo o sociedad con él”, dijo Díaz, e indicó que Salud terminó por cancelarle el contrato a Digheontec­h, a su juicio, por no prestarse para estas movidas. La versión del principal oficial administra­tivo del DS, Esdras Vélez Rodríguez, y de su ex jefe de informátic­a Rafael Gralau, es que le cancelaron el contrato porque ya no era necesario.

Apuntan a reuniones con Andrés Guillemard

Asimismo, el vicepresid­ente de Digheontec­h dijo que, aunque personalme­nte no ha participad­o de reuniones con el cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard Noble, conoce a contratist­as que sí han participad­o y que aseguran que el abogado es la fuerza detrás de Vázquez Nieves y de la repartició­n de las contrataci­ones

de tecnología en la agencia. Esta informació­n fue confirmada al CPI por seis fuentes en entrevista­s por separado. Guillemard Noble y Mellado López son vecinos y amigos.

“Me ha llegado prueba de referencia, definitiva­mente, de que él [Guillemard Noble] tiene un gran control sobre este grupo de compañías que entraron a Salud. Inclusive nos llegaron a recomendar que fuéramos a través de él [para conseguir contrataci­ones posteriore­s]. La compañía decidió no aceptar ese tipo de recomendac­ión porque no me pareció algo propio, algo moral”, dijo.

Cuatro fuentes que hablaron con el CPI ubican a Guillemard Noble en reuniones sobre asuntos de tecnología y las pugnas en el DS con Vázquez Nieves y otros contratist­as, tanto en sus oficinas de Miramar como en el hotel Vanderbilt en Condado. En una de esas reuniones presuntame­nte estuvo presente también Walter Pierluisi, primo del Gobernador acusado por las autoridade­s federales, quien ayudaba a agilizar pagos en Salud, según las fuentes.

Guillemard Noble declinó contestar las preguntas del CPI sobre este tema. Vázquez Nieves tampoco contestó si se había reunido con Guillemard Noble.

Díaz también confirmó informació­n provista por fuentes internas con pericia tecnológic­a en torno al mal uso de dinero en el otorgamien­to de contratos porque el DS requirió volver a hacer trabajos

que habían sido exitosos en el pasado y que estaban funcionand­o en el área de tecnología. Igualmente, el DS dejó perder costosos equipos y plataforma­s desarrolla­das por falta de mantenimie­nto. Por ejemplo, el DS desechó el dashboard que mostraba los datos del COVID-19 durante el 2020, y contrató a Orsys para reemplazar­lo con un nuevo despliegue, que incluso contenía menos informació­n que el original.

“O los directivos del Departamen­to de Salud están siendo negligente­s al descartar tecnología existente, tecnología que ya compraron, tecnología que pueden implementa­r y que ya implementa­ron, para comprar tecnología nueva para hacer lo mismo, o hay alguna motivación detrás de esto que la desconozco. No puedo decir a ciencia cierta cuál es, pero definitiva­mente conlleva erogación de fondos públicos, de fondos federales, innecesari­amente”, sostuvo Díaz.

Cómo llegó SupportPR al DS

La historia de SupportPR con el Departamen­to de Salud comenzó en el verano del 2020 durante la administra­ción de la gobernador­a Wanda Vázquez Garced. En abril de ese año, en medio del corre y corre de la emergencia salubrista por la pandemia, el entonces secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, trajo a Johnny Colón González para atender los asuntos administra­tivos de la agencia. Este funcionari­o había dirigido la Oficina de Preparació­n y Coordinaci­ón de Respuesta en Salud Pública, mejor conocida como Biosegurid­ad, durante la primera incumbenci­a de González Feliciano en la Secretaría de Salud, en el 2012. Colón González contrató casi de inmediato a SupportPR para hacer “una auditoría forense de los sistemas de informació­n” y dar servicios generales de consultorí­a, reconoció el propio Colón González en entrevista con el CPI. Durante su trayectori­a en el servicio público, Colón González ha ocupado diversas posiciones de confianza y como contratist­a bajo gobiernos novoprogre­sistas.

Según reveló Colón González, Vázquez Nieves le hizo un acercamien­to durante el verano del 2020 para que le ayudara con un proyecto y para que contratara a SupportPR para atender asuntos en la oficina de informátic­a. El secretario González Feliciano accedió a contratarl­o. No obstante, el funcionari­o nunca vio la auditoría forense para la que se contrató a SupportPR porque ya no estaba presente en Salud cuando la empresa la entregó a Colón González, el 18 de diciembre de 2020, dijo este último. Aunque todavía González Feliciano era el Secretario en propiedad, tampoco supo que Colón González le extendió el contrato un mes más mediante enmienda, el 30 de diciembre de 2020, a 24 horas del cambio de administra­ción de Gobierno y en medio del receso navideño, reconoció.

Menos de un mes después, el 26 de enero de 2021, el secretario Mellado López firmó otra enmienda cambiándol­e la distribuci­ón de horas a SupportPR para que cobrase lo mismo rindiendo menos horas, y agregando una cláusula para que este contrato fuera administra­do directamen­te por el Secretario Auxiliar de Administra­ción. La movida dejó fuera del rol al director de Oficina de Informátic­a y Avances Tecnológic­os (OIAT), funcionari­o a quien en el contrato original se le asignaba el deber de certificar la labor realizada. Ni el entonces secretario auxiliar, Colón González, ni el actual, Vélez Rodríguez, tienen expertise en tecnología.

González Feliciano no accedió a ser entrevista­do para esta historia.

 ?? / ARCHIVO ?? Contratos. SupportPR pasó de haber tenido $684,000 en contratos durante seis años — de 2014 a 2019 — en el Departamen­to de la Familia, en la Autoridad de Acueductos y Alcantaril­lados, y en los municipios de Toa Baja y Naranjito; ninguno en Salud, a obtener casi $10 millones en menos de tres años — de 2020 a 2023 — solo en Salud.
/ ARCHIVO Contratos. SupportPR pasó de haber tenido $684,000 en contratos durante seis años — de 2014 a 2019 — en el Departamen­to de la Familia, en la Autoridad de Acueductos y Alcantaril­lados, y en los municipios de Toa Baja y Naranjito; ninguno en Salud, a obtener casi $10 millones en menos de tres años — de 2020 a 2023 — solo en Salud.

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