Denuncian inercia gubernamental para
De la LGBTTQIA+ lamentan que mientras se frenan proyectos de avanzada, se discuten medidas discriminatorias.
Durante el presente cuatrienio sobre una decena de medidas legislativas que impactan a la comunidad LGBTQIA+ -tanto de manera positiva como de manera negativa- han sido presentadas y muchas de ellas han quedado en el trámite legislativo.
Entre las medidas que buscan ampliar los derechos de la comunidad se encuentra el Proyecto del Senado 226 para crear la “Ley para Garantizar el Análisis con Perspectiva de Género de las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico a través de las entidades que la componen”. La misma pretende evitar cualquier acción discriminatoria o desventajosa contra la comunidad LGBTQIA+ y las mujeres por parte del Estado. Sus autores son los senadores María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 764, de la representante del Proyecto Dignidad Lisie Burgos, ha sido denunciado por defensores de derechos humanos por buscar prohibir la participación de mujeres trans en categorías femeninas de competencias deportivas.
La activista de la comunidad LGBTQIA+, Cecilia La luz , destacó la importancia de mayores protecciones en todo tipo de escenario.
“Hemos visto que el Senado se compone de personas que no son necesariamente políticos y senadores que están a favor de los derechos de la comunidad LGBTQIA+, porque si lo fueran, hubiesen presentado proyectos de ley y lo que hemos visto es que estas personas no tienen la sensibilidad humana”, aseguró La Luz en entrevista con Metro.
La Luz imputó al gobernador Pedro Pierluisi no cumplir con el compromiso sobre la implementación de la perspectiva de género en el currículo escolar y el compromiso con el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), sobre la violencia contra la mujer. “Tenemos un gobernador mudo, que no toma posturas”, aseguró la activista.
Ante preguntas sobre por qué muchas medidas no han llegado hasta el escritorio del gobernador, el también activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, respondió que hay falta de voluntad política de aquellos que dicen ser aliados de la igualdad de derechos. Opinó que otra razón es “lo insidioso del odio de unos fundamentalistas que están promoviendo detener este tipo de medidas”.
Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, presentó ocho medidas legislativas relacionadas a las comunidades LGBTQIA+. Santiago
dijo que a su juicio la medida legislativa más importante es el Proyecto del Senado 136 para enmendar la Ley 22-2013, que establece la Política Pública del Gobierno en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado.
“El Proyecto del Senado 136 aspira a que se prohíba el discrimen en todas las instancias de la vida ciudadana. Se aprobó en el Senado y está pendiente a consideración en la Cámara y entiendo que hasta ahora no hay votos suficientes porque aparentemente hay personas que estiman que las personas de las comunidades LGBTQIA+ no deben tener los mismos derechos que tienen las personas heteronormativas”, comentó la senadora.
De igual forma, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmau, quien fue coautor del Proyecto
del Senado 130 para clasificar como delito los feminicidios y transfeminicidios y establecer protocolos, aseguró que aunque fue convertida en ley, no se ha hecho cumplir.
“Después de ese proyecto ha habido unos cuantos asesinatos viles de mujeres y no ha habido ninguna consecuencia jurídica conforme a la penalidad que establecía el proyecto”, afirmó el senador.
Proyecto contra deportistas trans
Una medida legislativa que ha sido criticada y repudiada por miembros de la comunidad LGBTQIA+ es el PC 764 de la autoría de la representante del Proyecto Dignidad , Lisie Burgos.
Burgos, quien también es presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presentó la medida para crear la “Ley para Salvar los Deportes Femeninos”, proyecto que busca prohibir la participación de mujeres transgénero en las categorías femeninas.
La medida dispone que todo equipo deportivo que pertenezca a una escuela pública, o que compita contra estas, pueden estar integrados únicamente por personas que se identifican con su sexo biológico. También menciona los equipos posmixtos.
En vista pública, dijo que el motivo de esta ley es acabar con la “desventaja para la mujer ante las marcadas diferencias fisiológicas y biológicas entre los sexos femenino y masculino. Es un hecho irrefutable que el hombre posee un nivel mayor de testosterona natural que la mujer”.
En Estados Unidos estados como Iowa, Alabama, Arkansas, Florida, Mississippi, Montana, Tennessee, Texas y West Virginia han dado paso a este tipo de prohibición, como parte de una creciente campaña conservadora en contra de las personas transgénero.
Sobre eso, la activista trans, Ivana Fred, lamentó que personas en posiciones de poder se enfoquen en una minoría como la comunidad trans. “Pueden hablar de la comunidad LGBTQIA+, pero casi todo lo que proponen hace alusión a la comunidad trans, invisibilizando o tratando de minimizar a una comunidad que en este momento de la historia es cuando ha logrado visibilizarse y está un poquito más adelante, ya que durante muchos años, por lo menos que yo tengo de vida, siempre ha sido una comunidad invisible”, comentó Fred.
“Es una agenda de odio porque tantos temas sociales que hay como la criminalidad en Puerto
Rico, las drogas, entre muchas otras cosas que son daños sociales reales que tienen consecuencias y se enfocan en esto, eso deja claro que es una agenda de odio”.
“Es triste que cosas tan sencillas como lo que es el deporte, traten de en todo momento minimizar a una comunidad que no le quieren permitir desarrollarse en todos los ámbitos”, subrayó.
De igual forma, el activista Pedro Julio Serrano catalogó de antiético, inhumano y perverso las acciones que han tomado los miembros del Proyecto Dignidad en contra de la comunidad. “Es depravado ese afán del PD de querer borrar de la existencia a las personas trans y a la comunidad LGBTQIA+”, comentó.
Medidas en Estados Unidos
Cecilia La Luz Activista LGBTQIA+ “Tenemos un gobernador mudo, que no toma posturas”.
Estados con gobernadores republicanos como Florida, Texas y Tennessee han impulsado leyes para prohibir la educación con perspectiva de genero, prohibir libros sobre la comunidad LGBTQIA+ en las escuelas y los drag shows en espacios públicos.
De igual forma, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien recientemente oficializó su aspiración a la presidencia por el Partido Republicano, firmó el pasado 19 de abril una extensión a todos los niveles escolares de la ley que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género. La también llamada “No digas gay” por parte de sus detractores ha sido criticada por colectivos de la comunidad LGBTQIA+ en los Estados Unidos.
Además, también convirtió en ley las restricciones al acceso de personas trans que residen en Florida a tratamientos de afirmación de género.
La activista La luz comentó que la prohibición de estos servicios de salud ha provocado un éxodo de personas LGBTQIA+, especialmente trans, de ese estado.
“Hay una guerra fuerte con el gobernador DeSantis ya que se han aprobado a nivel de legislatura municipal un sinnúmero de proyectos y lo que hacen es quitarle derechos humanos a personas LGBTQIA+ en ese estado, específicamente personas trans”, aseguró la activista.
“Aquí en Puerto Rico tenemos un copy and paste, diría yo, de esas acciones extremistas”, concluyó La Luz.