Río Grande interviene en controversia de Picúas
El municipio sostuvo que buscará en los tribunales remover verjas y aclarar situación legal de construcciones en la zona costera.
El tema de las construcciones en zonas marítimo-terrestres en Puerto Rico vuelve a tomar relevancia luego de que pescadores del municipio de Río Grande derribaran la semana pasada portones que les impedían el paso a la playa pública de Las Picúas, levantando en el lugar un campamento de voluntarios para evitar que se continúe entorpeciendo el libre acceso al litoral.
Según trascendió, propietarios de casas de verano y residencias para renta a corto plazo en la estrecha franja de tierra, ubicada entre la reserva natural del río Espíritu Santo y la playa Las Picúas, entorpecieron el acceso a la playa mediante la construcción de un portón que clausuró uno de los pocos accesos restantes.
Los manifestantes del Campamento Erizo fueron vocales en adjudicar la responsabilidad de la situación a la presunta inacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y del municipio de Río Grande.
Sin embargo, el alcalde del municipio, Angel “Bori” González Damudt, aseguró a Metro estar en conocimiento de la acción de los pescadores y aseguró apoyar sus esfuerzos para mantener un acceso directo y público a las playas de Río Grande.
González Damudt explicó que el pleito por el acceso por ese portón en particular se encuentra en los tribunales y que hay una vista pautada para el próximo 12 de junio.
Según explicó el ejecutivo municipal, la semana pasada los abogados del municipio sometieron un procedimiento especial de cese y desista al amparo del artículo 14.12 de la Ley 161 del 1ro de diciembre de 2000, o Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.
“Mi compromiso es sacar el portón que se construyó bajo mi incumbencia. Ahora, no estoy diciendo que los demás (portones) se van a quedar, yo los tengo que revaluar y estamos en ese trámite. Como la finca no está segregada y no tienen permisos (de construcción), no se sabe realmente, no está claro, lo que es finalmente en términos de acceso público en alguno de los casos”, señaló el alcalde.
“Estuve reunido con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) evaluando los mapas que ellos tienen y también llamé a la Junta de Planificación (JP) y estoy gestionando una reunión con la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), porque ellos me dicen que son los que pudieran tener unos planos finales reales”, añadió.
El problema de acceso al litoral de la playa Las Picúas, indicó el ejecutivo municipal, data de décadas y la raíz de la controversia es que la franja de tierra pertenece a una finca privada de 77 cuerdas ubicada entre la reserva y la playa. La finca, a su vez, ha sido vendida por lotes de tierra mediante afidávits, ya nunca ha sido segregada legalmente.
Ello, indicó el alcalde, ha propiciado la construcción indiscriminada de residencias de lujo, lo que ha dado paso a la clausura del acceso a la playa sin los debidos permisos del gobierno.
No obstante, el alcalde aseguró a Metro que se encuentra en el proceso legal para, sistemáticamente, remover otros portones que impiden el paso a la playa pública.
“Al yo lograr (remover) ese primer portón, vamos a continuar quitando todos los portones que están allí puestos ilegalmente. Quería meter en el trámite los 14 portones que los pescadores señalan, pero no los logramos identificar. A nivel de los planos del CRIM solo aparecen dos o tres”, indicó el primer ejecutivo municipal.
El alcalde explicó que desde 2021 existe una denuncia ante la Policía Municipal por un segundo portón eléctrico levantado en otro de los accesos a la playa.
“Hicimos una investigación con la Policía Municipal y se les advirtió a los residentes que eso era ilegal, pero se construyó con un permiso de la OGPe, entonces me querellé con ellos. Resulta que la JP, que es la que hace el trámite después de que OGPe hace la permisología, otorgó ese permiso por un ingeniero certificado como permite la nueva ley, que no tiene que seguir los debidos procesos que se seguían antes”, denunció.
“Cuando la JP hace la auditoría determina que el ingeniero certificado actuó no acorde con la ley, pero, luego que nosotros sometimos un recurso, el 17 de febrero, el Tribunal de Apelaciones dictó que no tenía jurisdicción y que prevalecía lo que la JP había determinado”, añadió.
La Junta de Planificación indicó a través de comunicación escrita a Metro, que esa agencia no tiene autoridad sobre los terrenos de la playa Las Picúas.
Como La Parguera
Una de las mayores preocupaciones de los pesadores es la construcción de residencias sin título de propiedad. Algunos compararon lo que ocurre en las Picúas con la zona de La Parguera en Lajas.
“Es más o menos la misma situación [que en La Parguera]. Aquí tampoco hay titularidad para todas esas construcciones”, explicó por su parte Jesús Acosta, miembro del Campamento Erizo y policía retirado de Río Grande, quien por más de 70 años ha sido residente y pescador en la zona.
“Estos terrenos eran una sola finca que estaba aledaña a la reserva natural, pero el dueño de esa finca comenzó a tratar de venderla en pedazos tratando de cambiarle la zonificación, pero se le hizo difícil al estar entre la reserva natural y la zona marítimo-terrestre, así que empezó a vender la finca a través de declaraciones juradas con abogados porque ahí no hay títulos de propiedad, excepto el de la finca completa”, añadió el septuagenario.
“Aquí hay hasta piscinas construidas en la zona marítimoterrestre”, denunció el pescador quien señaló como uno de los responsables al biólogo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) encargado de la zona.
A pesar de que la Ley 141 de 2019, conocida también como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” garantiza el acceso a información del gobierno, Metro intentó en varias ocasiones, y sin éxito, obtener una reacción de la OGPe sobre cuántas ventas de terrenos en Puerto Rico son hechas a través de afidávits y no por título de propiedad como es en el caso de Las Picúas.
¿Área de anidaje?
Según explicó el alcalde de Río Grande, la más reciente polémica en la zona comenzó por la decisión del DRNA de colocar vallas en el acceso de entrada de los pescadores al presuntamente ser un área de anidación de tinglares y al alegar que el paso de los pescadores y bañistas al área afecta la integridad de la zona.
Sin embargo, los pescadores, quienes por generaciones han utilizado el área, aseguran que esto es falso.
“Eso es totalmente falso. El DRNA sabe que por donde los pescadores salen, esa área específica que ahora dicen que es área de anidaje (sic), por ahí no anidan, eso es imposible. Aquí los tinglares no pueden pasar por encima del arrecife que hay y la zona de Atalasia, que está frente a donde nosotros desembarcamos y atracamos”, señaló Acosta quien ha sido pescador en la zona gran parte de su vida.
“Otra cosa que dice el DRNA es que aquí no se puede acampar por ser zona de anidaje (sic), pero entonces ¿sí se puede vivir? Eso es absurdo, pero lamentablemente, la secretaria ha creído a calzón quitao en la versión de su biólogo”, añadió.
Por su parte, el alcalde de Río Grande concurrió en que el DRNA pudo haber evitado la situación si hubiera mantenido una mejor comunicación con las autoridades municipales antes de cambiar las zonificaciones en Las Picúas.
“Le dije a la secretaria que por favor visitara el área para atender el asunto. La secretaria vino a Río Grande hace un par de semanas, visitaron un área por el río Espíritu Santo, y a los días aparecieron los caminos de Las Picúas rotulados como área conservada del DRNA sin dar ninguna explicación”, denunció.
Metro intentó conversar con la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, o cualquier otro funcionario de la agencia, para aclarar la situación, sin embargo, su oficial de prensa indicó que no podían discutir el tema debido a que el asunto se encuentra aún bajo investigación de la agencia. El DRNA se limitó a enviar un comunicado escrito donde justifica sus acciones.
“Luego de denuncias por la entrada de vehículos a un área protegida, que es zona de anidaje (sic) de tortugas, el Cuerpo de Vigilantes intervino y actuamos de inmediato con el objetivo de proteger ese lugar en donde, hasta el momento, se han reportado 50 nidos”, asegura la misiva.
El comunicado indica, sin embargo, que el DRNA no cerró el acceso a la playa, que aún puede recibir la visita de residentes vecinos, pescadores y otras personas que utilicen la zona de forma pasiva y recreativa, pero que el acceso a vehículos no está permitido.