Hablan las víctimas del truco de los estorbos públicos
Ciudadanos quedan indefensos ante un patrón en el que alcaldes dieron rienda suelta a un grupo de compañías para que gestionen las declaraciones de estorbos públicos, tasaciones, representación legal en los procesos de expropiación y ventas de las propied
Wilma Maldonado Arrigoitía, Damaris Suárez y Vanessa Colón Almenas
En septiembre del 2020 a Vilma Velázquez Hernández la emplazaron por una demanda de expropiación porque, sin que ella se hubiera enterado, la casa que habita con su esposo en la urbanización Jardines de Barcelona fue declarada estorbo público por el
Municipio de
Juncos.
Son cerca de las 10:00 de la mañana del martes de
Semana Santa y en los congeladores de la Pescadería Vellón solo quedan algunas libras de colirubias, pargos, cotorros y boquicolorás. Como parte de la cultura religiosa y popular, esta es la semana de mayor demanda de pescado y marisco en Puerto Rico. Sin embargo,
Vellón teme no cumplir este año con la gran demanda de los frutos del mar. El sargazo es la razón.
No hacía mucho que esta enfermera retirada había llegado de Estados Unidos, donde estuvo por cuatro años tras emigrar poco antes del huracán María. El ciclón causó daños a su residencia, cuando le voló dos ventanas, pero luego de regresar a la isla, y según las circunstancias se lo permitían, ella la limpió, arregló y habitó. Por eso, cuando el emplazamiento para expropiar su vivienda llegó, no podía creer que perdería el único techo que tenía.
Entonces, acudió al tribunal para presentar una moción por derecho propio y evitarlo. En el documento afirmó que su casa no era un estorbo público y que ese era su hogar.
“El pastizal en la parte de atrás de la casa ya fue cortado. Mi casa está pintada ahora. Voy a pintar las rejas”, escribió con su puño y letra en el papel y aclaró que se tardaría un poco porque no tenía mucho dinero. “Yo pagué mi propiedad por 30 años y no es justo que la pierda. Hablé con el Sr. Alcalde Papo Alejandro personalmente y él me dijo que me olvidara de ese papel y viviera en ella”, añadió en la moción por derecho propio.
Casi tres años después de la petición de Velázquez Hernández, todavía el caso para expropiar su casa sigue su curso en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Su propiedad ya tiene comprador: Dynamic Group LLC y JJ Inversiones, según el documento de compensación presentado por el Municipio de Juncos a través de su representante Universal Properties Realty Government Services,
una compañía contratada por el gobierno municipal para manejar los estorbos públicos y las expropiaciones forzosas.
Dynamic Group está registrada como compañía desde 2016, pero no indica la naturaleza de su actividad comercial. Mientras que JJ Inversiones aparece registrada a nombre de José A. Deyá, quien es uno de los directivos de Universal Properties. Ni Deyá ni Universal Properties respondieron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre las distintas transacciones en las que JJ Inversiones figura como parte con interés en las mismas expropiaciones forzosas que maneja Universal Properties. Tampoco Dynamic Group aclaró su relación de negocios con Deyá, si alguna.
La residencia en Jardines de Barcelona fue tasada en $10,000, pero el municipio le dijo al tribunal que “dado a su alto grado de deterioro se recomienda la demolición”. Aunque Velázquez Hernández perdería su casa que ya está libre de hipoteca, no recibiría ninguna compensación tras su expropiación porque a los $10,000 le restaron $20,567 que facturó Universal Properties por el manejo del alegado estorbo. En esa factura incluyó gastos de un supuesto mantenimiento de la casa que poco a poco limpiaba la enfermera retirada y su esposo.
A la compensación también se le restó una deuda de $28,558 con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que según la propietaria no es real porque “esta es la única casa que he tenido toda mi vida” excepto por los cuatro años que, por circunstancias personales, estuvo fuera del país.
Velázquez Hernández confía — más por su fe religiosa que por otra cosa — que el caso se resolverá a su favor. “Mi Dios me ayuda”, dijo al CPI en la marquesina de su casa. Aunque a la misma vez, no deja de angustiarle su situación porque piensa “que aquí [en el país] se ven mil trucos”.
Si la expropian, “me dejan en la calle”, dijo.
El CPI fue hasta la alcaldía para preguntarle al alcalde Alfredo “Papo” Alejandro porqué el Municipio proseguía con esta expropiación, según refleja el expediente judicial, pero el ejecutivo municipal no estaba ni respondió a una petición de entrevista que se le hizo hace más de un mes.
El objetivo no es solo eliminar el estorbo
A partir de la aprobación del Código Municipal de 2020 — que derogó la Ley de Municipios Autónomos y facilitó la adquisición y disposición de los estorbos públicos — casi la mitad de los municipios, 35, contrataron compañías y bufetes de abogados para manejar los estorbos públicos y su expropiación forzosa.
Actualmente estos servicios — con estipulaciones y prestaciones diferentes — los ofrecen Universal Properties Realty Government, el bufete Francis & Gueits y City Renewall. Estos últimos dos solo tienen como cliente al Municipio de Caguas. La organización sin fines de lucro Centro para la Reconstrucción del Hábitat tiene acuerdos colaborativos con 17 municipios.
El abogado de Universal Properties Realty Government Services, Antonio Álvarez Torres, dijo al CPI en marzo que los municipios que son sus clientes no tienen interés en quitarle las propiedades a nadie y que el objetivo principal es que se eliminen los estorbos públicos.
Pero el récord judicial muestra ejemplos, como el de Velázquez Hernández, en los que se persiste en despojar de la propiedad a sus dueños aun cuando estos muestran interés en retenerla, e incluso la viven.