Más de $21 millones de contribuciones en jaque por falta de fiscalización a beneficiarios de Ley 22
En el 2021, el Gobierno prometió mano dura contra los infractores, una auditoría a cada beneficiario y cambios a la ley para requerir mayor inversión en Puerto Rico para otorgar el incentivo. La auditoría no se ha terminado, los esfuerzos para enmendar la ley han quedado detenidos por el PPD y hace más de un año que no cancelan un decreto por incumplimiento.
Cuando le preguntan sobre cómo se está fiscalizando a los inversionistas extranjeros de la llamada “Ley 22”, Carlos Fontán hace referencia a los 311 decretos que la oficina de Incentivos que dirige en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha intentado revocar por incumplimiento.
“Han habilitado al Departamento de Hacienda —porque las revocaciones son retroactivas— a instar procesos para recobrar más de $24 millones en pago de contribuciones sobre ingresos”, dijo en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Pero la cifra de 311 decretos que se intentaron cancelar es la misma que se dio en agosto de 2022. Es decir, hace más de un año que el DDEC no intenta cancelar un decreto de Ley 22 por incumplimiento. Además, entre esos 311, hay cuatro casos en los que se dejó sin efecto la cancelación, y otros 29 cuya revocación no es final y firme debido a recursos de revisión que continúan sin resolverse. En realidad hay 278 decretos cancelados a esta fecha.
De los $24 millones que deben en contribuciones quienes perdieron su decreto, sería una sorpresa que se haya recobrado $3 millones, admitió el secretario de Hacienda Francisco Parés, quien advirtió que cobrar esta deuda es cuesta arriba.
Desde que comenzó el programa del incentivo en el 2012 hasta el 2020, el DDEC nunca verificó si los beneficiarios de la Ley 22 cumplían con los pocos requisitos que tiene la ley: presentar un informe anual, realizar donativos a entidades sin fines de lucro y residir en Puerto Rico. En marzo del 2021, el secretario del DDEC, Manuel Cidre, anunció una auditoría de cumplimiento sobre cada decreto otorgado y advirtió que habría mano dura contra los infractores. También prometió cambios a la Ley 22 — ahora bajo la Ley 60 del Código de Incentivos —para requerir más inversión en Puerto Rico a quienes obtengan el beneficio.
Dos años después, nada de esto ha ocurrido, según la investigación del CPI. La ley sigue sin enmendarse y la auditoría no ha finalizado, a pesar de que Fontán dijo en aquel momento que “parte del proceso” terminaría a finales del 2021. Mientras, la pluma de decretos de Ley 22 sigue abierta: entre finales del 2020 y febrero de este año, el número de “residentes inversionistas” acogidos al beneficio contributivo aumentó de 3,146 a 5,010, o casi 60 %.
Una auditoría millonaria que no ha terminado en dos años
El CPI pudo identificar al menos 11 casos de beneficiarios de Ley 22 que mantienen decretos vigentes a pesar de haber sido acusados de delito o señalados por irregularidades en el manejo de sus negocios, deudas contributivas y por residir en otras jurisdicciones y no en Puerto Rico, como requiere el incentivo.
Por ejemplo, como parte de una candidatura al Congreso, el “criptomagnate” Brock Pierce aseguró en el 2021 ser residente de Vermont cuando consideró aspirar a una candidatura al Senado federal, al mismo tiempo que mantenía un decreto de Ley 22. Al día de hoy, Pierce continúa con su decreto activo, según datos del DDEC.
Según Fontán, de los casos de irregularidades de beneficiarios de Ley 22 reseñados, “la prensa menciona meras alegaciones. O sea, yo tengo que revocar los casos por las razones específicas que establece la ley. Te voy a dar un ejemplo: que esa persona no está en Puerto Rico. Una alegación. La realidad del caso es que eso se tiene que probar y no puedo revocar un decreto para que la persona —como tiene el debido proceso de ley— vaya al tribunal y entonces el tribunal me diga, ‘esa revocación es inválida’”. El funcionario rechazó comentar sobre investigaciones de beneficiarios del incentivo que lleva a cabo su oficina. La agencia tampoco quiso precisar cuántas investigaciones activas tienen al día de hoy.
El DDEC nunca ha revocado un decreto por incumplimiento con el requisito de residencia en Puerto Rico. Tampoco lo ha hecho por otras causales como dejar de notificar su mudanza aquí, no realizar el donativo anual a organizaciones sin fines de lucro, incumplir con la responsabilidad contributiva o solicitar y obtener el decreto mediante fraude.
Según Fontán, la única causa para revocar decretos ha sido incumplir con la entrega del informe anual, un formulario donde los beneficiarios detallan sus ingresos, activos financieros, propiedades, negocios y otros datos personales.
“Estamos investigando las alegaciones que se hacen de los distintos individuos y cuando se dé la evidencia fehaciente y los hechos materiales que nos permitan revocar esos decretos, así lo haremos”, añadió.
Fontán dijo que su oficina requiere a los beneficiarios información electoral, la licencia de conducir, planillas de contribución sobre ingresos y los informes anuales que “nos dicen cuántos días pasaron en Puerto Rico”. Sobre esto último, la ley requiere al menos 183 días al año, pero esto no está escrito en piedra.
“Puedes estar 160 días, para darte un ejemplo, y aún así ser residente porque demuestras que ‘por la naturaleza de mi trabajo, yo tuve que viajar, pero mi esposa y mis hijos están en Puerto Rico, tengo licencia en Puerto Rico, tengo bote en Puerto Rico’. Le pedimos recibos de pasajes, estados de cuenta, estados de cuenta de las tarjetas de crédito, para constatar que [...] esta persona definitivamente fue residente de Puerto Rico”, dijo.
El DDEC indicó por escrito que requieren esta documentación como parte de la auditoría que realiza desde el 2021.
Para auditar a los beneficiarios de la Ley 22, el DDEC contrató a Ecoval LLC, una firma de consultoría financiera con oficinas en Guaynabo.
Incorporada en el 2014 bajo Soria LLC —cambió su nombre a Ecoval en el 2020— la firma ha conseguido más de $25.7 millones en contratos con 27 agencias de Gobierno. Desde abril del 2021, Ecoval suma $4.9 millones con el DDEC por servicios que incluyen auditar el cumplimiento de los decretos otorgados bajo la Ley 22 y otras leyes de incentivos.
El principal oficial de la compañía es Eduardo Soria Rivera, un abogado CPA donante del Partido Nuevo Progresista (PNP). Para la compañía trabaja José Marrero, el ex director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo la administración Rosselló Nevares. Mientras estuvo en OGP, Marrero otorgó al menos $665,000 en contratos a Soria LLC.
En el 2021, Soria Rivera fue nombrado por el tribunal como administrador judicial en la liquidación de JR Asphalt, una asfaltera contratista del Gobierno cuyos principales oficiales se declararon culpables de corrupción. El nombramiento de Soria ocurre luego que los dueños de la asfaltera lo recomendaran para esta tarea.
Engavetados por el PPD los cambios propuestos a la Ley 22
Salil Zaveri, quien obtuvo los beneficios de la Ley 22 en el 2016, mató a un perro mientras jugaba golf en Río Grande. El “inversionista residente” fue acusado, encontrado culpable y sentenciado a un año de prisión. Su decreto de Ley 22 fue cancelado, pero la causa de revocación, en lugar de su conducta delictiva, fue incumplir con la radicación de su informe anual.
Se desconoce si el incumplimiento vino antes de resultar convicto, ya que el DDEC nunca entregó este dato, a pesar de múltiples solicitudes del CPI. La agencia solo compartió los nombres de las 278 personas que perdieron sus decretos y cuyas revocaciones advinieron finales y firmes.
Como Zaveri, existen otros casos de beneficiarios de Ley 22 acusados de delitos, como Raheel Naviwala (acusado de fraude a Medicare), Aaron Vick (acusado de corrupción por la venta de pruebas de Covid-19), y Rishi Shah y Shradha Agarwal (ambos convictos por fraude a inversionistas).
A diferencia de Zaveri, los “inversionistas residentes” Naviwala, Vick, Shah y Agarwal todavía aparecen con sus decretos vigentes, encontró el CPI.
Esta historia se publica en Metro
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