Hay que definirse
El nuevo escenario político requiere que los candidatos a dirigir la administración del gobierno de Puerto Rico, desde la legislatura y el ejecutivo, expongan con claridad sus propuestas al electorado. No es suficiente un llamado hueco a derrotar el bipartidismo, fundamentado exclusivamente en el hartazgo de estructuras partidistas rendidas a la inevitable aplicación de la ley de hierro y a la política de la extracción de una oligarquía corrupta que han hecho fracasar a los gobiernos una y otra vez.
Los candidatos deben de ser capaces de convencer, con sus capacidades y experiencia, su idoneidad para dirigir un equipo de trabajo competente y capaz, fundamentado en el mérito, con una visión clara de hacia dónde nos dirigimos en el desarrollo
de una filosofía de gobierno coherente. No es suficiente hablar de la estadidad o la independencia como llave para resolver los problemas que enfrentamos.
Ni la estadidad o la independencia van a resolver nuestros problemas de corrupción gubernamental o inversionismo político estructural. La estadidad que ofrecen Pierluisi y Jenniffer es una inalcanzable, pues se fundamenta en una extrema dependencia de fondos federales y en la ausencia del desarrollo de un empresarismo local pujante y vigoroso que sea capaz de desarrollar capital suficiente para crear riqueza y atraer a su vez la inversión necesaria para reducir la dependencia. De hecho, Jenniffer se jacta de todos los fondos federales que su “gran labor en el congreso” ha generado, mientras Pierluisi se jacta de haberlos gastado. Ninguno de los dos tiene obra para demostrar el verdadero crecimiento económico que requiere Puerto Rico para salir de la dependencia. Ambos, en sus políticas y prácticas, pasadas y presentes, apoyan un gobierno grande, burocrático, ineficiente y del cual tenga que depender la empresa privada y la gente.
Pierluisi, como fiel demócrata, ha apoyado la implementación de la ideología de género a través de todo el ejecutivo, fomentando la imposición de talleres al respecto, requiriendo que las profesiones tengan que adoptar el lenguaje inclusivo de género como requisito para renovar sus licencias.