Inversionistas de Ley 22 atraídos por el desarrollo costero
La experiencia de comunidades en Isabela y en Vega Baja muestra que el Gobierno de Puerto Rico actúa en contra de las recomendaciones de expertos y de su propia política pública, que se supone proteja los recursos costeros.
En el barrio Bajura, en Isabela, en un área inundable, con alto riesgo de erosión, clasificada como Suelo Rústico Especialmente Protegido colindante con el Carso Norteño y con la zona marítimo terrestre, se propone el proyecto Isabela Reefs, de 33 unidades residenciales turísticas, con una casa club con piscina, área de juegos y restaurante.
El terreno donde el asesor en fondos de inversión Daniel Grunberg Walg y el inversionista Tyson Carter se proponen levantar el proyecto está frente a la playa Shacks, donde hay dunas. En los comentarios que envió a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 12 de abril de 2023, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) advirtió que la construcción de Isabela Reefs puede revertir el trabajo de restauración de las dunas que se ha hecho en esta área.
“Todo relleno en esta área para eliminar la condición de inundabilidad del terreno [como parte de la construcción], no es cónsono con los esfuerzos de restauración y reforestación de las dunas en el predio”, dice el documento.
Residentes de la comunidad Quique Bravo, en Bajura, donde ubica la playa Shacks, se oponen al proyecto porque recuerdan muy bien que cuando el huracán María azotó a Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2017, la única vía de acceso al sector se inundó luego de que las olas del mar entraron a la desembocadura de la quebrada Los Cedros que ya tenía crecido su nivel debido a las impetuosas lluvias. Los residentes quedaron más de tres días aislados y el agua entró a hogares y comercios.
Elaine Cosby, quien vivía en Quique Bravo en ese momento, recordó que el agua alcanzó más de tres pies y medio de profundidad, que entró a parte de su propiedad y a un negocio de bebidas que en aquel momento era suyo. Desde entonces se mudó de allí.
Los vecinos del sector, en el que hay cerca de 60 viviendas, temen que la construcción del proyecto residencial agrave las inundaciones por marejadas que ya sufre la comunidad tras haber perdido gran parte de sus dunas por la extracción de arena que se mantuvo en la costa isabelina durante décadas.
En mayo de 2022, el Departamento de Agricultura (DA) objetó el proyecto. La agencia expresó que el terreno tuvo y pudiese tener uso agrícola, y que “la magnitud del proyecto propuesto altera[ría] el patrón de uso de terrenos del lugar”. No obstante, en enero de 2023, la agencia, todavía dirigida por Ramón González Beiró, cambió radicalmente de postura y endosó el proyecto.
“En revisión y evaluación nuevamente de esta solicitud se determinó que estos terrenos están calificados como urbanizables”, dijo el DA. “La actividad agrícola no estará afectada por este proyecto”, concluyó.
La carta que muestra el cambio de postura fue enviada por la OGPe a solicitud del CPI, luego de que en tres ocasiones, Lisdián Acevedo, oficial de prensa de la agencia, reiterara que Agricultura había mantenido su objeción al proyecto. Acevedo es también la persona de prensa a cargo de la campaña a la reelección del gobernador Pedro Pierluisi.
En 2018, a un año del paso del huracán María, Isabela estaba entre los municipios con varias secciones de costa con más erosión, según el borrador del plan del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC).
Según el estudio del estado de las playas liderado por Maritza Barreto Orta, Isabela también es uno de los municipios en los que la línea de costa tuvo la mayor migración tierra adentro, con aproximadamente 3.5 kilómetros, específicamente en playas como Shacks.
“La implicación del movimiento de línea de agua tierra adentro es el aumento de exposición de la zona costera a inundaciones ante nuevos eventos”, dice el documento.
Esta historia se publica en Metro
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