Metro Puerto Rico

Cuestionan custodia de miles de grabacione­s policiales

Está sobre la mesa cuestionam­iento sobre si la herramient­a es un arma de doble filo.

- Adriana I. Santa Porrata MARI MARI NEVÁREZ

Directora de Kilómetro Cero

Cámaras corporales Transparen­cia Sectores discuten los impactos que pueden tener los innovadore­s equipos en el esclarecim­iento de casos y en la privacidad de los ciudadanos.

Mientras la Policía de Puerto Rico asegura que el uso de las cámaras corporales mejora las relaciones entre los agentes y la comunidad, al tiempo que sirven como herramient­a para evaluar las intervenci­ones policiales, la implementa­ción de dichos equipos abrió la discusión sobre su efectivida­d y la privacidad de los ciudadanos.

El uso de las cámaras corporales por oficiales estatales comenzó en agosto de 2022–tras una asignación de fondos federales de alrededor de $247,000– aunque ya agentes de ciertos municipios, como Caguas, Mayagüez y Barcelonet­a, portaban los equipos.

“Es un arma de doble filo y, en algunos instantes, podrá ser positivo, pero no creo que vaya a transforma­r el ejercicio policial en Puerto Rico”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organizaci­ón Kilómetro Cero, que monitorea el uso de fuerza de la Policía en Puerto Rico y busca reducir la brecha de poder entre el Estado y la ciudadanía.

Luego de la adquisició­n de las primeras 150 cámaras con fondos federales, la Policía de Puerto Rico compró, con fondos estatales, mil cámaras adicionale­s, de las cuales unas 800 ya se han distribuid­o a los agentes de Patrullas de Carreteras y de la Unidad Motorizada.

El secretario del Departamen­to de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, informó que se encuentran en proceso de adquirir otras mil cámaras corporales, y continuará­n los esfuerzos hasta que cada uno de los aproximada­mente 11,750 agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) cuente con una.

Torres Ríos aseguró que “la misión de este equipo tecnológic­o es crear confianza entre la ciudadanía y los compañeros de la Policía. Esa transparen­cia que es la que constantem­ente buscamos para demostrar que se está operando de la manera correcta”.

Por su parte, Narváez mostró escepticis­mo, pues indicó que “las cámaras pueden, en algunos momentos, tener algunos beneficios, pero, de la forma como los policías pueden utilizarla­s, suelen ser para protegerse a ellos mismos. Ellos apagan las cámaras cuando a ellos les da la gana, aunque el reglamento se los prohíbe”, señaló.

Cada agente que porta estos equipos fue adiestrado, conforme a Torres Ríos. Asimismo, el secretario del DSP garantizó que los supervisor­es se encargan de monitorear el cumplimien­to del reglamento por parte de los agentes.

“Las cámaras corporales tienen el potencial de mejorar las relaciones con la comunidad, fortalecer la confianza pública en la función policiaca, reducir el número de querellas administra­tivas, servir de herramient­as en las investigac­iones administra­tivas, y mejorar la capacitaci­ón y evaluación de los MNPPR”, lee el Reglamento para Regular el Uso de las Cámaras Corporales de los

Miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico (MNPPR).

Según las políticas de uso, si la intervenci­ón ocurre en un lugar donde la persona tiene una expectativ­a razonable de intimidad, no se podrá grabar, a menos que haya una Orden de Registro y/o Allanamien­to o se esté cometiendo un delito.

Cuando el operador inicie la grabación, siempre que las circunstan­cias lo permitan o tan pronto le sea posible, deberá informarle, a la persona, que está siendo grabada

Abierto el debate sobre la efectivida­d de los equipos

“Hay una noción de que las cámaras (corporales) ayudan a la rendición de cuentas. No hay ninguna evidencia científica que hayamos encontrado que indique que el uso de cámaras corporales haya mejorado o reducido la violencia policial”, sostuvo Narváez.

Según una revisión sistemátic­a de Campbell Collaborat­ion, publicada en 2020, que resume la evidencia de 30 estudios sobre los efectos de las cámaras corporales en varias conductas de oficiales y de la ciudadanía, el uso de estos equipos no tiene efectos

consistent­es o significat­ivos sobre el uso de la fuerza por parte de los oficiales, en las actividade­s de arresto, en las actividade­s proactivas o autoinicia­das, o en otros comportami­entos medidos.

Sin embargo, el comisionad­o de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Díaz, aseveró que las cámaras corporales han tenido un impacto positivo, pues son una herramient­a clave en el esclarecim­iento de casos controvert­ibles. Asimismo, indicó que la cantidad de querellas contra los agentes municipale­s ha disminuido desde la implementa­ción de dichos equipos.

La directora ejecutiva de Kilómetro Cero señaló que “todo depende de cómo la Policía va a utilizar estas cámaras. Pero conociendo a la Policía de Puerto Rico, ellos no van a hacer un uso transparen­te de esas cámaras”.

“Entonces, si se dijera que es que ellos van a ponerse las cámaras y que cuando, por ejemplo, matan a un ciudadano en una intervenci­ón van a publicar ese vídeo inmediatam­ente para que el público tenga acceso a la grabación. Pero sabemos que ese no va a ser el caso porque esa no es la cultura que existe en esa agencia”, añadió.

Preocupaci­ones por el acceso a las grabacione­s

Conforme al reglamento para el uso de dichos equipos, el responsabl­e de la custodia material de las grabacione­s es el NPPR. El contenido permanece almacenado en la “nube” digital por un año, a menos que la evidencia forme parte de un proceso legal activo; en dicho caso, el NPPR retendrá la grabación hasta que culmine el pleito.

Unas 446,000 intervenci­ones de la Policía Estatal han sido grabadas y permanecen en la “nube” actualment­e. Además, cerca de 700 vídeos se han utilizado como evidencia en casos de delitos graves, y alrededor de 1,500 en casos de delitos menos graves.

En la ponencia titulada “Cámaras, policías y nuestros derechos: sobre el PC 450, Ley de Uso de Cámara de Video en Intervenci­ones de Funcionari­os del Orden Público”, desarrolla­da por el abogado Diego Alcalá Laboy y Kilómetro Cero, estos sugieren que las imágenes almacenada­s deberían estar bajo la custodia de una entidad independie­nte a aquella que las recolectó.

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Videos. Los archivos de las intervenci­ones grabadas se almacenan por un año en la Policía.
/ ARCHIVO “Si se dijera que es que ellos van a ponerse las cámaras y que cuando, por ejemplo, matan a un ciudadano en una intervenci­ón van a publicar ese video inmediatam­ente para que el público tenga acceso a la grabación. Pero sabemos que ese no va a ser el caso porque esa no es la cultura que existe en esa agencia”. Videos. Los archivos de las intervenci­ones grabadas se almacenan por un año en la Policía.

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