Pisa, pero no arranca el reglamento para regular la ciberterapia
Tecnología La reglamentación establece que solamente los profesionales de la salud certificados en la práctica podrán ejercer terapias a distancia.
Adriana I. Santa Porrata
La pandemia del COVID-19 y la cuarentena demostraron el alcance de la tecnología en todos los renglones de la cotidianidad, incluyendo en la prestación de servicios psicológicos, pero aún el Estado trabaja en su regulación.
Lo que en un momento de emergencia fue una práctica aprobada a través de un trámite acelerado, la ciberterapia, hoy día, continúa siendo una herramienta que amplía la accesibilidad a los servicios.
Tres años después de la puesta en vigor de la Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico, el Departamento de Salud avaló, el pasado 1º de diciembre, las reglas del juego para dicha práctica en la isla.
“La ley estuvo firmada desde el 2020 para hacer legal la terapia en Puerto Rico. Sin embargo, no es hasta el 2023 que hacen el reglamento. Así que, tenemos una ley, pero entonces, de alguna manera, no sabemos cómo es que se supone que se lleve a cabo”, explicó la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Patricia Landers Santiago.
El recién aprobado reglamento establece que las juntas examinadoras de la fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla-lenguaje, psicología, consejería profesional y consejería en rehabilitación certificarán, en ciberterapia, a dichos profesionales.
Además, mantendrán un registro de los terapeutas autorizados a brindar servicios mediante la ciberterapia, y acreditarán los cursos de educación continua requeridos para la renovación de la certificación cada tres años.
Sin embargo, dichos entes no se encuentran listos para iniciar los procesos de certificación, por lo que, según la presidenta de la Junta Examinadora de Psicólogos, Nydia Ortiz Nolasco, le han solicitado al Departamento de Salud, la extensión de la Orden Administrativa 555, que autoriza, hasta el 31 de diciembre, la práctica de la ciberterapia sin la necesidad de la certificación.
La ciberterapia como alternativa
Dicha reglamentación beneficiará a los sectores que prefieren la ciberterapia sobre las consultas presenciales.
También, la certificación de ciberterapia autoriza las consultas virtuales a pacientes que se encuentren fuera de Puerto Rico, pero dentro de los Estados Unidos, siempre que el profesional cumpla con los requisitos establecidos en el estado o jurisdicción en el que el paciente se encuentre al momento de la consulta.
Landers Santiago ejemplificó que, mientras trabaja en Ponce, “ahora con la ciberterapia, pues estoy accesible a personas de toda la isla; de San Juan, de Mayagüez o de cualquier sitio que quieran atenderse conmigo versus tener que viajar a hacerlo presencial”.
Asimismo, la ciberterapia podría servir como alternativa en el caso de que un paciente no pueda presentarse a su consulta por algún imprevisto. “Se puede hacer híbrida, y hay pacientes que se benefician de eso también. Si están en otro lugar y no pueden llegar a tiempo, o si ya saben de antemano que van a estar en un área distante, pues entonces la piden”, explicó la psicóloga clínica.
No obstante, las teleconsultas cuentan con la desventaja de que podrían verse interrumpidas si falla la señal o la conexión al Internet.
“Tenemos la particularidad de que las conexiones quizás no son las más estables en algunos lugares. Se cae la señal, se cae la sesión, pierdes ese contacto, para entonces reiniciar nuevamente con ese paciente. Así que, hay unas cosas que se pierden, en ese sentido”, expuso Landers Santiago.
La presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico comentó que prefiere las consultas presenciales cuando se trata de la niñez, pues, en dichos casos, las ciberterapias dificultan el asegurarse de que los padres no estén rompiendo el acuerdo de confidencialidad.
Además, señaló que “el nivel de atención [de los niños], a veces, no es el mejor. Se distraen buscando otras páginas mientras están conectados en terapia”.
Aún falta por cuadrar
Landers Santiago indicó que, aunque el reglamento entrará en vigor el 31 de diciembre de este año, los profesionales de la salud aún desconocen cuándo las Juntas Examinadoras comenzarán a recibir las solicitudes para la certificación. Asimismo, cuestionó si los cursos pertinentes a la ciberterapia son requeridos para recibir la primera certificación, y cuál es el ente que estará encargado de ofrecerlos.
Al respecto, Ortiz Nolasco aseguró que dichos aspectos serán discutidos próximamente por las Juntas Examinadoras y la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud.
Por su parte, la representante del Partido Popular Democrático (PPD) y presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado, radicó, en noviembre, el Proyecto de la Cámara 1936 para crear la “Ley de Telesalud Mental y del Comportamiento”.
Higgins Cuadrado presentó la medida a petición de un grupo de psicólogos que exigen que se reexaminen las leyes relacionadas con los servicios de telesalud mental, con miras a ampliar el acceso a dichos servicios mientras se mantienen las protecciones para los pacientes.
Además, la exposición de motivos del proyecto establece que la aprobación, en 2020, de la legislación para regular la ciberterapia, se realizó “por ambos cuerpos sin enmiendas, sin audiencias públicas o memoriales, por vía de un trámite acelerado y mediante el mecanismo de descargue”.
La pieza legislativa, que fue referida a la Comisión de Salud, irá a vistas públicas en enero de 2024, pese a la reciente aprobación del reglamento de ciberterapia. “Si el reglamento va a acorde o no con lo que nosotros tenemos, pues eso se sabrá allí”, determinó la legisladora.
Landers Santiago instó a los pacientes a revisar el reglamento para informarse, y así reportar cualquier irregularidad que identifiquen durante sus servicios. “No por ser virtual van a ser sesiones más cortas o más a la carrera, sino que se supone que sea igual que una sesión presencial”, puntualizó.
Al afirmar que unos 31 estados en Estados Unidos han implementado leyes para regular el uso de algoritmos de inteligencia artificial en el gobierno, incluyendo la nueva AI Generativa, el representante novoprogresista José Aponte se integró a discusiones sobre el tema en el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL por sus siglas en inglés) celebrado a principios de mes.
En el 2023, 14 nuevas leyes estatales han entrado en vigor sobre esta novel tecnología.
“La inteligencia artificial es una tecnología que llegó para quedarse. Es una plataforma de cambio, como sucedió con la Internet. El uso de algoritmos de inteligencia artificial debe dominar la computación en la próxima década, así que tenemos que estar a la par con los avances. El concepto de la AI Generativa es uno que ha provocado mayor discusión en muchos círculos, incluyendo los gobiernos estatales en la nación. Existen muchos cuestionamientos que se tienen que atender antes de emplear este tipo de tecnología”, dijo el expresidente cameral.
La legislación que se ha implementado en los estados incluye regulación de AI en el área laboral, establecer marco regulador para los gobiernos, creación de inventario de empresas utilizando esta nueva tecnología y la creación de un comité de trabajo multi-estado, entre otros.
Precisamente, la candidata a senadora por el Distrito de Arecibo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Brenda Pérez Soto, dijo que de ser electa propondría un proyecto dirigido a la integración de la inteligencia artificial en la educación clave para potenciar el aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de Educación.
La directora de escuela en Arecibo expuso que implementaría sistemas de tutoría virtual basados en inteligencia artificial para proporcionar apoyo personalizado a los estudiantes. Estos sistemas analizarían el progreso individual de cada estudiante, identificando áreas de fortaleza y debilidad, y ofrecerían recursos y actividades específicas para abordar sus necesidades. Esto permitiría un enfoque más individualizado y eficiente, adaptándose a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante.
A nivel de otros estados, se discute entre los riesgos potenciales de integrar la inteligencia artificial a procesos estatales la posibilidad de discrimen, falta de transparencia, posibles asuntos con la privacidad de los datos personales y manipulación de contenido, entre otros.
En Puerto Rico, la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, en inglés) suscribió la carta circular el 23 de abril de 2023 la cual establece que toda agencia y dependencia del gobierno central que evalúe el uso de inteligencia artificial tiene que presentar sus necesidades, requerimientos y propuestas a dicha dependencia para su evaluación y determinación de uso.