SAL rechaza mayores penas en casos hit and run
La Cámara de Representantes evalúa dos medidas que pretenden atender la impunidad en fatalidades de tránsito donde el conductor abandona la escena.
La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) rechazó dos medidas legislativas que aumentarían la severidad de las penas en casos de hit and run, argumentando que las propuestas carecen de justificación y fundamentos para imponer penas más severas y prolongadas, sin abordar adecuadamente las condiciones de confinamiento en las instituciones correccionales.
Los Proyectos de la Cámara 1957 y 1958 proponen enmendar la legislación vigente, imponiendo condiciones más severas a aquellos conductores que abandonen la escena de un accidente. La exposición de motivos destaca la necesidad de abordar la problemática de hit and run, argumentando un aumento de fatalidades en accidentes de tránsito, especialmente entre peatones y ciclistas.
La licenciada Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales de la SAL, abogó por alternativas enfocadas en la rehabilitación de los infractores.
“Ante la existencia de alternativas más civilizadas que el confinamiento prolongado para atender situaciones lamentables en las que puede estar involucrado cualquier ciudadano, no podemos apoyar la aprobación de medidas legislativas que desde un inicio solo buscan la penalización excesiva y el castigo. Tomando en consideración el marco jurídico antes descrito, nos oponemos a la aprobación del P. de la C. 1957 y P. de la C. 1958”, reza la exposición de motivos de parte de la SAL.
La licenciada Colón Rodríguez señaló que la imposición de penas más duras no ha demostrado ser eficaz para prevenir delitos y mejorar la calidad de vida. Sostuvo que la certeza de la aplicación de la ley es más efectiva que la gravedad de las penas. Mientras algunos representantes abogaron por medidas más restrictivas para prevenir el hit and run, la SAL insistió en la ineficacia de abordar el problema mediante el aumento de penas y la eliminación de opciones de libertad condicional.
La deponente argumentó que medidas como las propuestas en los proyectos 1957 y 1958 perpetúan errores del pasado y agotan recursos económicos sin abordar de manera efectiva el problema de la criminalidad.
Familiares de víctimas
Durante la vista pública testificó Jenniffer Rivera López, madre de la joven Natalia Nicole Ayala Rivera, quien realizó un llamado para la aprobación apremiante de ambos proyectos. El 9 de noviembre de 2023, Carlos Julián Maldonado Dávila fue sentenciado a 10 años de sentencia suspendida por el hit and run que le causó la muerte a Ayala Rivera.
“Esta persona le arrebató la vida a mi hija… Él se va a la huida
después de haberle quitado la vida. Va a un cuartel a inventarse un cuento que le dieron un cantazo al vehículo para poder no responsabilizarse de lo sucedido”, expresó Rivera López, quien estuvo acompañada de Edwin Serrallés, padrastro de Ayala Rivera.
“Si hubiera tomado otra acción de responsabilizarse, yo no estuviera aquí. Este accidente puede sucederle a cualquier persona, pero es la acción”, abundó.
Ejecutivo favorece las medidas
Por otro lado, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CTS), se pronunció a favor de la aprobación de las medidas.
“Entendemos que esta medida incide en lo que nosotros, todos los días, promulgamos en nuestras redes sociales, en la prensa y demás. Por ende, compartimos el pensar de que es necesario revisar y atender las disposiciones legales que regulan este tipo de accidentes de tránsito para que mediante la imposición de condiciones más severas, aquellas personas que luego de estar involucradas en un accidente de tránsito no abandone la escena”, expuso Ariana Peña, coordinadora de récords de la CTS.
De igual forma, el Departamento
de Seguridad Pública (DSP) concuerda que es necesario promover medidas más restrictivas y agresivas para penalizar este tipo de acto.
“En el DSP y el NPPR reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía, así como para lograr la consecución de piezas legislativas como las que hoy nos ocupan. No obstante, aunque reconocemos la necesidad de reforzar los estatutos vigentes y que, la rigurosidad que se pretende añadir a los mismos operará como disuasivo para disminuir la conducta delictiva, en esta ocasión, respetuosamente otorgamos entera deferencia a las agencias antes mencionadas, las cuales entendemos deben refrendar la aprobación de ambas piezas legislativas”, expone el memorial explicativo del DSP.
Según el Negociado de Patrullas de Carreteras, a finales del 2023 hubo un total aproximado de 35 choques de auto hit and run. El Negociado de la Policía de Puerto Rico reconoció la necesidad de reforzar los estatutos vigentes y que la rigurosidad que se pretende añadir operará como un disuasivo para disminuir esta conducta delictiva. Sin embargo, la agencia otorgó deferencia
al Departamento de Justicia, al Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).
“Algo vamos a hacer”
“La intención de la legislación es que no se repita. Que sea un disuasivo. Que la gente sepa que si cometen una falta como esta y se va (de la escena), va a haber una pena”, afirmó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Rafael Hernández Montañez. “No queremos menoscabar los derechos que hemos protegido, pero algo vamos a hacer”, sostuvo el presidente cameral.
El Proyecto 1957 busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, con medidas más severas para casos de hit and run, incluyendo supervisión electrónica obligatoria y eliminación de beneficios como la fianza diferida.
Mientras, el Proyecto 1958 propone enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba para excluir la probatoria o libertad a prueba como alternativa para casos donde un conductor cause la muerte a otra persona de manera imprudente y se dé a la fuga.