Detener el proyecto de escuelas alianzas no es buena política pública
La Ley Núm. 85-2018, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” (en adelante, la “Ley 85-2018”), estableció las Escuelas Públicas Alianza como un nuevo modelo de enseñanza dentro del Sistema de Educación Pública del Departamento de Educación (DEPR), el cual proporciona una mayor oferta y oportunidades educativas para los estudiantes.
La creación de este proyecto educativo va dirigida a proveerle a los padres y comunidades la oportunidad de insertarse y empoderarse de la educación de sus niños, en conexión directa con las necesidades particulares de sus comunidades. Este esfuerzo busca ir transformando nuestro sistema de educación pública con una nueva mirada. Ciertamente es un curso de acción digno de apoyar, así como impulsar otros esfuerzos como el homeschooling,
las microescuelas, las Iglesias-Escuelas y otros conceptos y estilos de educación.
En el aspecto de la educación pública en Puerto Rico es necesario tener una nueva mirada con cara al futuro. No podemos seguir con discursos de añoranza de la escuela pública que nuestros abuelos, padres, y aún algunos de mi generación experimentaron. El mundo está transformándose ante nuestros ojos, y el andamiaje del Departamento de Educación de Puerto Rico prueba cada día su incapacidad de adaptarse a estos retos, mientras que su burocracia excesiva cuesta cada vez más. Vamos por 6 billones de dólares en su presupuesto.
Las necesidades educativas de nuestros niños también requieren una nueva mirada. El que la escuela se transforme en un esfuerzo de familia y comunidad para educar en el bienestar social y capacidad de emprendimiento de nuestros niños, donde el conocimiento y la implementación de la tecnología, así como el contacto comunitario y disciplina de trabajo, forjen un ser humano con capacidades de manejar las complejidades que los retos del siglo XXI, es un imperativo para todos.
La Resolución Conjunta del Senado 424, buscaba detener el desarrollo del proyecto de Escuelas Alianzas hasta que el Departamento de Educación cumpla con unos requisitos de fiscalización educativa y presupuestaria que ya están contemplados en ley y en reglamento. Lo anterior, sin evidencia fehaciente alguna de que existe algún problema real en dicho programa.