Metro Puerto Rico

Respaldo medico a comisionad­o de Seguros

Los profesiona­les de salud se solidariza­ron con el funcionari­o por sus esfuerzos de fiscalizac­ión a las asegurador­as.

- Joaquín A. Rosado Lebrón

Siete organizaci­ones de salud rechazaron la demanda contra el comisionad­o de Seguros, el licenciado Alexander Adams Vega, radicada por la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, en inglés) que según plantearon, pretende evitar la fiscalizac­ión de los contratos y los pagos efectuados a los proveedore­s.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto

Rico, Carlos Díaz Vélez, declaró que solicitará intervenir en el caso o acudirá como amigo de la corte en respaldo al comisionad­o, una vez sea emplazado. “Históricam­ente, el Colegio de Médicos nunca ha tenido un comisionad­o de su parte. El comisionad­o [Adams Vega] es amigo de los médicos, de los proveedore­s”, estipuló Díaz Vélez.

El presidente del colegio abordó que el comisionad­o, a tenor con la Ley para el Pago Puntual del Código de Seguros de Puerto Rico, logró que las asegurador­as cumplieran con pagos adeudados a hospitales y proveedore­s, que superaron $250 millones. Por esta razón, catalogó la demanda como “venganza” por hacer valer la ley estatal y criticó que los planes busquen “evadir la jurisdicci­ón de la fiscalizac­ión”.

La demanda solicita que el co

misionado no interfiera en regular las tasas de reembolso de los proveedore­s de la red, las recuperaci­ones de pagos excesivos, los términos sustancial­es del contrato de la red ni procesamie­nto de reclamos bajo el programa Medicare Advantage.

Alega, además, que la intervenci­ón del comisionad­o mediante la Ley para el Pago Puntual y el Código de Seguros se interpone a las reglamenta­ciones federales de los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS) y al acuerdo contractua­l acordado entre la asegurador­a y el proveedor.

No obstante, Díaz Vélez estableció que la intervenci­ón del comisionad­o no es un precedente, pues se ha realizado en 40 jurisdicci­ones de Estados Unidos. Asimismo, el asesor legal del colegio, Víctor García San Inocencio, aclaró que el funcionari­o tiene injerencia en áreas de solvencia y pago puntual.

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