Con la soga al cuello Iris Miriam
En peligro de muerte el Ombudsman; presentan proyecto para disolver la oficina
La oficina del Ombudsman se salvó de la consolidación de las procuradurías, pero lo que le viene encima es peor: desaparecerá si se aprueba un proyecto de ley presentado en la Cámara Alta.
El senador Ángel Rosa y otros cinco legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) ven el Ombudsman como una pérdida de dinero y recursos, pero ayer la procuradora Iris Miriam Ruiz les salió al paso.
Ruiz rechazó que la llamada Procuraduría del Ciudadano no cumpla con su función ministerial. Afirmó que no es correcto que ese organismo a lo que se dedica es a informarle a los ciudadanos cuáles son los trámites que debe llevar a cabo en las di- versas agencias de Gobierno, como dice reza la medida.
En entrevista con Primera Hora, Ruiz dijo que su oficina trabaja duro y que los casos se están resolviendo ahora con mayor celeridad; que bajo su mandato se enmendó el reglamento de la dependencia para que técnicamente ya no haya una “querella” si la agencia soluciona los problemas antes de cinco días.
Mencionó que contrario a lo que mucha gente cree, la Oficina del Procurador no solamente trabaja con fallas de la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados, sino que atiende otras emergencias. La más reciente, la de una niña en estado vegetativo que se consiguió que fuera trasladada al Boston Children’s Hospital. “Esto no se puede ver en términos de dólares y centavos. Salvar a esa niña costó $1,000. ¿Le vamos a cuestionar al padre cuánto costó salvar a su princesa?”, dijo la procuradora, llorosa.
El proyecto del Senado plantea que el Ombudsman -que fue idea del fallecido ex representante Benny Frankie Cerero- no tiene poderes. Ayer Ruiz dijo que ella los ha pedido, pero recordó que fue allí donde se comenzó a gestar el caso del llamado “niño ruso”, que fue devuelto a su familia. También, el caso de un niño que fue adoptado por los que lo venían cuidando por cinco años, pese a que el Gobierno quería dárselo a otro matrimonio con hijos.
El proyecto del Senado plantea que más del 60% del personal de la Procuraduría del Ciudadano es administrativo y que cuenta con sólo 19 investigadores; que cada reclamación le cuesta al erario $952.
Si se elimina el Ombudsman, sus empleados pasarían a ser empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, “con el fin de que sean transferidos a otras agencias”.
La OGP coordinaría el establecimiento de un “programa de gestoría y ayuda al ciudadano en aquellas agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que tenían la mayor cantidad de reclamaciones ante la Oficina del Procurador del Ciudadano”.
Sobre esos “programas”, Ruiz dijo que sería como poner al cabro a velar las lechugas. “Ningún legislador debe sentir orgullo de eliminarnos”, concluyó.