Ordenan divulgar información sobre las contrataciones
El Municipio Autónomo de Ponce volvió a tropezar en los tribunales, en su intento de ocultar los nombres de los empleados contratados entre los años fiscales 2012-2013 a 2015-2016, con los puestos que ocupaban y el salario que devengaban.
Esta vez fue ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que declaró no ha lugar su petición de certiorari. Así se sostiene la determinación del Tribunal de Apelaciones que ordenó a la administración de la alcaldesa penepé María Meléndez Altieri divulgar la información.
El asambleísta municipal de minoría Luis Irizarry Pabón, del Partido Popular Democrático (PPD), informó que la decisión del máximo foro judicial se le notificó el pasado 21 de febrero y que Meléndez Altieri tiene 10 días laborables para solicitar reconsideración.
La alcaldesa confirmó por escrito que pedirá la reconsideración, para lo que tiene hasta el 7 de marzo.
Este es el más reciente capítulo de una disputa legal entre Irizarry Pabón y Meléndez Altieri, que ya supera dos años. El asambleísta busca que se conozca esa información de carácter público porque asegura que el municipio contrató empleados durante una veda impuesta mediante ordenanza municipal. La prohibición de nuevas contrataciones se basó en la supuesta crisis fiscal con la que la alcaldesa justificó disminuir a la mitad la jornada a los empleados municipales.
Meléndez Altieri basa su negativa a divulgar la información, que el Apelativo determinó es pública, en que la Ley de Municipios Autónomos le obliga a proteger la privacidad de los empleados.
Irizarry Pabón dijo haber identificado unos 333 empleados contratados ilegalmente, algunos en puestos de confianza.