HÉCTOR MARTÍNEZ ESTABA ADVERTIDO, PERO NO HIZO CASO
Al exsenador le aconsejaron no viajar a Las Vegas con el empresario Juan Bravo
Si el exsenador Héctor Martínez se buscó un lío por viajar a Las Vegas con el empresario Juan Bravo en el 2005, no fue por falta de consejo.
Su mentor en la abogacía, consejero durante su campaña electoral y luego asesor legislativo, Víctor Rivera Torres, dijo que le advirtió a Héctor que viajar con Juan “se veía mal”.
“Yo le dije que no era propio, que no estaba bien ir a Las Vegas con una persona que le sometió dos proyectos... él no me dijo nada y siguió caminado”, declaró ayer Rivera Torres durante el segundo día de desfile de prueba contra el exsenador y el empresario.
Uno de los proyectos sometidos por Bravo, el 410, buscaba crear un código de conducta en los centros comerciales de manera que los guardias de seguridad pudiesen intervenir con personas. El otro elevaba por mucho los costos y requisitos que se impondrían a toda empresa que quisiera dar servicios de seguridad.
Ambas piezas llegaron a la oficina de Héctor porque Bravo llevó los borradores en dos fechas distintas de febrero de 2005.
El abogado contó que los proyectos que promovía Bravo no le parecían buenos para las pequeñas empresas de seguridad privada.
Pero reconoció que uno de ellos que luego se convirtió en el 471, enmendaba también una ley de 1968 que “había que ponerla al día”. También proveía para que todos los empleados de seguridad estuviesen cubiertos por seguros en caso de cualquier eventualidad y mejoraba las condiciones laborales.
A pesar del consejo sobre lo que se “veía mal”, Rivera Torres pareció ponerse a la defensiva cuando en el contrainterrogatorio a cargo de Abbe Lowell, abogado de Héctor, éste le planteó que él había hecho cosas durante su trabajo como exasesor legislativo que tampoco se veían bien. Rivera Torres reconoció que le envió uno de los proyectos de Bravo a un cliente de su práctica privada como abogado que también tenía una empresa de seguridad.
No obstante, Rivera Torres alegó que luego de enviarle el borrador nunca más habló con su cliente sobre la pieza.
Además, para el mismo periodo Rivera Torres era representante legal de Jorge de Castro Font en el caso sobre pensión alimentaria y a la vez asesoraba en lo legislativo a Héctor, mientras que eran públicas las controversias entre ambos legisladores porque cada uno apoyaba un bando distinto en la lucha por la presidencia del Senado. También estaban encontrados los legisladores sobre la nominación de Roberto Sánchez Ramos para secretario de Justicia, lo que podría ser un conflicto para Rivera Torres.
De otro lado, la fiscal Samper le mostró a Rivera Torres hojas de asistencia y minutas de dos vistas públicas de la Comisión de Seguridad Pública que Héctor presidía en que se discutieron los dos proyectos de Bravo. Ningún otro legislador fue a las vistas, ni ninguna otra empresa de seguridad privada. Las vistas no duraron ni una hora cada una.
Según consta en informes posteriores, Bravo dijo que depuso en las vistas en representación de una asociación que agrupaba empresas como la suya, pero Rivera To- rres lo puso en duda.
Otro aspecto que reconoció el exasesor legislativo fue que para cuando Héctor y Bravo se fueron de viaje a Las Vegas, hacía dos meses que Héctor había rendido un informe positivo de las medidas al pleno del cuerpo y no tenía control sobre cuándo bajaban a la votación del pleno. Ese control lo ejercía De Castro Font.
También indicó que Héctor pudo haber pedido que las medidas bajaran a votación por descargue sin que se hicieran vistas públicas sobre su contenido, pero a cambio, siguió el tracto normal.
Mientras, las cartas en las que la comisión presidida por Héctor pedía comentarios sobre los proyectos, iba dirigida a alguna otra empresa de seguridad pública.
Rivera Torres relató que en el 2008 Martínez le contó que pudo viajar a Las Vegas porque Bravo le pagó su pasaje.
“Pero yo no voy a ir preso por un pasaje de avión”, le dijo entonces Héctor, sin preveer lo que venía.
El 17 de mayo de 2005, dos días después de regresar del viaje, al que también fue De Castro Font, uno de los proyectos fue aprobado en el Senado. Seis días después, el 23 de mayo de 2005, se aprobó el segundo.
La teoría de la fiscalía es que Bravo le pagó el pasaje a Héctor a cambio de que él lo ayudara a pasar los proyectos de ley que le beneficiaban a su empresa. Ambos fueron encontrados culpables en el 2011 por varios cargos relacionados al viaje y cumplieron cerca de un año de prisión. Pero el Tribunal de Apelaciones de Boston revocó el veredicto por las instrucciones erradas del juez Francisco Besosa. La fiscalía federal decidió presentar el caso nuevamente, ya que el Supremo de Estados Unidos negó que fuera una doble exposición.
El testimonio de Rivera Torres continúa el lunes.