“NOS CAMBIÓ LA VIDA EN UN SEGUNDO”
Familia de joven con retraso mental reclama $2.5 millones a Walmart por agresión sexual perpetrada por uno de sus empleados en supermercado de Luquillo
La vida de María Quiñones Ortiz dio un cambio radical hace año y medio cuando tuvo que enfrentar una de las peores pesadillas que pudiera tener una madre: se presume que su hija mayor -una joven de 28 años de edad pero, con cociente intelectual de una niña de nueve, debido a una condición de retardo mental severo-, fue atacada sexualmente en un baño de un supermercado por un empleado del mismo establecimiento.
“Esto nos cambió la vida en un segundo… a veces quisiera pensar que es sólo una pesadilla”, relató la progenitora a Primera Hora sobre los hechos ocurridos a la mayor de sus dos hijas el 16 de noviembre de 2015 en el Supermercado Amigo de Luquillo. Ese día, la víctima estaba acompañada de unas amigas de su mamá.
“Ya nadie es igual en la familia. Mi mamá, su papá y su hermana están igual”, agregó quien busca “justicia” para su niña a través de una demanda de $2.5 millones por daños y perjuicios contra Walmart Puerto Rico, Inc. y el empleado del supermercado identificado como Luis Leo Ramírez, quien también enfrenta un pleito criminal.
“No hay dinero que le devuelva la paz a mi nena, pero el supermercado debe responder por su negligencia”, dice María sobre el reclamo civil en el que se solicita $1 millón para la víctima, $500 mil para su mamá, $400 mil para su abuela materna , $300 mil para su padre y la misma cantidad para su hermana.
Parte de la prueba que se recopiló para el procedimiento criminal -y que pudiera ser utilizada en la demanda civilincluye un vídeo obtenido de las cámaras de seguridad del supermercado, en donde se ve el momento en el que la jovencita entra al lugar y llega hasta la parte de atrás del establecimiento.
Leo Ramírez, de 42 años, parece seguirla y en un momento dado se le acerca a la muchacha. Posteriormente, la joven entra al baño y detrás va su agresor. Fue entonces cuando, se alega, que se suscitó el contacto sexual.
“En ese momento Leo Ramírez acechó a (nombre de la víctima que no divulgamos para proteger su identidad) y cuando ésta entró al baño de las mujeres la empujó dentro del cubículo del inodoro de personas con impedimentos físicos, cerró la puerta del cubículo con seguro y la violó sexualmente”, detalla el documento legal que fue radicado el pasado 20 de abril en el Tribunal de Fajardo por el licenciado José Andréu Fuentes del bufete Andreu & Sagardía.
La narración continúa explicando la escena en la que, se sostiene, que el agresor le puso la mano en la boca a la jovencita y la amenazó diciéndole que no podía contarle a nadie lo ocurrido.
Al parecer, según explica María a Primera Hora, en ese momento el celular de su hija sonó. Eran sus compañeras de trabajo preguntándole dónde estaba porque ya habían culminado la compra y la estaban esperando en la salida del establecimiento.
Según cuenta la progenitora, “la nena” -como le dice de cariñono se atrevió decirles nada. Además, estaba bien asustada porque había “mucha sangre en el piso del baño”. Su ropa también estaba ensangrentada, asegura.
“Así, llena de sangre, ella caminó por las góndolas del supermercado, hasta llegar a la salida. ¿Cómo es posible que ningún empleado la viera o la socorriera? ¿Cómo es posible que algún supervisor no echara de menos a ese empleado mientras hacía eso?”, cuestiona María notablemente afectada y poniendo en entredicho la seguridad del establecimiento que, a su entender, “fue negligente con la seguridad que se le debe dar a los clientes”.
Al salir del negocio, las amigas de María le preguntaron a la joven qué le había sucedido, pero ésta no pudo explicarles. En un momento dado, las mujeres pensaron que podía tratarse de un accidente por la llegada de la “menstruación”, pero María descartó enseguida esa teoría. Sabía que algo le sucedía a su hija.
Así que decidió ir a su casa para cambiarle la ropa a la muchacha y proceder a llevarla al hospital. Durante esas gestiones, la mamá de María (abuela de la joven) conversa con su nieta y es cuando ésta relata lo ocurrido.
“Yo no lo podía creer, realmente, estaba en shock…”, expresa María, quien procedió a ir inmediatamente al cuartel de la policía en Luquillo para denunciar lo ocurrido.
Allí, los agentes le indicaron que debían llevar a la joven al Hospital HIMA San Pablo, de Fajardo, donde se le realizaron pruebas físicas que confirmaron que había sido víctima de una brutal agresión que le causó “una abrasión de tres centímetros” en sus genitales y provocó un “sangrado profuso”.
Otras pruebas físicas realizadas a través del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reconfirmaron el abuso.
Luego, el análisis forense serológico que el ICF le practicó a los residuos de semen obtenidos del cuerpo y la ropa de la muchacha resultaron positivos al ADN de Leo Ramírez, quien durante la investigación criminal aceptó la comisión de los hechos a la Policía de Puerto Rico.
La víctima fue referida al Centro Médico, de Río Piedras, para recibir durante varias semanas un tratamiento antirretroviral profiláctico. Esta medida cautelar se hace para evitar infecciones a la víctima.
“Esos medicamentos le cayeron súpermal. Le causaban mucho dolor de estómago”, destaca María sobre el tratamiento que mantuvo acostada a su hija más de un mes.
El calvario de esta joven con incapacidad cognitiva, continúa latente e, incluso, ha retrasado los logros que su mamá había obtenido a fines de que poco a poco adquiriera una vida independiente.
“Ella ya no es la misma. Casi no duerme, siempre está triste, nerviosa, no quiere salir, ni
Así, llena de sangre, ella caminó por las góndolas del supermercado, hasta llegar a la salida. ¿Cómo es posible que ningún empleado la viera o la socorriera? ¿Cómo es posible que algún supervisor no echara de menos a ese empleado mientras hacía eso?”
comer… incluso, hay veces que hasta tengo que vestirla”, dijo frustrada María quien junto a su hija recibe tratamiento psicológico para tratar de subsanar la ansiedad y depresión que sufre tras lo ocurrido.
En la demanda civil se responsabiliza a Walmart por alegadamente no tener un plan o sistema de seguridad adecuado para evitar el incidente ni haber ejercido adecuadamente la supervisión de su empleado.
“Walmart fue negligente directamente al no proveer la seguridad y vigilancia adecuada para sus clientes y visitantes en el Supermercado Amigo de Luquillo lo que ocasionó que (nombre de la víctima) fuera violada sexualmente por uno de sus propios empleados en el baño de las mujeres del supermercado”, se expresa en la demanda.
Se declara culpable
De otra parte, el pasado lunes Leo Ramírez se declaró culpable de un delito de agresión agravada, en su modalidad de lesión mutilante, enfrentando la posibilidad de una pena en cárcel de 15 años.
Inicialmente, al hombre se le habían radicado cargos de agresión sexual pero, tras un preacuerdo entre el fiscal Omar Barroso y la abogada Nélida Negrón, se reclasificó por un delito con menos pena en prisión.
Aún cuando el Ministerio Público alega tener “prueba sólida” contra el acusado, se prefirió negociar con la defensa para “proteger a la víctima”.
“No hay ninguna duda de que aquí ocurrió una agresión y que se trató de un acto que la víctima no podía consentir debido a su capacidad mental”, expresó el fiscal.
Agregó que el texto de la acusación se quedó igual, aun cuando el delito imputado cambió.
“Y esto fue una decisión concertada con la mamá de la víctima y con la perito del Estado, la sicóloga Frances Seda, quien entendía que someter a la muchacha a la rigurosidad de un juicio e interrogatorio sería perjudicial. Se quiere evitar que sufra un mayor daño emocional al que ha padecido hasta el momento”, agregó Barroso.
De hecho, la madre de la joven confirmó las expresiones del fiscal e insistió que “ponerla a testificar iba a hacerle más daño”.
La vista de sentencia quedó pautada para el 16 de junio en la sala de la jueza Gema González, en el Tribunal de Fajardo.
MARÍA QUIÑONES MADRE DE VÍCTIMA
Mutis de Walmart
Primera Hora solicitó una reacción a los portavoces de Walmart, sin embargo, Iván Báez, director de Asuntos Corporativos , expresó que la política de la empresa es “no hacer comentarios sobre este tipo de denuncias públicamente pues, son asuntos que se resuelven en corte”.