CAUSA PARA ARRESTO POR INTERRUMPIR REUNIÓN EN UPR
Acusan a 7 alumnos y les imponen $6,000 de fianza
Luego de una extensa jornada de más de 11 horas, la jueza Geisa Marrero Martínez, del centro judicial de San Juan, anoche determinó causa para arresto contra siete de los 11 estudiantes manifestantes por los cargos de irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Se trata de Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Contrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo, a quienes se les imputaron violación a los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. Recibieron una fianza de $6,000.
Los cargos incluyen escalamiento agravado, restricción a la libertad, daño agravado, motín, empleo de la violencia o intimidación contra la autoridad pública. A eso se suma un delito menos grave por intervenir en una reunión.
La fiscal Yanira Colón presentó como prueba de cargo un vídeo del incidente, cinco testigos y siete declaraciones juradas que, según fuentes de Primera Hora, habían sido emitidas por la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y seis integrantes de la Junta de Gobierno, entre ellos su presidente, Carlos Pérez, y la secretaria ejecutiva, Sandra Espada.
Para la abogada y copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo, el proceso fue “atípico en términos de la cantidad de prueba que fiscalía intenta entrar en esta etapa” de determinación de causa para arresto.
Durante la mañana, un grupo integrado por organizaciones universitarias y políticas se manifestó en el exterior del centro judicial, a la vez que sobrevolaba el área un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).
Familiares y amigos cuestionaron la gran cantidad de policías y agentes de distintas unidades que se encontraban en el lugar, e incluso se escucharon bromas referentes a “ni que aquí estuviera el Chapo”, conocido narcotraficante mexicano.
El incidente por el que se les acusó ocurrió el 27 de abril pasado, en las oficinas de la presidencia en la administración central de la UPR en el Jardín Botánico sur en Río Piedras, cuando la Junta de Gobierno se aprestaba a pasar juicio sobre el plan fiscal de la institución, que a ese momento incluía $241 millones en recortes requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y avalado por el gobernador Ricardo Rosselló.
Al mediodía, los abogados aseguraron que no conocían los cargos y según pasaban las horas los familiares y amigos se mostraban agotados y algunos con angustia debido a la gravedad de los cargos iniciales.