¿QUIÉN TIENE LA CULPA?
A juicio del columnista Jay Fonseca, el morador del Palacio de Santa Catalina se excluye y parece que le atribuye el mal a todos los demás.
No hay duda de que el gobernador Ricardo Rosselló tenía un plan que ha estado implementando. El problema es que no era un plan de gobierno, era un plan político.
Veamos unas cuántas cosas que el Gobernador prometió y que ha hecho lo contrario:
1. Dijo que no hacía falta la ley PROMESA y que se oponía a la Junta de Control Fiscal, para luego pedir la protección del stay de la deuda que solo era posible con PROMESA y la Junta.
2. Dijo que no hacía falta una Ley de Quiebras, para luego pedir la aplicación de la Ley de Quiebras.
3. Dijo que bajaría los impuestos aprobados por Alejandro García Padilla para luego decir que no podrían bajarse porque ya estaban comprometidos con la deuda.
4. Por el contrario, ya en los planes fiscales aprobados hay sobre $1.5 billones en nuevos impuestos.
5. No solo eso, sino que también hay aumentos de impuestos indirectos como en el congelamiento de créditos contributivos que solo serían aprobados cuando una junta que responde al Gobernador.
6. También hay otros impuestos indirectos al País, como la eliminación de fondos y subsidios municipales. Obviamente, esos alcaldes que van a recibir $700 millones menos nos pasarán a nosotros la carga.
De todas estas cosas el Gobernador no ha asumido responsabilidad de ninguna. De todas ha echado culpas a otros: a la Junta, al déficit de la pasada administración, a los alcaldes, a la autonomía universitaria, pero Dios libre que algo sea su responsabilidad.
Y eso me lleva a la UPR.
El Gobernador se ha escudado en la estrategia de la autonomía universitaria. Pero la autonomía universitaria llega hasta que la UPR pide la intervención. Es decir, si hay un fuego en la UPR los bomberos tienen la responsabilidad de llegar cuando se les llama.
Pero cuando la presidenta de la UPR le pidió saber si estaba disponible la Policía para en caso de tener que usarlos tenerlos como opción, el Gobernador dijo que no, que solo el diálogo estaría disponible.
Hace unos meses, la superintendente de la Policía había dicho que sí estarían disponibles, pero el Gobernador la desautorizó el día después.
De hecho, el Gobernador ejerció la autoridad de remover todas las juntas de gobierno de las entidades públicas, pero no en la UPR; tampoco asumió su posición y no ha nombrado las vacantes de la Junta de la UPR.
Y es que “el gobernador de ley y orden” que ha presentado leyes para hacer más fuertes las penas en delitos de protesta, no está disponible para implementar la ley y orden cuando hasta el mismo tribunal así lo ordena si se trata de intervenir en la UPR.
Estamos claros en que esta es una estrategia política, pero el Gobernador está ahí para hacer lo correcto, no para hacer lo políticamente beneficioso. Sin embargo, hasta ahora el Gobernador ha actuado conforme a lo que le beneficia políticamente sin tener que tomar decisiones antipáticas que todos sabemos son inevitables y una vez pase el plebiscito, vienen.
Escudarse en la autonomía universitaria es lo fácil. Decir que la Policía no puede intervenir sin rajar cabezas es la admisión de incapacidad de dirigir la uniformada al remover personas de forma táctica. Sobre todo, es la demostración de un gobernador que, en vez de asumir su rol, vino a escudarse en lo que sea con tal de no tener que asumir su responsabilidad.
Y esa es tremenda estrategia para la próxima campaña cuando se hereda un desastre y existe una Junta de Control Fiscal. Pero no es una buena estrategia para dirigir al País.
Ricardo, ser candidato es una cosa, pero ahora eres el Gobernador y hacer lo políticamente correcto es secundario. Hacer lo mejor para el País es el deber. Y en momentos de sitio, la disidencia oficial es traición.
“Estamos claros en que esta es una estrategia política, pero el gobernador está ahí para hacer lo correcto, no para hacer lo políticamente beneficioso”