ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA
Ante posible apertura de portones en la UPR-RP
“El estudiantado tiene miedo, pero ese miedo es humano y es real”.
El movimiento estudiantil, según el portavoz Gabriel Casal Nazario, se mantiene alerta ante una posible entrada de la Policía al recinto riopedrense, sobre todo luego de que ayer la jueza Lauracelis Roques Arroyo ordenara a la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández Hernández, presentarse hoy en el tribunal con un plan “concreto” para abrir los portones. Le dio un plazo de 24 horas.
“La diferencia es que nuestro valor y compromiso, con lo que decidimos en asamblea, supera ese miedo”, añadió de inmediato el estudiante.
“Muchos de los jóvenes de este país tienen miedo, porque no hay muchas oportunidades de empleo, no hay oportunidades de continuar viviendo y por eso luchamos, por la esperanza de tener un futuro mejor, que supera ese miedo”, rezó frente a los portones clausurados.
La superintendenta de la Policía, Michelle Hernández, repitió ayer que la uniformada no forzará la entrada.
Mientras tanto, las opciones se le escapan de las manos a Fernández Hernández, con las horas contadas para presentar el plan “concreto” certificado por la Junta de Gobierno (JG).
Pese a la urgencia, la JG no se reunió ayer e incluso cancelaron una reunión ordinaria que estaba pautada para las 5:00 de la tarde.
El representante estudiantil subgraduado Pedro Rodríguez confirmó a Primera Hora que pautaron para anoche un encuentro telefónico con todos los miembros, con el fin de discutir el plan que presentaría la presidenta interina luego de conversar con diferentes grupos de los once recintos.
Al cierre de esta edición, aun se desconocían los detalles.
La apuesta de la JG ha sido el diálogo, al menos desde la primera semana de mayo, luego de que un grupo de estudiantes irrumpiera en una de sus reuniones.
Pero la jueza Roques Arroyo dejó claro que, incluso, un proceso de mediación “no es un manejo adecuado para atender los intereses en conflicto” en el que seis estudiantes demandaron a las autoridades universitarias el pasado 31 de marzo para garantizar su acceso al campus y la continuidad de las clases.
El plan deberá ir más allá. “La testigo (Fernández Hernández) habló en todo momento de ‘plan de trabajo’, ‘hay mediación’, ‘se habló con guardias privados’… Pero no hay plan concreto, según la sentencia del Tribunal de Apelaciones”, agregó Roques Arroyo.
¿Qué acciones adoptó la UPR?
La presidenta interina defendió que apenas le quedan herramientas para abrir los portones: las negociaciones toman más tiempo, la guardia universitaria no está capacitada para abrir los portones, las empresas privadas de seguridad declinaron intervenir, la Policía también dijo no y Fortaleza no responde a sus acercamientos, argumentó.
“Estoy imposibilitada”, dijo. Incluso, el recurso legal que sometió para solicitar la intervención de la uniformada “no es suficiente”, al parecer, para la jueza Roques Arroyo.
El plan: ¿sanciones?
Fernández Hernández “tiene un deber ministerial de sancionar aquellas personas que entiendan que han impedido el acceso a la universidad”, argumentó la togada en la sala 907 del Centro Judicial de San Juan.
El abogado de los demandantes, Pedro Vázquez Pesquera, insistió en lo mismo al culminar la vista.
“Hay muchos mecanismos y la juez lo recalcó, una y otra vez, que no se han hecho. A eso fue dirigido gran parte de mi contrainterrogatorio, [a] cuáles de esas medidas disciplinarias administrativas” se han llevado a cabo.
Sentada en el banco de testigos, Fernández Hernández admitió que no se ha iniciado ningún proceso porque “no han podido identificar” a los huelguistas, en ocasiones porque “siempre hay alguien distinto” y en otras por el uso de capuchas.
La funcionaria también argumentó que es a la rectoría al que le corresponde recoger la evidencia para iniciar cualquier acción administrativa. “Hay todos unos procedimientos”, expresó.
“Hubo ambigüedades y generalidades en su testimonio en cuanto a que en algún momento dijo que no los podía identificar (a los manifestantes), que dependía de informes y, posteriormente, en una entrevista indicó que sí, que son empleados o miembros de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), miembros de Asociación Puertorriquea de Profesores Universitarios (Appu)”, opinó la jueza.
En medio de un receso, el presidente de la Heend, José J. Torres Rosario, insistió ante
preguntas de la prensa que su matrícula no está en huelga y que no hay razón para que se les sancione pese al apoyo manifestado.
Mientras tanto, entre los preacuerdos alcanzados el pasado fin de semana por el Comité de Diálogo Institucional está garantizar que no se tomarán medidas disciplinarias contra los manifestantes.
Quedan las sanciones sobre la mesa, aunque el abogado de la UPR, el licenciado Enrique Figueroa, cuestionó si esta acción realmente podría ayudar a abrir los portones.
“Si entra la Policía, si se obliga a una apertura violenta de los portones, aquí perdemos todos”, dijo el presidente de la Appu, José Rivera Caballero, confiado en el proceso de mediación del que ya se retiró la Heend.
Nadie quiere la rectoría de Río Piedras
En sala se le cuestionó a Fernández Hernández sobre el nombramiento a la rectoría de Río Piedras luego de la renuncia de Carmen Rivera Vega el pasado jueves.
“Todos han declinado”, contestó firme la presidenta interina sobre los posibles aspirantes a quienes han hecho acercamientos. No dio más detalles.
Hoy Asamblea Estudiantil en Ponce
Hoy se reúnen en asamblea los estudiantes del recinto de Ponce, que llevan el huelga desde el 6 de abril.
El coliseo Dolores “Toyita” Martínez de Juana Díaz será la sede para el encuentro donde discutirán el estatus de la universidad y del conflicto.
Para efectos técnicos, solo una asamblea general puede levantar un voto de huelga.
Puede incluir su arresto. Es un desacato civil, no hay fianza, la llave la tiene en el bolsillo” LAURACELIS ROQUES ARROYO A NIVIA FERNÁNDEZ / JUEZA
“Nuestro valor y compromiso, con lo que decidimos en asamblea, supera ese miedo” GABRIEL CASAL NAZARIO ESTUDIANTE