SE ALARGA LA AGONÍA DE MARTÍNEZ Y BRAVO
Jurado deja en suspenso su decisión y no regresa hasta el miércoles para tratar de llegar a un veredicto
Ustedes son los juzgadores... tienen que decidir si el gobierno probó su caso más allá de duda razonable”
FRANCISCO BESOSA / JUEZ
Luego de una jornada maratónica de seis horas y media, llena de sobresaltos y ansiedad, el jurado que evalúa la prueba en el caso contra el exsenador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo decidió ayer recesar sus labores.
Ni los acusados, ni sus abogados, sus familiares y allegados pudieron evitar los signos de frustración en sus rostros.
Entre los fiscales también parecía haber un poco de desaliento.
El receso implica que no habrá veredicto hasta el miércoles, ya que el lunes es feriado y el martes el juez Francisco Besosa tiene un compromiso fuera de la corte.
No hubo un pedido de secuestrar al jurado, pero el juez les prohibió, como todos los días, leer notas de prensa y ver u oír análisis del caso en cualquier medio o foro. En esta ocasión les pidió además, no hacer consultas entre ellos mismos.
Martínez y Bravo enfrentan cada uno un cargo de soborno.
Los miembros del jurado salieron a deliberar a las 10:25 de la mañana, tras escuchar durante 55 minutos las instrucciones que les impartió el juez.
Una hora después, el grupo pidió acceso a todos los testimonios. Eso significaba leerles cada pregunta y cada respuesta vertida en sala, ya que no se les podía hacer llegar transcripciones y audios.
Se les negó la petición de forma unánime .
Cerca de las 2:40 de la tarde, el jurado envió una segunda nota al juez que crispó los nervios de muchos. Tenían dos preguntas. Una de ellas, si para que haya soborno, tanto Martínez como Bravo debieron recibir más de $5,000 en beneficios de sus respectivas acciones.
La segunda pregunta se refería a que si la falta de evidencia tangible para establecer que hubo un acuerdo de soborno les permitía hacer inferencias.
Abogados y fiscales coincidieron en que procedía decirles que se refirieran a las instrucciones.
A eso de las 3:50 el jurado pidió copia para cada uno de las instrucciones de manera que pudiesen leer todos a la vez.
En horas de la mañana se le pidió que juzgaran los hechos, que no pensaran en el posible castigo que recibirían los acusados de ser encontrados culpables y que recordaran que les asiste a ambos la presunción de inocencia.
El juez explicó que para encontrar a Bravo culpable, debían evaluar si el Ministerio Público probó más allá de duda razonable que sobornó a Martínez, al entonces senador Jorge de Castro Font, o a ambos.
En el caso de Martínez se tiene que haber probado que solicitó, aceptó o acordó aceptar el viaje a Las Vegas como recompensa por sus acciones en favor de los proyectos de ley 410 para crear un código de conducta en centros comerciales y el 471 que enmendaría la ley de detectives privados.
Según la acusación, Bravo pagó todos los gastos de Martínez desde el 13 al 16 de mayo de 2005, incluyendo entradas preferenciales de $1,000 para ver una pelea entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright.
El juez aclaró que no es lo mismo otorgar algo de valor como agradecimiento o por amistad, después que se completa la acción, que pagar primero como método de influenciar. Se trata de uno de los elementos más importantes en este caso.
Según la fiscalía federal, uno de los proyectos bajó a votación el día después de que Martínez, Bravo y De Castro Font llegaron de Las Vegas. Pero, para la defensa, Martínez tomó acción antes: acordó apoyar la medida en febrero y realizó vistas públicas en abril.
Además, aseguran que fue a raíz de un accidente de un amigo de Bravo, que surgió un espacio para que Martínez lo acompañara en el viaje.
Asimismo, el juez les instruyó que si las legislaciones eran buenas, no debía incidir en el veredicto.
Las instrucciones en este caso son cruciales ya que fue precisamente debido a un error en ese paso que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad al que llegó un jurado distinto en el 2010 contra Martínez y Bravo.
Según se desprende de documentos judiciales, no detallar la diferencia entre una regalía y un soborno fue un error entonces.