CORRECCIÓN FALLA EN CUADRAR SU MATEMÁTICA
El secretario Erik Rolón ofreció números erróneos en el presupuesto de la agencia sombrilla en la audiencia pública de la Comisión de Hacienda del Senado
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón, quedó en aprietos ayer en una vista pública en el Senado cuando varios legisladores, incluyendo el senador de la mayoría novoprogresista, Larry Seilhamer, le hicieron ver que los números que les había presentado sobre los recortes millonarios que sufrirá la agencia en el presupuesto para el próximo año fiscal, no cuadraban.
El funcionario tampoco dejó claro el impacto que supondrá la reducción presupuestaria sobre la agencia. Dijo que “no va haber despidos” y en el caso de los transitorios, indicó que aunque “no caen en la definición de un despido per se, porque se trata de un contrato a término, el Departamento no contempla que no se vaya a renovar ninguno de los contratos”.
En su ponencia estableció primero que el DCR recibirá una reducción de casi $15 millones, de los cuales $3.7 millones corresponden a gastos de nómina y costos relacionados.
Pero, el senador Seilhamer, le advirtió que la matemática que les había presentado en el memorial explicativo estaba incorrecta. “Eso no cuadra”, indicó el legislador al detallar que la resta del presupuesto recomendado para el 2017-2018 ($333,619,000) y del presupuesto vigente ($358,453,000) era de unos $25 millones y no $14,934,000 como el secretario indicaba en el documento.
“Me siento complacido con el presupuesto recomendado”, dijo Rolón en la audiencia pública de la Comisión de Hacienda del Senado, que evalúa el presupuesto de gastos de funcionamientos del gobierno para el próximo año fiscal. El funcionario atribuyó la diferencia en las partidas a “quizás un error en los números” y dijo que la reducción no afectaría los servicios a los confinados ni el pago de beneficios a los empleados”. Dijo también que la agencia aplicará la Ley del Empleador Único.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla, dijo mientras tanto, que había encontrado errores en las ponencias, pero sostuvo que en las vistas públicas “podemos hacer las correcciones”.
Posteriormente, luego de concluida la vista pública, Rolón se defendió ante periodistas al indicar que unos $17 millones de las aportaciones al Sistema de Retiro de los empleados serían incluidos en una reserva que va a ser manejada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
“No es una discrepancia. Los mismos $17 millones están asignados a Corrección, simplemente que van pasar a una reserva para garantizar las pensiones”, sostuvo.
Pero el senador Cirilo Tirado insistió en que “si fuera así, ese dinero tiene que estar consignado en la resolución conjunta que envía el Ejecutivo, que fue la que certificó la Junta de Supervisión Fiscal y no está”.
En la vista, a preguntas de Seilhamer sobre cómo compensarán la reducción de fondos, Rolón dijo que hay “elementos que en este momento no podemos revelar”. Dijo, no obstante, que con el cierre de tres instituciones penales, dos en Ponce y El Zarzal en Río Grande, proyectan economías en el pago de horas extras. Añadió que también tienen identificada para cerrar la institución de mujeres sumariadas en Salinas.
“No hay manera de la Legislatura evaluar responsablemente un presupuesto donde ni los jefes de agencias tienen claro los números de su presupuesto. Ha quedado claro por parte del DCR que en múltiples ocasiones los números no concuerdan en su ponencia con los que están certificados por la Junta”, dijo por su parte, el senador independentista Juan Dalmau.
Indicó que los jefes de agencias no han podido explicar el impacto de los recortes en los empleados.
¿Cómo es posible que el jefe Corrección diga hoy que si hay discrepancias, es entonces, lo que diga la JSF? Es una cosa que no tiene nombre y una humillación, además de que los legisladores estamos sin conocimiento pleno del impacto sobre los recortes presupuestarios”, subrayó Dalmau.
El representante popular Jesús Manuel Ortiz refutó declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló en el sentido de que la pasada administración aumentó el número de empleados transitorios. “Eso es totalmente incorrecto. Según un informe de puestos del Contralor, el número de transitorios desde 2008 hasta 2017 ha fluctuado siempre en 10 mil empleados. Eso lo que denota es que van a despedir cerca de 5 mil empleados públicos”, sostuvo Ortiz.
“No hay manera de la Legislatura evaluar responsablemente un presupuesto donde ni los jefes de agencias tienen claro los números de su presupuesto” JUAN DALMAU
SENADOR PIP