“SORPRENDIDOS” CON MULTA DE ÉTICA
Informe indica que Lornna Soto presionó a los empleados municipales para apoyarla
La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, apelará la decisión de la Oficina de Ética Gubernamental que le impuso una multa de $40,000 tras determinar que violó tres incisos de la Ley de Ética, al presuntamente presionar a empleados municipales para que participaran en actividades políticas e hicieran aportaciones económicas a su campaña durante las pasadas primarias.
“Estamos sorprendidos con la resolución”, dijo a Primera Hora el abogado de Soto Villanueva, Jerome Garffer.
“Todos los testigos que desfilaron citados por la oficina de Ética Gubernamental, testificaron que en ningún momento la alcaldesa les pidió que acudieran a ninguna reunión”, defendió el licenciado.
Según el informe de la Oficial Examinadora, la “prueba admitida estableció que dentro del primer trimestre del año 2015, los empleados transitorios (…) junto a sus respectivos directores de oficinas, fueron convocados a una reunión en la sede del comité municipal del Partido Nuevo Progresista”.
“Una vez allí”, continúa el documento, “la querellada se dirigió a ellos y, en un tono intimidante y amenazante, les exigió su apoyo, asistencia y participación en las actividades de recaudación de fondos destinados a su campaña electoral (y) recibieron un mensaje de la querellada que les exigía un compromiso personal con aspiraciones políticas de la funcionaria pública con la autoridad de tomar la decisión de renovar sus nombramientos”.
Solo se pudo evidenciar que una empleada asistió dentro de sus horas laborables y aunque la reunión se llevó a cabo fuera del periodo común de trabajo, los empleados fueron convocados por sus supervisores mientras laboraban, y a nombre de la alcaldesa.
Todo ocurrió durante campaña primarista del año pasado en la que Soto Villanueva se enfrentó a otros cinco candidatos por el puesto que su padre, José “Chemo” Soto, ocupó desde el 1993 y ella desde su renuncia como legisladora en 2014.
Sin embargo, Garffer negó que esa información fuera correcta y así lo defenderá, aunque no precisó cuándo apelarán la decisión, para lo que tienen un periodo de 30 días.
“Nos vamos a remitir al récord. No voy a anteponer lo que voy a estar poniendo en declaración, pero todo está plasmado en las declaraciones juradas y en el testimonio de los mismos testigos que llevó ética gubernamental”, comentó.
“Los testigos también testificaron que en ningún momento se sintieron obligados. Una de las testigos dijo que cuando ella le preguntó a su supervisora si tenía que asistir, la respuesta fue categóricamente que no”, insistió.
Para Garffer, “hay algún tipo de presión sobre la oficial examinadora para que se atempere a los comentarios de la Oficina de Ética Gubernamental”.
El abogado opinó que esto es un esfuerzo por minar la reputación de su representada y aseguró que cuatro de los cinco testigos formaron parte del equipo de campaña de otros candidatos primaristas.
Fueron tres incisos de la Ley de Ética en los que se determinó que hubo violación.
La asistencia de los empleados a la reunión no fue voluntaria. Comparecieron en calidad de empleados a la sede del comité municipal del PNP porque fueron citados en horas laborables, por sus superiores a nombre de la alcaldesa”
INFORME DE LA OFICIAL EXAMINADORA / OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL