LOS CHAVOS SE FUERON POR EL ROTO
Imputados de fraude federal ocultaban fondos públicos en el boquete del piso de una casa, mientras varios vecinos de los caseríos ni recuerdan los programas mencionados en el esquema
Son pocos los que recuerdan el programa Voces de la Juventud, auspiciado por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y, aparentemente, menos los jóvenes de residenciales públicos que lograron beneficiarse de sus enseñanzas.
Mientras, apenas existen datos sobre las personas impactadas por los programas Verano Saludable, Aprendo Saludable y Matemáticas en Contexto.
Lo que sí se sabe es que a través de un sofisticado esquema de fraude esos programas ayudaron a engordar los bolsillos de siete personas, incluyendo el exsecretario de la agencia, Ramón Orta, en lo que podría ser uno de los mayores robos de fondos federales descubierto en la historia del país.
Según la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, tanto el exjefe del DRD, como Miguel Sosa, exdirector de finanzas de campaña de quien fuera candidato a la gobernación David Bernier; la esposa de Sosa y otros compinches se aprovecharon de los fondos federales obtenidos para distintos programas que se debían ofrecer en conjunto con el Departamento de Educación y de Vivienda Pública. Al final se malversaron nada más y nada menos que unos $10 millones, “una cifra conservadora” en palabras de Rodríguez.
Sachelle Pagán Núñez, líder comunitaria del residencial Nemesio Canales en Hato Rey, fue la única persona entrevistada por Primera Hora que pudo recordar el programa Voces de la Juventud.
“Eso sí se dio, pero fue mediante un escogido de los jóvenes que estaban más orientados y con la visión de estar en las comunicaciones… y no es que haya sido un mal programa, pero el dinero que llegó se podía invertir en muchas otras cosas”, aseguró.
Según la líder comunitaria, todo cambió en el momento en que Vivienda le pasó el dinero y la responsabilidad de los programas a Recreación y Deportes, porque ahora se duplican los esfuerzos y se imponen actividades sin considerar las que ya están organizadas y en funciones, como las clínicas de deportes.
Asimismo, Pagán Núñez dijo estar sorprendida y defraudada con el arresto de Orta.
“Era una persona accesible y que parecía comprometida con esto, y verlo que haya caído de esa forma es bien fuerte”, dijo.
En el residencial Vista Hermosa, nadie reconoció el nombre de los programas a pesar de que hubo participantes de allí.
Una líder comunitaria que acababa de llegar de una gira con un grupo de niños dijo que el coordinador con Recreación y Deportes -a quien no quiso identificar- no hizo ni impulsó nada en los últimos cuatro años.
Yeilie Martínez, quien trabaja para la empresa AM Contract que administra ese residencial, dijo que tampoco recordaba las iniciativas, alegadamente fraudulentas, pero quedó en consultar a fondo los documentos administrativos y ofrecer la información más adelante.
Otra líder comunitaria del residencial Lloréns Torres estalló en risa al ir escuchando los nombres de los programas.
“Nada de eso me suena. Aquí no pudo haber sido que se ofrecieron”, indicó en entrevista telefónica a cambio de que no se mencionara su nombre. Otra líder recreativa -que tampoco aceptó que se le identificara- se expresó en los mismos términos: “jamás los había escuchado”.
Millonario truco
Tras la investigación federal realizada por el operativo “Mercenarios de la Educación”, se descubrió que los contratos fueron otorgados a corporaciones creadas con el fin de desviar fondos que se suponían fueran a programas educativos manejados por el DRD.
Los acusados en el esquema, aparte de Orta Rodríguez, son Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Miguel Sosa Suárez, Irving Riquel Torres Rodríguez, Cecilia Amador López, así como Juan Carlos Ortiz Nieves.
La acusación de 62 páginas ubica a Orta Rodríguez encabezando diversos esquemas para obtener dinero de Educación y Vivienda bajo el guiso de proyectos educativos.
“Orta Rodríguez firmó contratos entre Recreación y Deportes y la compañía Rosso (de Rodríguez Torres), sin que la compañía entablara un proceso de licitación o evaluación para los servicios prestados… Rosso inflaba los precios de los servicios a ser provistos bajo los contratos y la diferencia se la repartían entre los acusados”, indicó la jefa de la fiscalía federal.
“Era una persona accesible (Ramón Orta) y que parecía comprometida con esto, y verlo que haya caído de esa forma es bien fuerte”
SACHELLE PAGÁN NÚÑEZ LÍDER COMUNITARIA DEL CASERÍO NEMESIO CANALES
El dinero que se embolsillaban lo usaban para viajes, inversiones y “hacer compras para una campaña política y un partido político”.
Según la acusación, el exjefe de Recreación y Deportes contrató a Rosso Group para realizar proyectos como Verano Saludable ($3.5 millones), Aprendo Saludable ($3,198,960), Matemáticas en Contexto ($924,500) y Voces de la Juventud ($1,413,000).
Por otro lado, Sosa pidió a la “persona A” (un productor de televisión) que prestara servicios para dos programas del DRD y que facturara a Rosso los servicios. Los programas, VEA y DRD.TV, costaban casi $17 mil por episodio, pero Sosa pidió inflar la factura a casi $39,500 por episodio, y al final quedó un sobrante para repartir más de $300 mil para Sosa y más de $400 mil para Rosso.
Orta también se benefició con el esquema. Parte del dinero obtenido ilícitamente lo obtuvo en pagos en efectivo y labores de construcción en su residencia en Guaynabo, donde fue arrestado. Por otro lado, Sosa no solo recibió los mismos beneficios sino que instaló un compartimiento secreto, referido como “un clavo” en el pliego acusatorio, en su residencia en Salinas, el cual, a entender de Rodríguez, se usaba para guardar chavos.
Los imputados enfrentan también nueve cargos por fraude electrónico, cinco cargos por robo de identidad agravado y 27 cargos de lavado de dinero.
Los acusados se exponen a 10 años por conspiración, robo de fondos federales, soborno y 20 por los fraudes y lavado de dinero, así como dos años mandatarios por cada cargo de robo de identidad agravado.