EXCARCELAN HOMBRE SORDOMUDO TRAS PROCESO IRREGULAR
Tribunal de Apelaciones concluyó que se le violó el debido proceso de ley dada su condición
“
Encontramos que no hay razón para que (Carlos Almodóvar Negrón) esté detenido”
FÉLIX FIGUEROA CABÁN
JUEZ “
Si le pasa algo dentro de la institución penal sin que él se pueda comunicar... ¿qué va a pasar? No podemos esperar a una decisión del Supremo que no sabemos si se va a dar”
JUAN SOLER ABOGADO
La sensibilidad y preparación de algunos funcionarios para trabajar con población vulnerable volvió a quedar en entredicho ayer cuando un panel del Tribunal de Apelaciones (TA) ordenó la excarcelación de un hombre sordomudo que llevaba preso más de un mes a pesar de que no se le brindó el acomodo razonable cuando se le procesó criminalmente en un tribunal de primera instancia.
La decisión coincide con el traslado el miércoles de Luis Pérez Galbán, de 37 años, conocido como “Luisito, el bebe”, a una institución del Departamento de Salud, luego de estar dos meses encarcelado a pesar de que su discapacidad intelectual, comparable a la de un niño, no le permite entender lo que pasa a su alrededor.
Otro caso del que Primera Hora tuvo conocimiento fue el de una joven de 18 años, identificada como Shamia Sharon Rivers, residente del estado de Missouri, quien llegó a Puerto Rico en crucero y al pasar por aduana se le detuvo por un alerta del sistema que resultó ser falsa. Sin embargo, la chica -que no habla español- estuvo detenida una semana en la cárcel de mujeres de Salinas.
Su excarcelación se retrasó porque es menor de edad y no había un adulto que asumiera su custodia, explicó Luis Ruzi abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), quien contrastó que al momento del arresto no había reparos con la edad. La madre de la joven, quien la acompañaba en el crucero, tuvo que volver a Estados Unidos.
Se esperaba que anoche, luego de múltiples argumentaciones, fuera excarcelada.
En el caso del hombre sordomudo, el panel del TA determinó que debían desestimarse los cargos y, por ende, el Estado no podía mantenerlo encarcelado. Pero había oposición.
El individuo identificado como Carlos Almodóvar Negrón de 56 años no escucha, ni entiende lenguaje de señas. Sólo puede leer los labios cuando se le habla de frente y de forma pausada. Alegadamente, du- rante el proceso para determinar causa para su arresto en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez las personas que declararon en su contra lo hicieron mirando al juez y de espaldas al imputado, quien no entendió lo sucedido y no pudo ayudar en su defensa.
“Vamos a emitir la orden excarcelación”, solicitada a través de un recurso de habeas corpus, dijo el juez Félix Figueroa Cabán, quien preside el panel compuesto, además, por las juezas Olga Birriel Cardona y Laura Ortiz Flores.
El subprocurador de Justicia Isaías Sánchez se oponía alegando que las denuncias contra Carlos eran por violencia doméstica y estaba en riesgo la seguridad de la víctima.
Sánchez leyó una cita, que se recoge de la denuncia, en la que Carlos le habría dicho a su pareja: “nos vamos a ir juntos, yo te mato a ti y luego me mato yo”. La defensa de Carlos alegaba que nunca se pudo contrainterrogar a la querellante al respecto.
Por su parte, José Luis Soler Fernández, abogado de la SAL, dijo que durante el proceso a Carlos se le excarceló por error y durante tres semanas estuvo en libertad sin acercarse a la querellante, que mantiene una orden de protección vigente.
Otro de los abogados de la SAL, Juan Troche Villeneuve, indicó que si la fiscalía quiere al individuo preso tiene darle las herramientas para que entienda el proceso, no sin antes llevar a cabo una vista pericial en la que un experto en la materia evalúe la condición del hombre y determine qué tipo de equipo necesita para entender la vista judicial. Eso fue lo que ordenó el Tribunal de Apelaciones sin que se cumpliera.
A su salida de la sala el subprocurador declinó ofrecer comentarios.
Al cierre de esta edición quedaba pendiente ante el Tribunal Supremo una moción de auxilio de jurisdicción en la que el subprocurador solicita que el máximo foro revise la orden del Tribunal de Apelaciones.
Troche Villeneuve dijo que en un año la SAL ha tenido 30 casos de personas sordas imputadas de delito, lo que hace patente la necesidad de mayores adiestramientos para atender esta población.
“Hay que reconocer que estamos actuando mal, desarrollarnos un poco más y comenzar a trabajar sobre eso”, dijo Troche Villeneuve.