NOS SALE CARA LA CORRUPCIÓN
La presidenta del OFEI defendió el presupuesto y la labor de los abogados a cargo de las pesquisas
La presidenta de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, defiende su presupuesto de $2.4 millones, así como la integridad de los abogados a cargo de investigar los casos de funcionarios públicos
Cerca de una veintena de importantes puestos en la Legislatura, el Gobierno, la Academia y el Departamento de Justica se encuentran bajo la mirilla de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), una oficina cuya operación depende en gran medida de contratistas independientes que también pueden tener contratos gubernamentales o estar vinculados a la política.
Con un presupuesto de cerca de $2.4 millones provenientes del fondo general, la labor de investigar crímenes de ciertos funcionarios al amparo de la ley 2 de 1988, recae en siete abogados y abogadas con experiencia en el campo criminal como fiscales del Departamento de Justicia.
Entre estos letrados con el puesto de FEI hay figuras conocidas como los exfiscales de distrito Iris Meléndez y Emilio Arill, quien llevó casos como el de Nilza Gierbolini por el secuestro de una niña e investigó presuntas filtraciones al senador Roberto Rexach Benítez que descarrilaron una investigación criminal. En el grupo también se encuesntra el exfiscal Ramón Mendoza, quien además de preparar abogados para el examen de reválida, encabezó el caso por la muerte de la niña Gabriela Otero fallecida cuando su padre la lanzó desde los altos de las escaleras de Plaza Carolina.
“Tengo que asegurarte que los fiscales aquí son muy estrictos, muy juiciosos y así lo demuestra su desempeño, su ‘performance’ en el tribunal, nosotros somos bien justos”, dijo la presidenta del panel del FEI, la exjueza Nydia Cotto Vives. Según la página web del FEI, los otros exjueces miembros del panel son los licenciados Ismael Colón Birriel y Rubén Vélez Torres.
La Oficina del FEI ha tenido las manos bien llenas en estos días, con temas como una in- vestigación por delitos como agresión sexual contra el exalcalde de Guaynabo el novoprogresista Héctor O’Neill y la radicación de cargos criminales contra el expresidente de la Cámara de Representantes, el popular Jaime Perelló por cargos de perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos. Además, el caso contra el exfiscal de distrito interino de Aguadilla, Joseph Esparra, imputado de delitos bajo el Código Penal y violaciones éticas y que ha sido asociado a figuras como los convictos federales Lutgardo Acevedo y el exjuez Manuel Acevedo; así como el caso del actual alcalde popular de Villalba Luis Javier Hernández Ortiz, por un supuesto financiamiento ilegal de campaña.
Cotto Vives explicó que los fiscales especiales cobran $112.50 la hora hasta un máximo de $7,000 mensuales por seis meses, que es el periodo por el que se firman esos contratos. Explicó que en algunos casos, se permite, tras solicitud de los fiscales, una cantidad mayor, como es en el caso de Perelló Borrás que está a cargo de Mendoza y Leticia Pabón.
Aclaró que la ley no les impide a los FEI tener otros trabajos como abogados incluso en el sector público, pero aseguró que el único actualmente con ese tipo de labor es Guillermo Garau, quien es asesor en temas laborales en un municipio.
Garau, junto a la fiscal Meléndez, tiene asignado el caso del exalcalde novoprogresista de Vega Baja, Ivan Hernández, quien tiene un juicio pendiente en su contra por supuestamente utilizar el cargo para pedir aportaciones políticas para su campaña de reelección.
“Cuando un fiscal tiene, como ha pasado en el pasado, contratos con un municipio o hace contratos con una agencia gubernamental eso no lo descalifica para ser fiscal pero son elementos de juicio que considera el panel para asignar un caso”, comentó Cotto Vives.
Explicó que todos los fiscales especiales deben llenar un formulario extenso sobre la participación en la vida política del fiscal o de sus amigos y familiares cercanos. Y esa información es clave a la hora de asignar casos.
También hay fiscales especiales con lazos evidentes con la política partidista, como por ejemplo la fiscal Zulma Fuster Troche, quien es esposa de Leonides Díaz Urbina, expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y excandidato a la alcaldía de San Juan en las pasadas elecciones.
Fuster Troche renunció a su puesto en el FEI durante la campaña y luego regresó a la oficina tras el resultado electoral adverso de su marido.
En el panel están conscientes de la asociación de esta fiscal a la política y es un factor que evalúan a la hora de asignarle casos, explicó la presidenta del panel. “A ella no le damos ningún caso que tiene que ver con alcaldías, no porque ella no pueda hacer su labor fielmente, sino para evitar cuestionamientos”, indicó Cotto Vives.
Explicó que Fúster Troche tiene casos, junto a Mendoza, como el del exfiscal Melvin Colón, quien presuntamente trató de descarrilar un caso criminal contra su esposa, y el del exadministrador de la Administración de Servicios Generales, Luis Castro Agis, por hacer regalos a contratos a figuras asociadas al convicto Anaudi Hernández y recibir regalos como un supuesto préstamo de $5,000. Igualmente, investiga al expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker, por presuntas ilegalidades en el otorgamiento de becas presidenciales.
“Es una excelente fiscal con muchísima experiencia.”, dijo Cotto Vives. “Es una fiscal muy responsable. Ella procesó al representante (Ivan) Rodríguez Traverzo que era representante por el mismo partido que su esposo”, recordó.
El novoprogresista Rodríguez Traverzo fue declarado culpable de utilizar en horas laborables de empleados de su oficina en el distrito en Isabela para remozar un potrero, donde realizó una actividad de recaudación de fondos para su campaña política.
Tengo que asegurarte que los fiscales aquí son muy estrictos, muy juiciosos y así lo demuestra su desempeño en el tribunal, nosotros somos bien justos” NYDIA COTTO VIVES PRESIDENTA DEL OFEI