“ES UN JUEGO SUCIO”
Hubo causa para juicio contra todos los detenidos por el delito de obstrucción a la autoridad pública
Jimmy Borrero Costas, uno de los portavoces de la lucha peñolana contra las cenizas de carbón, fue acusado ayer de un delito grave por un suceso presuntamente ocurrido el martes en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías.
El juez Rubén Serrano Santiago, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto por una violación al Artículo 245 del Código Penal, que consiste en emplear la violencia contra la autoridad pública. Se le impuso una fianza de $2 mil con derecho al 10% y la vista preliminar se pautó para el 17 de agosto a las 9:00 a.m., informó el licenciado Martín González Vélez.
La actuación violenta que se le imputa a Borrero Costas ocurrió, supuestamente, contra un agente de apellido Medina, quien está adscrito al cuartel de la Playa de Ponce.
“Jimmy fue arrestado por 60 policías en el campamento a las 9:00 a.m. y estuvo en una celda de la División de Drogas de Ponce hasta las 3:00 p.m. Cuando llegamos al tribunal, estaba el agente Medina, pero cuando se llamó el caso lo desaparecieron y el Ministerio Público lo sometió mediante declaración jurada”, indicó González Vélez.
“Una sargento fue testigo y solo le hicieron dos preguntas, y no tuvimos acceso a leer la declaración jurada. Esto es un gol-
pe bajo de parte del Ministerio Público que presente un caso mediante papeles para que la defensa y el acusado no puedan saber lo que dice. Eso atenta contra los principios más básicos de la sociedad. Es un juego sucio”, verbalizó el abogado.
Borrero Costas no fue el único manifestante procesado judicialmente ayer, pues 25 personas fueron arrestadas por hacer desobediencia civil en la carretera PR-2.
Eva Ayala, portavoz del grupo Educamos; los abogados Carlos Rivera Turner y Omar Saadé; Miriam Gallardo, del Frente de Afirmación del Sureste; y el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño en Ponce, José Víctor Madera, fueron algunos de los arrestados por tratar de detener el acceso de camiones con cenizas de carbón a Peñuelas.
En el grupo que hizo desobediencia civil en la PR-2 también había varios maestros de Peñuelas, Guayanilla, Caguas, Comerío y Ponce, así como estudiantes universitarios, integrantes del Comité contra las cenizas de carbón y otros simpatizantes de la causa.
El grupo estuvo detenido 10 horas antes de ser llevado ante el juez Carlos Quiñones Capacetti, del Tribunal de Guayanilla. A todos se les encontró causa para juicio por un delito menos grave, específicamente por violación artículo 246 A del Código Penal, por obstrucción a la autoridad pública. El inicio del juicio quedó pautado para el 12 de septiembre.
Una batería de abogados les acompañó en los cuarteles de Punto Oro (mujeres) y Yauco (hombres), a donde fueron transportados, y luego en el tribunal. Alrededor de 40 personas vieron caer la noche en el tribunal en espera de noticias sobre sus familiares y amigos.
El grupo de 25 manifestantes paralizó todos los carriles de la PR-2 y se acostó en la vía, a eso de las 6:30 a.m., para tratar de impedir el paso de camiones con cenizas de carbón hacia el vertedero Peñuelas Valley Landfill. Sin embargo, la Policía los arrestó y despejó el camino para una cuarentena de vehículos.
Una vez más, la Uniformada realizó un operativo con decenas de policías de distintas divisiones y el helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción.
Reciben apoyo
Durante toda la jornada, mientras los arrestados permanecían en celdas, sus amigos y familiares se encargaron de llevarles comida, café y abrigos para aguantar el frío de los cuarteles.
Madeline Bonilla Figueroa, presidenta del capítulo de Educamos en Ponce, fue una de las que demostró su solidaridad.
“La contaminación que ellos están tratando de evitar que llegue a sus casas, es la misma contaminación que va a terminar arropando a todo Puerto Rico”, expresó Bonilla Figueroa en el cuartel de Punto Oro, donde tenían a las mujeres.
La educadora, quien imparte español en la Escuela Superior Dr. Pila de Ponce, opinó que a esta lucha debe sumarse el resto del país.
“Si tenemos conciencia social tenemos que respaldar a la gente de Peñuelas, porque son seres humanos que necesitan tener una calidad de vida mejor que la que han tenido en los últimos años. Porque esta lucha no es de ahora, sino que lleva años. Lo menos que podemos hacer es estar aquí, respaldarlos y denunciar lo que pasa”, afirmó la maestra.
No huele bien
Yanina Moreno, una de las portavoces del campamento, denunció que la Policía no arrestó a dos personas que lanzaron piedras contra manifestantes en la PR-2, acto que fue transmitido en vivo por personas que estuvieron allí, y lo calificó de “doble vara”.
“Dos personas ajenas a la manifestación llegaron al lugar y comenzaron a tirar objetos, entre ellos piedras, a manifestantes y vehículos de personas que estaban en el tapón, y la Policía no hizo absolutamente nada por detenerlos. (Lo hicieron) En la cara de ellos, los estaban viendo y se fueron de brazos cruzados”, sostuvo Moreno.
“Alegadamente, eran conductores que iban para su trabajo. Sin embargo, se fueron caminando con policías para hablar por una de las salidas hacia la carretera PR-127. Esa doble vara me parece sospechosa”, agregó.
Moreno teorizó que la Policía pudiera “fabricar un caso”.
“Ayer (martes) se encontraron las bombas molotov en la entrada del vertedero, ahora vienen estas dos personas y creemos que aquí están buscando alguna forma de presentar un chivo expiatorio o fabricar un caso que no existe. Y eso sí que nos preocupa. No sería nuevo que lo hagan, pero nos preocupa porque quieren desarticular una lucha que se da por la vida, por una comunidad de gente humilde que no busca otra cosa que protegerse”, señaló Moreno.
A juicio
De otro lado, el juez Quiñones Capacetti encontró causa para juicio en un cargo menos grave de obstrucción a la justicia contra José Manuel Díaz Pérez, quien fue arrestado en una protesta de la semana pasada. El juicio será el 12 de agosto a las 8:30 a.m.
“Nos toca nuestro día en corte y vamos a estar aquí para probar que nosotros estamos haciendo el derecho a la libre expresión, mucho más cuando se está lacerando la voluntad del pueblo puertorriqueño que es no permitir que se siga depositando este veneno en nuestros patios y nuestras casas”, sostuvo Díaz Pérez.
Mientras, el juez no halló causa por el mismo cargo contra el biólogo Luis Enrique Martínez Acosta, quien también forma parte del campamento. En el caso de Guarionex Padilla Marty, el agente que lo arrestó no se presentó al tribunal, por lo que no se vio el caso.
La vista contra Orlando Flores y Carlos Mario García Berríos no se vio, pues estaban dentro del grupo arrestado por la mañana.
Quieren desarticular una lucha que se da por la vida... por gente que busca protegerse” YANINA MORENO PORTAVOZ
“Si tenemos conciencia social, tenemos que respaldar a la gente de Peñuelas” MADELINE BONILLA FIGUEROA MAESTRA Y PRESIDENTA DEL CAPÍTULO DE EDUCAMOS EN PONCE