LA ÚLTIMA LA PAGA EL PUEBLO
Empleados públicos consideran injusta la reducción de jornada laboral impuesta por la JSF y se cuestionan cómo combatir el impacto al bolsillo
FAJARDO. El cuco detrás de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estuvo rondando la casa, pero ya entró al hogar y está provocando mucho más que pesadillas. ¡Y esta historia apenas comienza y presagia una intensa batalla judicial!
En una candente reunión el ente federal creado bajo la ley PROMESA, sacó las herramientas para afilar la tijera embotada del Gobierno y anunció que para el próximo 1 de septiembre deberá entrar en vigor el recorte de jornada laboral para todos –lea bien todos– los empleados públicos de la Isla, exceptuando a los policías. El plan es reducir dos días al mes a la jornada de los servidores públicos, lo que representa un 10% de su salario.
El anuncio oficial lo hizo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, durante la novena reunión del ente efectuada ayer en el hotel El Conquistador, en Fajardo.
La noticia puso a Elizabeth Iglesias de Jesús, empleada del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), “con los pelos de punta”.
Y no es para menos. La reducción de jornada laboral aprobada por la JSF le llega en momentos en que se encuentra en el proceso de opción de compra de una vivienda. Mensualmente gana $2,085 bruto, lo que bajaría a $1,876 con un recorte de 10%, sin contar las deducciones.
Ahora se pregunta si debe arriesgarse a asumir “una deuda a 30 años”, lo que implicaría pagar más de lo que paga actualmente en su renta. “Es bien cuesta arriba y yo soy el sustento de mi familia”, dice la mujer, quien vive con sus dos hijas e igual número de nietos.
“Si me arriesgo a tirarme a cerrar la compraventa de la casa, pues sería tirarme a la calle a buscarme otro sustento, un part-time. ¡Qué sé yo! Limpiando casa, me reinvento, hacer almuerzo, cuidar niños. Otras cosas, después que sean legales… Si no me arriesgo a lo de la compraventa del hogar, pues, sinceramente, irme a Estados Unidos”, compartió Iglesias de Jesús.
Para ella, el gobernador debe “seguir insistiendo” en evitar esta medida, aunque esa gestión no convence a una
Es bien cuesta arriba y yo soy el sustento de mi familia... (pues sería) tirarme a la calle a buscarme otro sustento, un part-time. ¡Qué sé yo! Limpiando casas, me reinvento, hacer almuerzo, cuidar niños. Otras cosas, después que sean legales… ELIZABETH IGLESIAS DE JESÚS EMPLEADA DEL DTOP
Los pobres somos los que estamos pagando y no es justo... (tendré que) buscar algún chivo, por ejemplo, limpiando casas en esos dos días” MEYLÍ CRUZ EMPLEADA DEL DTOP
empleada del Departamento de Vivienda, que prefirió el anonimato, porque la “voz de él, bendito, no puede ir por encima de la Junta”.
Mientras, Meylí Cruz reaccionó preocupada al decir que “los pobres somos los que estamos pagando y no es justo”. La también empleada del DTOP gana $1,391 mensuales, por lo que la reducción baja su sueldo a $1,251. Ya vislumbra que tiene que “buscar algún chivo, por ejemplo, limpiando casas en esos dos días. Lo tendré que hacer. En lo que se resuelve”.
Calientita la reunión
Jaresko reiteró en múltiples ocasiones que, aún cuando el Gobierno ha mostrado tener un poco más de liquidez, el plan contingente de reducir la jornada laboral es necesaria para lograr los ajustes gubernamentales que se concretaron en el plan fiscal certificado, el cual tiene como objetivo un ahorro de $880 millones para el cierre del año fiscal de 2018.
Mientras la directora ejecutiva de la JSF hablaba, el representante del Gobierno ante el ente federal, Christian Sobrino, estaba serio. Meneaba su cara en negación y no pudo más: pidió un turno para hablar. Fue entonces que se suscitó un intenso careo.
“La reducción de jornada laboral no va”, zumbó Sobrino durante su discurso el cual fue calificado como “apasionado” por algunos miembros de la JSF.
El desacuerdo entre las partes dejó en evidencia que, a todas luces, el asunto se resolverá en un tribunal federal.
“Si nos demandan vamos a ganar y no va haber reducción de jornada. Eso no va a ocurrir. Punto… pero, si ellos quieren ir al tribunal, nosotros nos vamos a defender”, dijo Sobrino al finalizar la reunión durante una conferencia de prensa en la que sostuvo que la opción de recortar dos días al mes a los empleados públicos nunca fue incluido en el plan fiscal certificado por la Junta el pasado marzo. Además catalogó lo dispuesto como una “recomendación” por lo que dijo que la Junta no tiene autoridad de obligar al Gobierno a cumplir.
Mientras, José Carrión, presidente de la JSF, aseguró que el tema de reducción sí se había informado y que sí está establecido en el plan fiscal certificado. Indicó, además, que el Gobierno nunca objetó el asunto.