UTIER DEMANDA A LA JUNTA Y AL GOBIERNO
VIOLENTA PACTO Y CONSTITUCIÓN Aluden que miembros de la JSF fueron nombrados de manera inconstitucional
Afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) madrugaron ayer en el tribunal federal para presentar dos demandas en las que se cataloga como inconstitucional y antidemocrática los nombramientos del equipo que compone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y, de paso, señala como ilegales las decisiones que este ente ha implantado en las últimas semanas.
El anuncio lo hizo el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, quien explicó que la demanda incoada es contra los miembros de la JSF, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, entre ellos el gobernador Ricardo Rosselló. Ambos recursos deberán ser atendidos por la jueza federal Laura Taylor Swain.
“Radicamos una primera demanda, a raíz del proceso que bajo la Ley PROMESA dio paso al nombramiento de la Junta, en el que se violentó el trámite establecido en la Constitución Federal y en la que el Presidente estadounidense es quien realiza los nombramientos de los funcionarios que ejercen la soberanía federal, por lo que debió ser él (en este caso el expresidente Barack Obama) quien nombrara a los miembros individuales de la Junta con el consejo y consentimiento del Senado”, dijo Figueroa Jaramillo.
Agregó que con esta acción se violentó la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos y lo establecido en la ley de Separación de Poderes.
Mientras, la segunda demanda está dirigida a demostrar que los planes fiscales certificados por la JSF “violan de forma inconstitucional” los acuerdos plasmados en el convenio colectivo, el cual tiene una cláusula
“
Invito al gobernador a que se una a nosotros y que lo haga de frente, con acciones y no en medios televisivos” ÁNGEL FIGUEROA
JARAMILLO PRESIDENTE UTIER
de continuidad automática por lo que sigue vigente hasta que entre una nueva negociación que, por el momento, no se vislumbra en el panorama.
El licenciado Rolando Emmanuelli, abogado de la UTIER, explicó que con las decisiones implantadas por la JSF, así como por el Gobierno de Puerto Rico (tras la aprobación de la Ley 66 , la Ley 3, la Ley 8 y la Ley 26), se han afectado 35 de las 50 cláusulas que tiene el convenio colectivo.
Añadió que las obligaciones contractuales no pueden ser alteradas arbitrariamente, como a entender de la UTIER lo han hecho tanto la AEE como el Gobierno. De hecho, el gremio alude a que se está incurriendo en acciones que violentan la Constitución de Puerto Rico, como la de Estados Unidos.
Tras la radicación de los documentos, la parte demandada tiene 30 días para responder. También podrían presentar una moción pidiendo la desestimación de la demanda.
Mientras, miembros de Fortaleza declinaron hacer comentarios hasta en tanto los abogados del Gobierno evalúen detenidamente las demandas.