NO DICEN NI JI
Legisladores piden y piden detalles al Gobierno sobre el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas, pero la información nunca llega.
El representante Denis Márquez le ha pedido en tres ocasiones a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez, información sobre los recientes depósitos de cenizas de carbón en el vertedero Peñuelas Valley Landfill (PVL), pero al momento no ha recibido respuesta.
El legislador del Partido Independentista Puertorriqueño le ha cursado tres cartas a la jefa de la agencia reguladora que tiene la competencia para fiscalizar este proceso.
El 12 de julio, Márquez pidió la evidencia del horario de operación aprobado para EC Waste (empresa operadora de PVL), incluyendo enmiendas si alguna, debido a que el depósito se hizo de madrugada. También requirió en ese momento la cantidad de cenizas de carbón de Applied Energy Systems (AES) que entraron al vertedero y la certificación de si el proceso fue supervisado por algún inspector de la JCA.
Márquez reiteró la petición el 2 de agosto y el jueves amplió el requerimiento para incluir los demás días en que se depositaron cenizas en PVL hasta el 3 de agosto. Le dio cinco días para entregar los documentos.
Por otra parte, el senador novoprogresista Nelson Cruz Santiago presentó una querella ante la JCA relacionada a este
“
No quieren divulgar la información porque saben que gastaron millones de dólares para proteger los intereses de una empresa privada”
JUAN DALMAU
SENADOR
tema y no ha sido atendida.
“El 23 de enero radiqué una querella formal y al día de hoy no he recibido nada de la secretaria”, dijo Cruz Santiago, quien demandó a AES y a EC Waste para intentar detener el depósito de cenizas.
Entretanto, el senador independentista Juan Dalmau pidió a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, que le certificara cuánto costaron los operativos que permitieron la entra- da de camiones al vertedero, de 11 al 13 de julio, pero todavía no le responden.
Los operativos han incluido la movilización de cientos de efectivos de Tránsito, Unidad Motorizada, Operaciones Tácticas, SWAT y otros; el uso del helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción; y escolta a los camiones desde Guayama hasta Peñuelas.
Sobre este tema, Pesquera sí respondió una petición del senador popular Cirilo Tirado, negándosela con el argumento de que esa información compromete la seguridad nacional.
“Eso no tiene fundamento jurídico alguno. Los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico asignados a agencias del gobierno, los legisladores tenemos facultad de conocer su utilización como parte de un deber ministerial de fiscalización”, evaluó Dalmau.