URGENCIA POR JUSTICIA EN LA ZONA NORESTE
MAITE ORONOZ
El dirigente comunitario Carlos Fajardo, en la columna El Desahogo, aboga por la permanencia del tribunal en Río Grande.
Los residentes de Río Grande, al igual que los de los pueblos que lo rodean, recibieron recientemente un duro golpe con la noticia de que la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) cerrará esa instalación a partir del 4 de octubre próximo.
Siendo un residente de la zona puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que dicho cierre será devastador para el acceso a la justicia de las personas más desventajadas.
Ahora, los ciudadanos de Río Grande, Loíza, Canóvanas y Luquillo tendrán que viajar hasta Carolina o Fajardo para atender sus casos, sean civiles o criminales.
La Sala de Primera Instancia de Río Grande es una de las más visitadas en todo Puerto Rico, de este tipo.
Según datos de la OAT, para el año 2015 se presentaron 1,089 casos, de los cuales 864 fueron de índole civil, 73 criminales, 66 de familia y 83 relacionados a la Ley de Tránsito. Esto significa que es una sala activa.
Otro factor que tenemos que considerar es la Junta de Supervisión Fiscal. Este ente federal dejó exactamente igual el presupuesto de la rama Judicial, alegando que era necesario para garantizar el libre acceso a la justicia para los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico.
La Junta recortó sobre $1,100 millones del presupuesto de la rama Ejecutiva.
La Legislatura tuvo una reducción de sobre $24 millones, pero nada sucedió con el presupuesto de los Tribunales.
La rama Judicial tiene un presupuesto de $340.9 millones para el año fiscal 2017-18 que empezó el 1 de julio pasado, y el mismo totalmente inalterado por la Junta o la Legislatura.
¿Por qué, si el presupuesto es el mismo y en las vistas de presupuesto en la Cámara de Representantes ningún oficial de la OAT mencionó algo sobre cerrar Río Grande, es que ahora se está haciendo esta movida?
Esa pregunta la tiene que responder la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, a la gente de Río Grande y sus pueblos colindantes.
De nuestra parte, queremos que el Tribunal se mantenga abierto. No solo se ven casos de toda índole en sus salas, también sirve como motor económico que mantiene viva una serie de negocios y promueve la actividad económica en el municipio. Su cierre será un golpe muy duro de asimilar, y más cuando no hay necesidad de hacerlo.
Hago un llamamiento a la jueza presidenta del Supremo para que vuelva a pensar su decisión y cancele la orden del cierre de este importante Tribunal.
“Ahora, los ciudadanos de
Río Grande, Loíza, Canóvanas y Luquillo tendrán que viajar hasta Carolina o Fajardo para atender sus casos, sean civiles o criminales”