COMO SI NADA TRAS MÁS DE DOS AÑOS

No hay quien atienda con premura el caso de hostigamiento sexual contra una abonada

Cuando el gobernador Ricardo Rosselló le pidió la renuncia al entonces alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, dijo que su administración “condena” el hostigamiento sexual y el trato “denigrante” hacia la mujer.

Sin embargo, bajo su administración muy poco ha pasado con el caso de José Cordero Pérez, el empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se declaró culpable en el foro criminal de cuatro cargos: uno de acoso sexual, dos de negligencia en el cumplimiento del deber y uno de alteración a la paz contra una abonada.

Cordero Pérez estaba citado el viernes a una vista en el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo (DT), luego de dos años desde que la AEE concluyó en una vista administrativa que correspondía botarlo por el hostigamiento sexual.

Pero el individuo, simplemente, se ausentó y no hubo consecuencias, ninguna amonestación por extender el proceso y la pérdida de tiempo para los testigos. De inmediato, tampoco se fijó fecha para una próxima vista. La perjudicada, Marcia Gil Caraballo, solo tiene la promesa verbal de que “antes de septiembre” habrá una nueva vista.

Múltiples pedidos anteriores de Primera Hora a través de la oficina de prensa del DT para obtener detalles del proceso han sido ignorados en esta y en la pasada administración.

Lo que salta a la vista es que hay nuevos árbitros que no tienen el contexto del caso y le siguen dando largas al asunto. Ahora el caso lo tiene el árbitro José F. Pueyo, dijo Gil Caraballo.

Mientras tanto, en lo que el Negociado se decide a actuar, y a pesar de los cargos administrativos graves que se le adjudicaron a Cordero Pérez -y que según el reglamento de la AEE suponían su despido fulminanteel hombre sigue trabajando y cobrando de la AEE. El gobernador no tiene injerencia directa en la corporación pública, pero hace poco cambió los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE y éstos no se han expresado.

Los hechos en este caso iniciaron en mayo de 2014, cuando Cordero Pérez fue a inspeccionar el contador de electricidad en la casa de Gil Caraballo en Aguadilla, en lo que alegó era un operativo para detectar posible mal uso de los contadores en la comunidad.

Desde ese día, el hombre entabló conversaciones con Gil

Caraballo y le aseguró que su contador estaba alterado, pero que no acudiera a las oficinas comerciales porque era él quien podía ayudarla. A partir de entonces comenzó el hostigamiento.

De otra parte, el caso pudiera dejar en evidencia que los trabajos en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) están en el limbo. La oficina sigue sin jefa y sin abogados que trabajen con el asunto. Por eso tampoco se ha ejecutado la imposición de una multa por $10,000 a la AEE. La OPM determinó que correspondía la sanción porque la abonada se quejó de los actos de Cordero Pérez con siete gerenciales distintos y ninguno hizo algo al respecto para ayudarla.

Se desconoce cuándo el mandatario nombrará una nueva procuradora.

De otra parte, en mayo de 2016 la Oficina de Ética Gubernamental había dicho que estaba en la recta final para radicar cargos en contra Cordero Pérez por violaciones al Reglamento de Ética.