Cuando la corrupción dejó de ser ilegal
Escribí un libro hace cuatro años intentando explicar cómo, primero el PPD y luego el PNP, nos han llevado a malgastar oportunidades por robarse hasta los clavos. Traté de hacer ver que el PNP actuaba de forma voraz porque había visto al PPD repartir los recursos por décadas.
El PNP siempre estuvo supeditado en sus intentos de hacer lo mismo porque nunca tuvo control total del aparato gubernamental. Aunque el PNP ganó las elecciones en el 1968, el Senado quedó bajo el PPD y el Tribunal Supremo fue nombrado por los rojos. Luego ganó con todo el control del gobierno en 1976, pero en 1980 perdió la Legislatura. En 1992 volvió a ganar y empezaron las obras a base de préstamos y privatización, pero el reducto de los tribunales eran un frente. En el 2008 ganaron con todo el aparato gubernamental y por tanto, se vieron sin frenos. Tuvieron $24 billones más que cualquier otro gobierno bajo Luis Fortuño con los $7 billones de fondos ARRA, los $11 billones de COFINA, $2 billones de la Autoridad de Carreteras, los billones del Obamacare y del impuesto a las foráneas. Entonces con súper mayoría en la Legislatura, nombramientos en los tribunales y ventaja sustancial en las alcaldías y recursos como nunca, vieron su tan esperando break. Aunque hubo más contratos que nunca, muy pocas personas fueron procesadas legalmente. Y esto no se debe a que no hubiera corrupción, sino que la corrupción se ha ido modificando. Los corruptos cada vez tienen más mecanismos y formas de lograr llevarse contratos y acuerdos a través de terceros y cuartos vinculados. Como en cláusulas de subcontratación de los bufetes de abogados, cabilderos indirectos de intereses privados o socios silentes de una firma donde reparten el billete.
En fin, la corrupción se ha ido normalizando y a menos que aparezca un “chota” como Anaudi Hernández quien a su vez fue “chotiado” por Lutgardo Acevedo, es difícil de probar. Mientras haya un pacto de silencio, es complejo romper el cerco de la corrupción.
Eso nos lleva a las pasadas semanas. El gobernador Ricardo Rosselló llegó al poder con una prédica de cero tolerancia a la corrupción. Sin embargo, han pasado cosas que, aunque no son corruptas necesariamente en sí, abren el margen a malas prácticas que terminan en dilapidar los fondos públicos sin ser utilizados de la manera más eficiente. La razón por la que existen estructuras en momentos de crisis es precisamente para que sepamos lo que hay que hacer en caso de que no haya control de lo que está pasando. De ahí sale que en momentos de huracán y por tanto crisis, haya unos pasos y estructuras que organizan la forma en que se hacen las cosas.
Ver que se ha empezado a divergir de la ruta trazada antes es una preocupante práctica que debe ser cuidadosamente observada. El contrato de Whitefish fue la primera digresión de los procesos normales. No llamar a la APPA levantó bandera inmediatamente en el mundo entero y las justificaciones dejaron demasiado que desear. Luego el contrato de CSA que la secretaria afectada ni sabía el origen del mismo, ni su procedencia hizo de nuevo ver otro flanco. Mandar de vacaciones al director de AEMEAD justo después de pedir estudiar un contrato que le trajeron igualmente levanta cuestionamientos.
Intentar crear por ley una agencia nueva que dirija sin supervisión billones en fondos federales y fondos estatales contratando sin encomendarse a nadie causó la derrota unánime en la Legislatura de dicho proyecto. Sin embargo, por Orden Ejecutiva se creó una medida similar. ¿Por qué crear mecanismos como estos que se distancian de las estructuras creadas precisamente para momentos de crisis?
El gobernador sabe de métricas y números. También sabe que los carroñeros de los contratos están sueltos como gabete porque ahora hay billete dando vueltas tras el huracán. Cada centavo que no se gaste correctamente de cara al Sol es una invitación a que medios internacionales y el Congreso creen la excusa para no tener que ayudarnos.
Advertidos estamos.